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En el último año y medio, más de una docena de policías, entre oficiales y suboficiales, han sido dados de baja de su institución sin derecho a reincorporación por la supuesta organización del motin de uniformados de 2019, tras el fraude electoral, la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y su huida al extranjero dejando al país sumido en la peor crisis política en la era democrática.
¿Qué sucede con policías, jefes y subalternos, que protegen al narcotráfico, voltean droga incautada, participan en robos agravados, violan derechos humanos, permiten extorsiones desde las cárceles y ahora son parte del negocio de venta de vehículos robados en países vecinos? Sencillamente, mucho de impunidad y descaro.
Gran parte de los casos que implican a policías en esos y otros delitos se procesa internamente, en una especie de “justicia policial”. Se aplican sanciones disciplinarias para quienes son encontrados culpables y tiempo después retoman su carrera policial y varios de ellos asumen cargos importantes en los que vuelven a generar recursos económicos de manera ilícita.
Ocurre una y otra vez sin que el poder político de tal o cual gobierno haya puesto un freno definitivo porque o se beneficia de la pantomima de la sanción y depuración de malos uniformados o forma parte de los circuitos mafiosos en los que policías y ladrones que integran la misma maquinaria que produce “ganancias” para todos.
La investigación del medio chileno Meganoticias que reveló la implicación de jefes de la Policía Boliviana en el robo de vehículos de alta gama en el vecino país y su internación irregular a territorio nacional para ser vendidos en ferias como la de Yapacaní ha puesto en evidencia que el grado que llevan en los hombros no importa cuando se envuelven en casos de corrupción.
La presunta protección al narcotráfico tocó recientemente a los coroneles José María Velasco y Jaime Arancibia, al teniente coronel Yerko Terán y dos capitanes. El coronel Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas, y el mayor Omar Rojas Echeverría fueron detenidos por enriquecimiento ilícito y tráfico de narcóticos y armas a Estados Unidos que reclama la extradición de Dávila desde Bolivia y de Rojas desde Colombia.
A fines del pasado mes de abril ocho efectivos antidrogas de diferentes grados fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de Palmasola por el “volteo” de 800 kilos de cocaína secuestrada en un operativo realizado días anteriores en el municipio beniano de San Borja. Los policías incautaron 1.200 kilos de clorhidrato de cocaína y solo reportaron 430 kilos.
La subteniente Lizett Condori, exasistente del comandante de la Policía Johnny Aguilera, lideraba una banda de atracadores que asaltó un domicilio particular en Santa Cruz, en Semana Santa, maniató a los niños y su niñera, y robó 50.000 bolivianos y 1.200 dólares. La oficial destinada en Cochabamba viajó a Santa Cruz para dirigir al grupo de siete atracadores.
Para ir completando el escalafón de policías que conviven con delincuentes, el mayor Julio Ayala, director del Centro de Readaptación de Montero, dio un permiso nocturno, en pleno carnaval, al reo Gustavo Vargas para que salga de ese recinto penitenciario y comande el robo de 500.000 bolivianos en Santa Cruz y vuelva a su celda como si no hubiera pasado nada.
Otros 30 policías, entre oficiales y suboficiales, son investigados por su complicidad en el ingreso de teléfonos celulares a la cárcel de San Pedro, cobrando entre 200 y 500 bolivianos, para que los presos extorsionen a muchachas con el fin de obtener sumas de dinero o convertirlas en víctimas de trata y tráfico de personas y de redes de prostitución.
Y el escándalo reciente de los vehículos robados en Chile implica al ahora excomandante de la Policía fronteriza en Uyuni y paradójicamente vocal suplente del Tribunal Disciplinario de la Policía, teniente coronel Raúl Cabezas Pantoja, quien fue aprehendido por tener en su poder una vagoneta reportada como robada en Calama.
La investigación periodística del canal chileno de televisión también implica al “removido” exsubdirector de Diprove de Santa Cruz, teniente coronel Rolando Téllez, quien fue separado de sus funciones y fue puesto a disposición la Dirección General de Investigación Interna Policial (Digipi), la instancia interna que llevará adelante la investigación.
“No por una persona o unas pocas vamos a permitir que la institución policial, que alberga a casi 40 mil hombres y mujeres, se vea manchada en actos de corrupción”, afirma el Ministro de Gobierno y tiene razón, pero el que tenientes, capitanes, mayores, coroneles y generales sean protagonistas de escandalosos casos de corrupción, muestra que esa institución es incapaz de limpiarse a sí misma.
Con la nueva ley que multiplicó los generalatos en la Policía y puso al Ministro de Gobierno como cabeza del alto mando, la mala imagen nacional e internacional de esa institución repercute sobre la administración gubernamental y una supuesta permisividad de actos delincuenciales de los uniformados de diferentes grados frente a la dureza con la que se sancionó a los supuestos organizadores del motín policial de 2019.
El desafío no es otro que un saneamiento institucional a fondo, dando fin al pernicioso mecanismo de policías investigando policías que cometieron delitos y que deberían ser extirpados porque las manchas que infringen a la Policía ahora alcanzan al gobierno nacional abocado a mantenerse al margen de la corrupción de las entidades públicas civiles o uniformadas.
