Cuando se toca lo electoral. Crónica de la reforma de López Obrador
La reforma electoral en México amenaza las instituciones electorales. Esto significa un indisimulable deterioro de la democracia.
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Por Julio Castillo López1
El pasado 28 de abril el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma electoral que buscaba remover los cimientos del sistema político. El hecho abrió un profundo debate sobre la democracia y la fortaleza de las instituciones, no exento de críticas y controversias. A principios de diciembre, AMLO impulsó el análisis de la reforma presentada en abril. Pero a la discusión se le añadió un plan B, que consistía en una serie de reformas secundarias para matizar la transformación del sistema electoral. Estos cambios no coincidieron con las exigencias de su base de apoyo político y los grupos aliados gestionaron desde su grupo parlamentario un plan C. Este volvía en gran parte a la iniciativa inicial presentada en abril.
De la dictablanda a elecciones limpias
Para el Estado mexicano, lograr un sistema democrático autónomo fue una batalla de muchas generaciones y se puede decir que hasta la segunda mitad de la década de los noventa se logró. Expresiones como la dictablanda o la conocida dictadura perfecta se acuñaron precisamente porque durante décadas se simuló un sistema democrático. Pero fue hasta el ocaso del siglo XX que se lograron las reformas que generaron un árbitro electoral independiente que garantizara elecciones limpias.
La primera vez que el partido del gobierno perdió la mayoría en la Cámara de Diputados fue en 1997, y en el 2000 se dio la primera alternancia en la presidencia de la República. Desde entonces, varios cambios modificaron el sistema de financiamiento de los partidos políticos, regulación de su acceso y forma de contratación de espacios propagandísticos e incluso cambios al nombre del ente (se llamaba Instituto Federal Electoral y ahora se llama Instituto Nacional Electoral). Pero la confianza en la autoridad ha sido una constante, garantizada por un tribunal electoral como máximo órgano de justicia en la materia. La democracia electoral ha sido garantizada también a nivel estatal con órganos autónomos (primero fueron institutos electorales y hoy se llaman organismos públicos locales electorales). En cuanto a la justicia electoral, se constituyó un tribunal electoral en 1996 y más adelante se consolidaron tribunales electorales regionales y estatales.
El ataque de AMLO, «el INE sí se toca»
Desde 1994 y hasta la fecha, la normalidad democrática ha permitido la elaboración de elecciones confiables y también la solución de controversias a partir de las instituciones mencionadas. Se han reconocido miles de elecciones transparentes y sin anomalías, y se han anulado y repetido unas cuantas en las que se comprobaron conductas fraudulentas.
La única persona que ha acusado al sistema de fraude a nivel presidencial es el actual presidente de la República, que sólo ha reconocido las elecciones en las que resulta ganador. Todas en las que perdió, las califica de fraudulentas, aunque nunca ha presentado una sola prueba fiable de ello.
En el 2018, con la institucionalidad electoral vigente, López Obrador ganó la presidencia y reconoció la calidad democrática. Sin embargo, desde el inicio de su mandato empezó a atacar a todas las instituciones que representan un contrapeso al poder, entre ellas el Instituto Nacional Electoral. En 2021, los votantes le retiraron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
A partir de ese momento, López Obrador ha insistido en desmantelar y controlar el órgano electoral bajo el argumento de que la «democracia es perfectible» y de que se necesita una reforma de fondo.
La propuesta original de reforma
El proyecto de reforma electoral de AMLO y Morena se ideó por la vía de reforma constitucional y ha estado sostenido en los siguientes puntos:
- Desaparecer el INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sería la única autoridad electoral.
- Eliminar los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales locales.
- Las personas magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las personas consejeras del INEC serán electas mediante voto popular para un periodo improrrogable de seis años.
- Para la integración de la Sala Superior del TEPJF y del INEC, cada uno de los Poderes de la Unión postulará a 10 personas de manera paritaria para el TEPJF, y postulará a 20 personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC.
- El Consejo General del INEC será integrado por siete personas consejeras y lo presidirá quien haya obtenido la mayor cantidad de votos. La Sala Superior del TEPJF será integrado por siete personas magistradas, cuya presidencia será definida por elección de sus integrantes por un periodo de dos años.
- Se eliminan los distritos electorales y se modifica el modelo de elección de diputados, para que estos sean electos mediante un sistema de representación en listas.
- Se reduce la Cámara de Diputados a 300 diputados y el Senado a 96 senadores.
- Se elimina el financiamiento público a los partidos políticos, reducido solo vía aportaciones de personas físicas mexicanas.
- Se reducen los tiempos de radio y televisión, así como su forma de distribución; durante el proceso electoral se destinarán 30 minutos diarios en cada estación de radio y cada canal de televisión a partidos políticos y candidatos independientes (90 %) y al INEC (10 %).
- Se amplían las excepciones para que pueda ser difundida la propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.
En pocas palabras, la propuesta otorga al Ejecutivo el control de la autoridad electoral para reducir a la oposición. Era ooptar recursos a la política e instalar un falso discurso de defensa de la democracia. En consecuencia, erosiona un sistema democrático confiable que costó décadas.
Reacciones a la erosión de la democracia
La Comisión de Venecia (de la Comisión Europea para la Democracia) emitió observaciones y recomendaciones que evidenciaron los peligros de la propuesta de reforma de AMLO. El 13 de noviembre México vivió una movilización popular. Fueron más de medio millón de personas que salieron a defender la democracia y la independencia del árbitro electoral.
Sin embargo, si bien el proyecto inicial del presidente no tuvo apoyo en el Congreso, en la madrugada del 7 de diciembre el plan C consiguió la aprobación.
