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En Bolivia discutimos casi diariamente los mismos problemas económicos: déficit fiscal, inflación, escasez, informalidad y bajo crecimiento. Cambian las voces, se repiten los diagnósticos. ¿Cuánto de este debate nos acerca a las soluciones?
Explicar lo que ocurre es indispensable. Sin un diagnóstico adecuado es imposible actuar bien. Me preocupa que nos quedemos allí, alimentando la incertidumbre y la desesperanza de quienes necesitan respuestas más concretas.
En economía, como en medicina, identificar una enfermedad no equivale a saber cómo tratarla. Incluso un diagnóstico acertado puede conducir a un tratamiento ineficaz por su diseño, su dosis o su aplicación. Con las políticas públicas sucede algo parecido: la buena voluntad no reemplaza al conocimiento técnico.
Pensemos en la informalidad. ¿Bastaría con reducir los costos de formalización? ¿O habría que mejorar la productividad, revisar regulaciones y facilitar financiamiento? Un comerciante, un profesional independiente y una empresa familiar enfrentan dificultades distintas. Sin investigar esas diferencias, una política uniforme podría lograr poco.
¿Puede la investigación modificar decisiones públicas? Jonas Hjort y coautores lo estudiaron mediante experimentos con autoridades de 2.150 municipios brasileños. En 2021 encontraron que informar a los alcaldes sobre la efectividad de los recordatorios tributarios aumentó en diez puntos porcentuales la probabilidad de adoptar esa medida. La evidencia también puede cambiar decisiones.
Otro estudio, de los premios Nobel Abhijit Banerjee, Esther Duflo y colaboradores, publicado en 2017, examinó intervenciones educativas en India. Algunos diseños fracasaron al aplicarse en escuelas públicas, pero las evaluaciones permitieron corregirlos hasta encontrar modalidades que mejoraron el aprendizaje a mayor escala. Investigar también sirve para aprender de los errores.
Banerjee y Duflo son cofundadores de J-PAL, un centro de investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts que promueve políticas contra la pobreza basadas en evidencia. Además de evaluar programas, colabora con gobiernos, capacita funcionarios y traduce hallazgos científicos en recomendaciones prácticas. No basta con producir conocimiento: hay que conseguir que pueda utilizarse.
Los centros de pensamiento cumplen una función complementaria. Pueden identificar preguntas relevantes, aportar investigaciones independientes y convertir sus resultados en opciones para la gestión pública. Su valor no está en ofrecer recetas universales, sino en mostrar qué podría funcionar, para quiénes, con qué costos y en qué condiciones.
En Bolivia también existen esfuerzos valiosos. Esta semana, mi colega de CAINCO Osmar Bolívar y yo participamos en la Conferencia Boliviana sobre Desarrollo Económico, con investigaciones sobre informalidad, capital humano y finanzas subnacionales.
Osmar presentó además la semana pasada un estudio riguroso en las Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local, en Argentina, y participará en la reunión anual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economía (LACEA), en Perú, con otro sobre transferencias a gobiernos locales. Son espacios para contrastar investigaciones.
Pero los congresos no solucionan los problemas por sí solos. Necesitamos acercar universidades, centros de investigación, sector privado y entidades públicas para formular preguntas concretas, facilitar el acceso a datos, evaluar intervenciones y utilizar sus resultados. Las prioridades corresponden a la sociedad y sus autoridades; la investigación ayuda a elegir instrumentos y prever consecuencias.
Creo que los economistas y científicos sociales tenemos una responsabilidad que va más allá de repetir diagnósticos o cuestionar políticas. Debemos contribuir a construir respuestas específicas, reconocer lo que todavía ignoramos y someter nuestras propuestas a prueba. Después de tanto explicar problemas, dediquemos más esfuerzo a resolverlos. La esperanza también necesita fundamentos.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
