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Participo en Quito en la reunión “Capitales Constructivos en la Región Andina”, impulsada por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) y sus aliados, incluida Fundación Milenio, de nuestro país.
La pregunta parece técnica, pero es cotidiana: ¿todo dinero que llega al país nos hace bien? No. Hay capitales que construyen y otros que corroen. Los primeros traen inversión, empleo, tecnología y respeto por las reglas. Los segundos pueden llegar como crédito, cooperación u obra pública, pero prosperan mejor donde hay contratos poco claros y débil control ciudadano. La cuestión es qué capital entra, bajo qué reglas y para beneficio de quién.
En Bolivia, esta línea pasó de un libro sobre capital corrosivo y gobernanza, a un estudio sobre capital constructivo, donde aporté con un capítulo, y luego al Índice de Capital Constructivo Bolivia 2024, donde me tocó evaluar empresas con inversión extranjera directa.
A partir del evento, intenté ordenar el problema como economista con una pregunta incómoda: ¿por qué una sociedad puede terminar eligiendo una inversión peor, más cara o menos útil, aun cuando existen mejores alternativas?
Pensemos en una obra pública. Si el proceso es transparente, gana quien ofrece mejor calidad, mejor precio y más beneficios para la población. Pero si es opaco, aparece otra posibilidad: inflar costos. Y si se puede inflar costos, surge una renta. Parte de esa renta puede quedarse en la empresa, en intermediarios o en quienes toman decisiones.
Ahí comienza el problema. El capital corrosivo no necesariamente gana porque sea más eficiente. Puede ganar porque se adapta mejor a la oscuridad: acepta reglas ambiguas, tolera arreglos informales o compensa políticamente a quien decide. En cambio, el capital constructivo necesita licitaciones claras, competencia, justicia imparcial y reputación.
Mi modelo matemático resume esa intuición en una cadena sencilla: más opacidad permite más sobreprecio; más sobreprecio permite más beneficio privado; más beneficio privado aumenta la probabilidad de elegir capital corrosivo; y más capital corrosivo reduce la calidad de lo que recibe la sociedad. En palabras simples: pagamos más y recibimos menos.
El dilema del político también puede explicarse en esta disyuntiva. Por un lado, recibe legitimidad si la obra funciona y mejora la vida de la gente. Por otro, puede recibir beneficios privados si mantiene espacios de opacidad. La buena política reduce ese conflicto. La mala institucionalidad lo premia.
Esto tiene una implicación central: la transparencia no es sólo un valor moral, sino una política económica. No basta con decir “seamos transparentes”. Hay que cambiar los incentivos para que elegir mal sea más costoso. Por ejemplo, un índice público de capital constructivo puede ayudar como reflector: no sustituye a jueces, contralores ni periodistas, pero permite distinguir entre quien invierte para construir y quien prospera cuando nadie mira.
Por eso, las políticas públicas deben reducir la rentabilidad de la opacidad. Primero, datos abiertos de contratación pública. Segundo, evaluación ex ante y ex post, porque no basta inaugurar obras; hay que saber si funcionaron y cuánto costaron. Tercero, una ley de acceso a la información pública que no dependa de la autoridad de turno.
A eso debe sumarse una ley de incidencia ante el Estado, no para prohibir que empresas, sectores, movimientos sociales o regiones conversen con el Estado, sino para saber quién se reúne con quién, sobre qué tema y con qué interés. También se requieren reglas sobre financiamiento político, conflictos de interés, protección a denunciantes, auditorías independientes y sanciones efectivas.
Bolivia necesita capital del bueno, aquel que compite, innova, paga impuestos, transfiere capacidades y respeta reglas. No el que compra silencio, se beneficia ilegalmente y deja obras caras.
El desarrollo no depende sólo de cuánto dinero entra. Depende de si ese dinero construye país o corroe sus cimientos.
