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La detención preventiva del expresidente Luis Arce Catacora, por sus responsabilidades como ex Ministro de Economía con relación al desvío de recursos públicos del Fondo Indígena ha reactivado el debate nacional sobre este escándalo de corrupción que, si bien no es el más grande por montos de los gobiernos del MAS, es el que más lastima a la opinión publica nacional por la destrucción y perversión de la causa indígena.
Luchar contra la corrupción es un tema muy serio para la reconstrucción nacional que Bolivia debe afrontar a partir de la salida del régimen autoritario populista que nos gobernó durante casi veinte años. Es necesario hacerlo con convicción para destruir las estructuras tan arraigadas en la cultura política nacional que inexorablemente conducen a la corrupción de los sucesivos gobiernos y nos mantienen en la pobreza y el atraso.
Entre 2015 y el 2020, desde el Senado Nacional, procuré aportar al país denunciando distintos casos de corrupción, buscando principalmente identificar cómo funcionaba un sistema de gobierno que corrompe a la sociedad para sostenerse y prolongarse en el poder. El más importante siempre fue el del Fondo Indígena por su simbolismo y por la demostración de la impostura de quienes utilizan a los menos favorecidos para beneficiarse y vivir a su costa.
Por ello, en el 2016 publiqué el Informe de Fiscalización “Análisis de las responsabilidades en el mal manejo y la corrupción del Fondo Indígena” y en junio de 2017 se publicó el libro de mi autoría “Crónica de una traición. Investigación del Fondo Indígena”. Toda la investigación esta a disposición del público y de las autoridades llamadas por ley para investigar y procesar estos casos.
A continuación, comparto unas citas textuales del citado libro que a mi juicio sintetizan el fondo de este escándalo y reflejan el método corrupto del ejercicio del poder que han utilizado.
“Las acciones del gobierno nacional muestran un modelo de gestión con fallas estructurales; alimentan una falsa interlocución con “movimientos sociales” que supuestamente representan al pueblo boliviano; una cúpula de dirigentes que filtran, se apropian y usufructúan el poder en nombre de sus representantes en un esquema que los convierte en gestores, beneficiarios y fiscalizadores a la vez, reglas de juego que permiten acciones al margen de las leyes que nos rigen a todos los demás. Los resultados como se verá son dramáticamente malos.
El caso del Fondo indígena es ilustrativo de como se han manejado todo el Estado, pero es particularmente doloroso porque es la crónica de una impostura estafa: la traición de un gobierno que enarboló la vadera indígena y que lejos de fortalecer sus estructuras, las ha debilitado dividiéndolas, utilizándolas e instrumentalizando lo indígena.
La estrategia política del Presidente se tenía que financiar de alguna forma y eligieron la prebenda disfrazada de obra. Para lograrlo, necesitaban mecanismos de control directo, sin filtros ni fiscalización, sin burocracia que los trabe ni transparentación que los cuestione. Algo así como irónicamente los “gastos reservados” que tanto criticaron a los gobiernos anteriores.
La investigación sugiere muestra cómo el partido en función de gobierno generó estos mecanismos, única y exclusivamente para financiar su estrategia política que no parece ser otra cosa que la constricción del mito de Evo Morales”.
“Ningún delito queda impune para siempre. La historia, con sus ciclos inexorables, se encarga de que los poderosos de un tiempo se encuentren en el llano en otro tiempo para dar cuenta de sus actos y asumir responsabilidades.
Como sabiamente señala la doctrina de las leyes, en cada delito hay un responsable y uno o algunos culpables de cometerlo. El caso del Fondo Indígena tampoco es una excepción en todo esto: hay claros responsables materiales y políticos de este desfalco al pueblo boliviano en general y a los indígenas en particular, y aunque hoy no se los puede juzgar y a veces siquiera acusar, las pruebas contundentes, irrefutables, de que conocían cómo se estaban manejando los fondos para financiar su propia estrategia política, no podrán ocultarse por siempre.
No todos los culpables han sido incriminados y menos detenidos y su condena todavía es dudosa dada la interferencia en la justicia además de su propia debilidad, pero no queda duda alguna de que fueron operadores de una estrategia de financiamiento político que no tuvo, ni en su origen ni en su ejecución, la más mínima moral”.
Los bolivianos necesitamos que, en este y otros casos, se procese al conjunto de los responsables y que, en el marco del debido proceso, nuestro sistema democrático demuestre que no se puede abusar de un pueblo de forma impune indefinidamente. Es fundamental hacerlo para que constituya un precedente que permita reformar nuestras instituciones para luchar en serio contra la corrupción y advertir a todos los futuros gobernantes que inexorablemente deberán rendir cuentas por sus actos.
