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Todo el país ha sufrido en carne propia la pésima calidad del aire que se extendió por semanas y eso es sólo el síntoma de la enfermedad, siendo la enfermedad pérdidas incuantificables al medio ambiente.
Ahora que el humo se disipó, toca mirar las responsabilidades políticas.
Está claro que las “quemas controladas” autorizadas en las leyes aprobadas por el MAS, se salen de control todos los años. La principal de ellas es la ley 741 del 2015, que permite la quema de 20 ha. por persona, sin acreditar derecho propietario. En otras palabras, está hecha a la medida de gente que va a ir (o venir) a quemar tierras ajenas, privadas o del estado.
La encargada de otorgar estos permisos es la ABT que es la sigla de la rimbombante Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra. Por supuesto la ABT no divulga los permisos de quema que otorga, y sólo se pudo tener un pantallazo de su magnitud durante el gobierno de Jeannine Añez (2010), donde, según una fuente consultada, se pudo establecer un claro paralelismo entre los permisos otorgados y la quema récord de más de 3 millones de hectáreas en el Departamento de Santa Cruz el 2019.
Según los datos de la Gobernación de Santa Cruz, este año se quemaron más de 400 mil hectáreas, que sigue siendo muchísimo, pero es una mejoría notable en relación a años anteriores (la mala calidad del aire en Santa Cruz de la Sierra provino mayormente de incendios en el Beni). Esto gracias a la importante cantidad de recursos que la Gobernación invierte el año redondo en la prevención y combate de incendios, que incluyen un sistema de alerta temprana de incendios.
Sin embargo, la Gobernación carece de la alerta más temprana posible, que son los permisos de la ABT. De manera que, mientras la ABT esparce chispas en el territorio con sus permisos, la Gobernación invierte considerables recursos buscando esas chispas y tratando de que no se conviertan en incendios y muchas veces es tarde.
Es hora de que la ABT publique los permisos que otorga, incluyendo su geolocalización, de manera que la Gobernación y, por extensión, la ciudadanía sepa qué está ocurriendo en su territorio. De esta manera, se podrá corresponsabilizar al gobierno central en el combate de incendios, se podrán asignar y posicionar recursos acordemente, y la población podrá juzgar la conveniencia o no de tener vigentes leyes incendiarias.
