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Esta semana, el gobierno anunció otro cierre en el Estado: el del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, así como el del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. La medida fue condenada por la izquierda, por supuesto, pero nosotros la celebramos no solamente porque el Estado no debe dar privilegios a sectores específicos en una actividad privada sino también porque cerrar organismos es técnicamente la manera más fácil de achicar la cantidad de empleados del Estado. En efecto, quienes trabajan en un organismo específico que desaparece pueden pasar hasta un año en “disponibilidad”, pero si para ese entonces no se les ha asignado una función pueden ser despedidos. Lleva tiempo, pero es una forma legal de evadir la estabilidad permanente del empleado público.
Lo que es difícil de entender es por qué el gobierno anuncia cierres de organismos prácticamente de manera aleatoria. Hoy es el INAFCI, ayer fueron Télam o el INADI, pero no parece haber un criterio de decisión. Puede que sea una estrategia propagandística, pero mientras tanto siguen esperando una catarata de órganos cuya existencia no aprobaría ningún liberal. Cada día que pasa es un día más de intervenciones ilegítimas que para colmo son pagadas por todos nosotros.
También relevante para los liberales (pero decididamente negativo) es el avance de la Comisión Nacional de Valores sobre las criptomonedas. Luego de que el Senado aprobara en marzo una ley supuestamente antiterrorista con votos de todos los bloques y de que el presidente no la vetara, la CNV crea ahora un registro para controlar a las empresas que operen con criptomonedas y someterlas a todo tipo de fiscalizaciones y sanciones por parte del gobierno. La libertad no avanza.
Por otro lado, esta semana también se anunciaron “vouchers” educativos para escuelas privadas que tengan una subvención estatal de más del 75%. Los liberales de Chicago aprobarán; los austríacos quizás no. Pero la pregunta es por qué una escuela debe recibir un subsidio tan alto para calificar como receptora de otro subsidio, lo cual por cierto no solo revela que los vouchers ya existían sino que limita a este programa casi exclusivamente a escuelas católicas. El umbral del 75% es incomprensible.
Comentemos en último lugar un anuncio que en realidad no será una realidad hasta tanto no se vote en el Congreso, que es el de las dos nominaciones a la Corte Suprema. Como si fuera a propósito, el gobierno propone a un juez bueno y otro malo. La nominación de Ariel Lijo, acaso el magistrado más amigo de la “casta” que existe de cualquier forma que se la defina, es repudiable. La de Manuel García-Mansilla, aunque ha generado reacciones diversas entre los abogados, es positiva en tanto se trata de un constitucionalista que se toma en serio la Constitución: parece poco, pero hemos tenido jueces tan nocivos en el pasado que sería difícil no apoyar su postulación.
