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Desde el año 2014 en que Michelle Bachelet regresara con la intención de acabar con lo que denominó «vestigios del modelo neoliberal», el país entró en una década totalmente perdida desde el punto de vista del progreso económico y social.
Entre 2004 y 2013, el crecimiento anual promedio del PIB real fue de 4,8% y el PIB per cápita se incrementó en 3,7% llevándonos a reducir la brecha con países desarrollados. Baste considerar que, en 1990, el PIB per cápita de Chile alcanzaba un 41% del de Portugal, en 2003 un 57% y en 2013 un 80%.
«La realidad desde que asumió Bachelet II con su giro populista ha cambiado dramáticamente. De 2014 a 2023 el crecimiento de la economía ha sido de 1,9% en promedio anual y, si se ajusta por el aumento de la población, aquel cae a un irrelevante 0,6% per cápita por año».
Entre 2003 y 2013, en tanto, la pobreza se redujo de 36,2% a 14,4%, la pobreza extrema de 17,9% a 4,5%, la cantidad de hogares sin servicios básico cayó de 12,4% a 5,3% el hacinamiento en los hogares se redujo de 15,5% a 9,3% y la tasa neta de asistencia a la educación superior aumentó de 26% a 36,7% en la población de 18 a 24 años.
La realidad desde que asumió Bachelet II con su giro populista ha cambiado dramáticamente. De 2014 a 2023 el crecimiento de la economía ha sido de 1,9% en promedio anual y, si se ajusta por el aumento de la población, aquel cae a un irrelevante 0,6% per cápita por año. Las oportunidades de empleo dependen estrechamente de la capacidad de creación de riqueza. Así, si entre 2004 y 2013 se creaban en promedio 206 mil empleos por año, entre 2014 y 2023 tan sólo se crearon 93 mil empleos por año. Al mismo tiempo, los salarios reales, que crecieron un 2,45% promedio anual en el primer período, lo hicieron un 1,2% en la última década.
Mientras tanto, el gasto del Estado ha crecido a niveles acelerados y el sector privado apenas lo ha hecho. Baste considerar que desde 1990 a 2021, el gasto fiscal creció un promedio de 7% real anual, mientras el PIB lo hizo a un promedio de 4.5%. El gasto social, por su parte –educación, salud, pensiones, vivienda–, aumentó a un 7.8% anual real en promedio. Medido en pesos de 2021, el gasto social por persona pasó de 435.000 pesos en 1990 a 1.900.000 pesos en 2019 y 3.000.000 de pesos en 2021 por la pandemia. Como porcentaje del PIB este pasó de 11.8% a 16.6% entre 1990 y 2019, antes de la pandemia.
De todo el gasto fiscal, aproximadamente un 30% se va en burocracia, comparado con un 20% en Australia o Corea del Sur. Si lográramos niveles similares de eficiencia podríamos ahorrar 1.500 millones de dólares por año. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que en Chile se desperdician 5 mil millones de dólares anuales. A ello se deben agregar otros 855 millones de dólares anuales que podrían ahorrarse si se mejorara el sistema de compras públicas según las Fiscalía Nacional Económica.
Solamente sumando las cifras anteriores se obtiene un total de más de 7 mil millones de dólares que la clase política podría ahorrar a los pagadores de impuestos mejorando su gestión todos los años. Chile es también un país extremadamente burocrático que pone trabas a la inversión y la creación de empresas. Una empresa pequeña dedica en promedio 470 horas al año para cumplir con todos los trámites necesarios para poder operar sus negocios.
Lo anterior equivale a 52 jornadas laborales, mientras en Brasil se destinan 180 horas, menos de la mitad, y en Costa Rica, 297, lo que implica un ahorro de casi un 40% de las jornadas.
Así las cosas, de no abrazar un modelo libertario, Chile continuará su decadencia bacheletista por varias décadas más.
