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A partir de la ley de Participación Popular del 1994 recrudeció el conflicto de límites entre ciudades y municipios rurales, al contemplar dicha ley la distribución de recursos de acuerdo a la cantidad de población. Ese embrollo continúa hasta hoy, originando problemas administrativos –recientemente el alcalde de La Paz denunció a la Alcaldía de Palca de autorizar “irracional e inconsultamente” movimientos de tierras, construcción de viviendas y funcionamiento de actividades económicas en jurisdicción del municipio de La Paz– y sociales. ¿Por qué en cerca de treinta años no se pueda dar solución a este problema? Y es que no es un simple problema administrativo, sino el escaparate de los males constitutivos de nuestra formación social.
Las ciudades en Bolivia nacieron como centro de poder y resguardo de los intereses de la Corona. La población que albergaba era de funcionarios y comisionados del poder colonial. Como en cualquier situación colonial, los naturales eran prohibidos sentirse ciudadanos de esas ciudades, manera de remarcar estatutos en una pirámide de dominación. Cualquier transeúnte, en nuestros días, que se pasea por la plaza de la iglesia San Francisco puede constatar un plano de la época colonial en esta ciudad, que señala los límites de la “ciudad de españoles” y la de las “ciudades de indios”.
La segregación formal era tan palmaria que cuando en 1971 La Paz fue sitiada por las tropas de Julián Apaza, Tupaj Katari, los citadinos fortificaron su ciudad con un muro, que situaba fuera de su protección a los habitantes de las “ciudades de indios”. La oposición en términos de hábitat entre q’aras-indios era tan evidente, si añadimos a lo anterior las reformas toledanas del Siglo XVI, en el que los indios fueron reducidos en pueblos donde su centro geográfico era el eje del poder administrativo y poblacional hispano.
Las ciudades desarrollaron pues un sentimiento de diferencia hacia las hordas bárbaras que la entornaban, y de las cuales tenían siempre que defenderse. En ese espíritu, las ciudades en Bolivia se expandían siempre a costa de territorios que no eran suyos. Ese crecimiento era justificado como condición para dar confort y seguridad a sus pobladores y, al mismo tiempo, aportar algo de “civilización” a los dueños de esos territorios.
La expansión de ciudades en Bolivia fueron actos de ocupación, en donde las únicas formalidades a exhibir eran la fuerza y la creencia de sentirse superiores. Sin embargo, los tiempos lentamente fueron cambiando, pero no las mentalidades. Si hoy hay problemas de límites es porque varias ciudades, entre ellas La Paz, no acataron en la década de los 90 ninguna formalidad legal para legitimar su “crecimiento administrativo y territorial”. La ley indica que toda ley referente a límites tiene que comportar demarcación con coordenadas establecidas por el Instituto Geográfico Militar, ICM. En el caso de La Paz, no existen esas coordenadas. Sus límites fueron establecidos por un trazo a mano alzada realizada como anexo en un mapa de La paz por el entonces senador Guido Capra.
Bastaría esa falencia para anular toda pretensión territorial de la ciudad de La Paz. Extrañamente, se prefirió el estatus quo, que significa que, en cada territorio en conflicto, pueden haber subalcadias de todas las administraciones en competencia. De esta manera, La Paz puede acusar a Palca de irracionales e inconsultas autorizaciones en el territorio en disputa, pero Palca podría también hacer lo mismo en la misma zona y respecto a La Paz.
Es pues, urgente que se resuelvan los conflictos de límites, pero hay que hacerlo acorde con la mentalidad de derechos iguales y no con resabios de dignidades coloniales melladas. Es más, sería conveniente invertir el razonamiento en el tema de administración territorial. ¿Por qué La Paz, por ejemplo, requiere de mayores territorios y más población, cuando lo factible podría ser que de esa única alcaldía obsoleta y agarrotada surjan dos y hasta tres nuevos municipios a parte entera? Así se resolvería ese conflicto de límites que, en sus intenciones y exteriorizaciones, parece ser un conflicto de villanos, es decir, de habitantes de ciudades cuya denominación a partir de la Edad Media llegó a tener connotación moralmente negativa.