El plan C constó de más de 300 hojas, que, a diferencia de la reforma constitucional, cambia tres leyes que reglan el sistema electoral y lo resumen en una única. Fue aprobada en fast track por su «importancia», por lo que no hubo discusión o análisis.
El plan C del sistema electoral
Estos son los puntos clave, de especial preocupación para la democracia mexicana:
- Se crea un catálogo de emisoras locales de televisión y radio para que puedan transmitir la cobertura total de la jornada electoral.
- Prevé el registro y voto electrónico para migrantes y elimina el voto postal. No se contempla algún mecanismo de impugnación o revisión del proceso de voto electrónico.
- Existen contradicciones de fondo en el diseño, tal es el caso de ciudadanos indígenas y afromexicanos. Por una parte, se establece su autodeterminación y autoorganización, y por el otro, se establecen mecanismos de cuotas a los partidos políticos para su designación.
- Se establecen mecanismos de confusión en los votantes. Por ejemplo, en coaliciones se pide que la votación sea con los logos de los partidos y no de las coaliciones. Generará confusión para el votante en beneficio del partido que ejerza el poder presidencial al tener estos más recursos y mayor presencia en medios.
- Se crean mecanismos que podrían generar falta de transparencia en los recursos públicos. Tal es el caso de la renuncia parcial del presupuesto de los partidos para desastres. Cabe mencionar que en el temblor de 2017, Morena (el partido en el poder) generó un fideicomiso de «ayuda» que terminó en «ayuda a sus campañas»: depósitos a personas físicas y o recibos simples de dinero en efectivo.
- Se prohíben sanciones por analogía o mayoría de razón en el proceso administrativo. Las sanciones administrativas tienen un nivel de sanción menor que un delito electoral. Se pretende generar un vacío político de impunidad, en el entendido de que en cada jornada electoral surgen nuevas situaciones que comprometen las elecciones, por lo que prohibir la aplicación de sanciones a situaciones que no sean exactamente las señaladas provocará que surjan variantes para evadir la aplicación de sanciones.
- Se genera un permiso para candidatos y estructuras partidarias dentro de la administración pública. Se propone que no sean propaganda gubernamental «las manifestaciones de servidores públicos en uso de su libertad de expresión».
- Se mandata que todas las estructuras relacionadas a garantizar la democracia se reduzcan al mínimo posible, lo que puede significar cualquier cosa. Además de la reducción mandatada de la estructura del Tribunal Electoral en tres de sus actuales siete salas.
Síntesis del nuevo escenario
La reforma de AMLO y su bancada parlamentaria pone en peligro más de 80 años de lucha y de logros por consolidar la democracia. No solo se trata de que no se aprobó la reforma por vía constitucional y solamente se implementó este plan C vía reforma legal.
Durante las últimas décadas, ninguna reforma electoral ha sido propuesta por el gobierno porque es evidente que el gobernante va a intentar poner reglas para mantenerse en el poder. Esto es tan claro que incluso López Obrador declaró que, si no se lleva a cabo su reforma, su partido corre el riesgo de perder las elecciones en 2024.
La reforma constitucional se frenó por falta de mayorías y con una prisa admirable presentaron una segunda propuesta que aprobó el bloque afín al gobierno violando códigos formales de la transacción parlamentaria.
Lo que aprobó el Senado
Entre el 15 diciembre por la madrugada se aprobó la reforma electoral en la Cámara de Senadores. En el dictamen no había modificaciones de fondo. Finalmente se aprobaron en el pleno del Senado, entre los más importantes, los siguientes cambios:
- Se transfieren votos a candidaturas comunes para consolidar a los partidos satélite del grupo en el poder.
- Se incluyen cuotas de grupos vulnerables, se autoadjudican el monopolio de la forma en que se definirán, aunque no se establece en la ley.
- La entrega de obsequios en campaña (insumos domésticos) se considerará presunción de presión a voto.
- Los ajustes de acciones afirmativas por género se realizarán conforme a las reglas que en ese momento se establezcan.
- En materia electoral, es inviolable la libertad de expresión (ejercicio del periodismo).
- Para el financiamiento a partidos en el ámbito local, se mantiene el 3% de votación válida emitida en la elección de diputados locales.
- Se eliminó la obligación del separarse del cargo como congresistas para ser nuevamente candidatos.
- Se eliminó la facultad de los partidos de establecer las reglas para la elección consecutiva.
- Se amplía de 3 a 10 días para la comprobación de egresos en tiempos electorales.
- La verificación de los padrones de afiliación no tendrá sanción alguna.
- El voto en el extranjero se podrá realizar por correo y por vía electrónica.
- Se consideran actos de campaña en el espacio virtual.
- La omisión de enterar impuestos por los partidos no podrá ser sancionada hasta que sea decretado por la autoridad hacendaria.
Lo que evitó la oposición
Algunas bases de la propuesta original de AMLO fueron omitidas gracias a la presión de la oposición. Sin embargo, esto no resta el carácter controvertido y autoritario de la reforma.
- Se elimina la reforma que usaba los pasivos del organismo electoral para la reducción de áreas.
- Se elimina que la reforma se lleve a cabo con el presupuesto reducido asignado para el siguiente año.
- Se elimina que los funcionarios no se consideren como especializados.
Hoy las instituciones electorales en México están amenazadas y, aunque todavía existe la posibilidad de que se detenga a través de la Corte Constitucional, es innegable la intención del gobierno de deteriorar la democracia socavando las instituciones.
1Director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández de México. Licenciado filosofía y magíster en comunicación.
*Este artículo fue publicado en dialogopolitico.org el 20 de diciembre de 2022
