Escucha la noticia
El mundo está lleno de buenas intenciones, pero no siempre de resultados adecuados. Esto es más evidente cuando hablamos políticas públicas que podrían tener buenos objetivos, pero la ausencia de condiciones locales es contraproducente para alcanzar las metas previstas.
Para ilustrar esto permítame compartir algunos elementos de razonamiento económico.
Una de las regularidades empíricas más conocidas de la economía se llama la ley de demanda. En “sencillo”, nos dice que cuando sube el precio de un bien, la cantidad que se compra disminuye. Por ejemplo, si sube el precio del café, baja el consumo de café.
Pensemos de forma hipotética que sube el precio de la gasolina. Eso ocasionaría un alza de la tarifa de transporte público y de los costos del transporte privado. En ambos casos disminuirá el consumo de transporte público o privado, pero no se suprimirá por completo, porque es un servicio indispensable.
En cambio, si sube el precio de un artículo más prescindible, es probable que su consumo disminuya mucho o inclusive se extinga. Pensemos que sube el precio del postre preferido, en vez de tomar (o comerlo) una vez a la semana, ahora lo haremos una vez al mes o incluso una vez al año.
También debemos reconocer que, si sube el precio de la carne de res la podríamos reemplazar con carne de pollo, en la medida de lo posible. O si sube el precio del café, es más probable que tomemos té o una infusión similar.
Esta lección básica de economía es indispensable para comprender por qué varias políticas pueden resultar en todo lo contrario a lo que se esperaba.
Supongamos que queremos mejorar la situación económica de los trabajadores, para lo cual subimos el salario mínimo y otros beneficios sociales. En términos generales, el precio del trabajo está subiendo y lo expuesto sugiere que su demanda disminuirá en los sectores formales. Ese grupo de personas desocupadas se dirigirá a la informalidad, con menor remuneración.
Por tanto, una política con buenos objetivos resultará en todo lo contrario porque subió su precio y disminuyó la necesidad (demanda) de las empresas formales.
Este ejemplo puede ilustrarse con los datos de la encuesta continua de empleo, que muestran que el empleo en empresas privadas cayó de medio millón a 350 mil entre fines de 2017 y 2019 (antes de la pandemia), lo cual se debería a los aspectos señalados.
Veamos otro caso donde se observó la sustitución de un servicio por otro. Me refiero al del consumo de tabaco. Aumentar su precio mediante un impuesto (como pasó desde 2018) hace que la gente cambie productos formales por los mismos, pero informales o ilegales.
Las importaciones de cigarrillos cayeron como era de esperarse. Pero las estadísticas de prevalencia de tabaquismo en las encuestas oficiales indican que el consumo en realidad no disminuyó en esa magnitud, sino que se transformó en importaciones de contrabando.
Menciono estos ejemplos porque recientemente se aprobó un cambio en el Impuesto al Consumo Específico a las bebidas, señalando que servirá para promover la industria nacional.
La lógica expuesta señala que en realidad el mayor precio de productos importados formales resultará en menor demanda de bebidas formales, pero de más bebidas informales. Se sustituirán al igual que el ejemplo del pollo y la carne. Por tanto, tendremos una situación más desfavorable para empresas nacionales.
En la ciencia económica se dice que un buen impuesto es aquel que implica menos distorsiones en la conducta y que debería estar dirigido a aquellos bienes y servicios que tienen meno sensibilidad al precio. Si ese fuese el criterio, tendríamos que aumentar los impuestos a los bienes de primera necesidad (incluido el transporte), con resultados indeseables.
En política pública es mejor anticipar los incentivos correctos como perversos de las medidas, no sólo sus objetivos. La alta informalidad promueve que políticas públicas bien intencionadas puedan resultar en una situación distinta e incluso contraria a la deseada.
