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Encuentro grandes ambigüedades en el concepto de “Daño Económico al Estado” (DEE), que en términos generales es la afectación al patrimonio del Estado por parte de funcionarios y autoridades, pero que se ha vuelto motivo de persecución política.
El DEE es una de las faltas más comunes en el seno de una sociedad que idolatra al Estado y suele manifestarse a distintas escalas. Por ejemplo, no es raro que servidores públicos se lleven útiles de la oficina a su casa; o que autoridades utilicen vehículos oficiales para menesteres privados; o que policías canjeen multas por coimas; o que diputados, que no legislan ni fiscalizan, se incrementen el sueldo a su gusto, entre otras linduras. Algunos de esos hechos pueden parecer bagatelas, pero revelan una actitud ética hacia el Estado que no condice con la ideología abrazada. Se suele apelar -como en el chiste del tipo reprochado por el cuidador de la piscina pública por orinar en el agua- a que “todos lo hacen”. “Es cierto -replicó el cuidador- pero no desde el trampolín”.
En efecto, hay delitos económicos pequeños y grandes, como reconoce el art. 4.5 de la Ley 1390 de 27 de agosto de 2021 cuando fija en un millón de dólares (al cambio legendario de 7 Bs/$) la afectación “grave” al Estado. Pues, ¿de qué delitos estamos hablando para tipificarlos como graves?
Desde luego está la corrupción de servidores públicos para beneficiarse (vía infidencia, fraude o irregularidades) de licitaciones y contratos, incluso lesivos a los intereses del Estado que es quien paga las coimas. Asimismo, según el gobierno del MAS, los recientes bloqueos del MAS causaron un ingente daño al Estado.
La actuación de la Procuraduría del Estado en los arbitrajes internacionales es por demás cuestionable, aun en el marco de la “misión imposible” de defender actos arbitrarios de los gobiernos. Los casos Quiborax y Glencore, de más fresca memoria, interpelan seriamente a ex abogados de Evo, cabezas de esa institución.
YPFB ha admitido oficialmente la pérdida de 130 M$ por el fracaso exploratorio de Boyuy. Se les dijo desde un comienzo: al no tener un contrato específico, la perforación de Boyuy entró legalmente a ser parte de los “servicios” del campo Margarita y, por tanto, un costo recuperable de Repsol.
Por cierto, hay actos que, aun originando daños al Estado, no son punibles, como los que derivan de la aplicación de políticas aprobadas en una elección democrática mediante programas de gobierno. Se podría afirmar que la “nacionalización” de Evo Morales es, a largo plazo, un fiasco, porque el daño final al Estado supera los beneficios inmediatos. Sin embargo, fue una política aprobada democráticamente y eso la hace impune. De ahí surge la importancia de los debates entre candidatos, y no, cobardemente, “con el pueblo”.
La diferencia la marca la forma de llevar a cabo esas políticas. Me explico. La extracción del litio es un hito nacional, pero ¿la elección del método de evaporación de las piscinas fue fruto de análisis racionales? Estamos hablando de casi mil M$ literalmente “al agua”. Lo propio, y a mayor razón, vale para la Planta de Amoníaco y Urea (PAU) que suele producir más paros que urea, incluso llegando a parar sólo para permitir exportar más gas a la Argentina. ¿Acaso la defensa ante arbitrajes no tuvo infidencias e incompetencias que ameritan una auditoria de la Contraloría? ¿Y Boyuy no mostró más desesperación culposa que cuidados legales? En suma, hay DEE también cuando se aplican mal las políticas de Estado, por evidentes responsabilidades personales, y ese daño no debería quedar impune.
Finalmente, ¿A quién se le cobrará el daño causado por unos dichos ladinos de un agente cubano y ex embajador de los EE. UU.?
