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En abril de 2005 comenté a mis colegas en el Banco Central que sería bueno emitir en mercados financieros internacionales para conocer en “tiempo real” la percepción de los inversionistas sobre el país. Así lo hizo Chile en 1999 pese a que no requería esos recursos.
De esa forma se pueden ver los efectos de los eventos internos y externos en el costo de financiamiento internacional. En ese momento, me indicaron que era peligroso, dada la alta conflictividad política.
La emisión se concretó en 2012 cuando el país emitió $us 500 millones en los mercados internacionales. En ese momento, la percepción de riesgo país era 3,1% por encima de los bonos gubernamentales estadounidenses, una situación incluso mejor que el promedio latinoamericano.
Además, las agencias calificadoras de riesgos tenían una evaluación razonable e incluso mejoraron nuestra calificación hasta 2015.
Ocho años después estamos de nuevo con una muy baja calificación y con un spread soberano que es el triple desde nuestro debut inicial en mercados financieros internacionales.
¿Cómo llegamos a esta situación?
Más allá de las razones estructurales relacionadas con la acumulación de desequilibrios fiscales y externos o su agudización durante la pandemia que deben ser resueltos, en lo particular creo que hubo una serie de “eventos desafortunados”.
En principio considero que apenas asumió la administración actual en noviembre de 2020 se podría haber captado los $us 1.500 millones aprobados en el presupuesto 2020, diseñado por el entonces ministro Arce, puesto que el costo de hacerlo hubiese sido la mitad que hoy, pese a que en ese momento era el doble que un año antes en medio de la pandemia. Lo propio podría haber pasado con las emisiones de $us 3.000 millones en 2021 y $us 2.000 millones en 2022.
En segundo lugar, la devolución de $us 328 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) fue innecesaria, puesto que se pudo seguir un camino alterno para que esos recursos entren a la economía sin los cuestionamientos del caso. Por ejemplo, se hubiese firmado un nuevo memorándum de entendimiento con el FMI excluyendo las eventuales condiciones que se cuestionaron en su momento, además de la aprobación legislativa soberana.
Lo paradójico es que es posible que los $us 24 millones de costo de la operación en reversa sean de similar magnitud a la operación efectuada con Derechos Especiales de Giro estas semanas, sin contar lo que habría implicado la operación con euros para convertirlas en dólares.
Otro aspecto contraproducente ha sido la falta de una estrategia de endeudamiento externo, al menos durante el primer año y medio de gobierno. Al salir de la pandemia había una predisposición generalizada de varios organismos internacionales de apoyar a economías emergentes y se debió procurar ese financiamiento accesible y más barato desde el ministerio respectivo para tener recursos e invertir en obras públicas.
En cuarto lugar, la operación financiera de cambio de plazos efectuada en 2022 implicó una modesta entrada neta de recursos. En efecto, se captó $us 850 millones para postergar los vencimientos de deuda soberana, de la cual menos de $us 100 millones habría sido la entrada neta. Pero con la emisión podríamos haber captado $us 1.000 millones de recursos frescos a un costo similar.
Finalmente, está el largo camino que ha seguido el proyecto de la Ley del Oro. Más que captar este metal de producción nacional, esta norma sirve para monetizar parte de los más de $us 2.500 millones de reservas que están invertidas en oro y convertirlas en divisas frescas.
Sea como fuere y para no “llorar sobre la leche derramada”, es crucial que las reservas en oro se conviertan en divisas como un paliativo urgente.
Una señal de unidad en el partido oficialista sería su pronta aprobación, así como una explícita no objeción de parte de la oposición, para contar con liquidez externa mientras se efectúan los ajustes respectivos.
Espero que (esta vez) la madurez prime sobre los cálculos de corto plazo.
