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Escuchamos muy a menudo la palabra comunicación y para acercarnos a su definición, podemos hacerlo desde su etimología, pues la palabra deriva del latín ´communicare´ que significa “poner en común, compartir algo, hacer partícipe al otro”.
Este proceso de conexión pensando en el otro es un enorme desafío para la administración pública en la búsqueda de realizar procesos de modernización en un escenario global donde los recursos son escasos y las exigencias son múltiples. Nos interpela para provocar reflexiones sobre los cambios que exige la pandemia del Covid-19 en la manera de actuar de las diferentes instituciones del Estado, donde se promueva la participación ciudadana con la inclusión de las personas como sujetos de comunicación y promotores de desarrollo.
Una primera tarea es que desde los diferentes niveles del Estado, se comprenda que para realizar esa labor, se necesita de servidores públicos con competencias profesionales que sepan gestionar la comunicación mediante herramientas de planificación y dirección estratégica, trabajo en equipo, generación de espacios de diálogo y consensos, prevención y transformación de conflictos, investigación, enfoque crítico, articulación de procesos y metas, la participación y el acceso a los medios tradicionales y nuevos medios, el reconocimiento a las personas como sujetos de comunicación, entre otras.
Debemos pasar del enfoque de entender la comunicación de lo público centrada en las figuras o instituciones sobre cualquier cosa, hacia una mirada en pro y para la ciudadanía donde se haga partícipe al otro. Por ejemplo, pensemos cuando un ciudadano escribe en las redes sociales de una institución pública o de un servidor público, lo hace pensando que es una extensión de esa puerta que acaba de tocar. El integrar a esa persona a la conversación dándole una respuesta es hacer que sienta identificación y participación porque tiene expectativas a sus necesidades y allí juegan un rol importante la psicología, la antropología y la sociología para saber cómo piensa, cómo siente y cómo se comporta ese ciudadano, y en base a ello, producir soluciones y contenidos en función de ese otro.
Por ello, es un error reducir la labor de un comunicador que se encuentra ejerciendo en el ámbito público a un informador o difusor de información por medios tradicionales, redes sociales o mensajería instantánea. Las competencias descritas líneas arriba son parte de las exigencias de la nueva normalidad y deben promoverse desde las currículas de las universidades y desde procesos de formación continua al interior de las instituciones públicas porque gestionadas con eficiencia, creatividad e innovación pueden convertirse en un gran aporte a la sociedad al contribuir en la mejora de la administración del Estado a través de un cambio cultural al servicio de la ciudadanía.
La gente espera y quiere que se la haga partícipe dentro de la comunicación y no solo dentro de un proceso unidireccional. Porque una cosa es información donde solo se cuenta lo que se está haciendo mientras que la comunicación es un proceso de doble vía con interacción. En pocas palabras, para trascender en lo público más allá de la bitácora, hace falta más communicare y más servidores públicos con competencias para afrontar ese gran reto.
