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Las dos medidas urgentes y los tres mandatos delineados para una de ellas en la última resolución aprobada por el Consejo Permanente de la OEA en relación a Nicaragua, a la que reclama por el incumplimiento de compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana, muy bien podrían ser aplicados también hoy a Bolivia. Para quienes crean que afirmar esto es una exageración, argumentando que Bolivia está lejos de la dolorosa realidad que viven hoy los nicaragüenses bajo el régimen de Ortega, solo una sugerencia: revisen la ruta seguida por ese régimen para avanzar en su proyecto de poder total, vean los pasos, y luego compárenlos con la ruta y trancos que sigue y da el gobierno boliviano.
Pero vamos al detalle de la resolución aprobada por la OEA en su Consejo del miércoles pasado. Las dos medidas urgentes son: libertad inmediata de los presos políticos y abrir el país a una misión diplomática de la OEA, para que cumpla tres mandatos. El primero, una reforma electoral integral; el segundo, la revocación de todas las leyes que restringen la participación política y limitan los Derechos Humanos; y el tercero, abrir un diálogo con todos los partidos políticos y actores para convocar a elecciones generales “tempranas, libres, imparciales y transparentes, con observación internacional”.
¿Acaso no es similar a la agenda que se demanda ahora en Bolivia? Libertad de todos los presos políticos (a lo que habrá que añadir el cese de la persecución política-judicial, cada vez más violenta, como lo acabamos de ver el jueves pasado en Potosí, con la detención del ex-líder cívico Marco Pumari); auditoría y reforma electoral integral; anulación de lo que se ha dado en calificar “paquetazo de leyes” impulsadas por el MAS, que apuntan al control de la sociedad y a la restricción de las libertades democráticas; y, por último, abrir un diálogo honesto y amplio con todos los actores políticos y líderes de la sociedad civil.
Tal vez las dos grandes diferencias entre la realidad nicaragüense y la boliviana están, una de ellas en los tiempos de esa hoja de ruta y en los tramos consolidados, y la otra en uno de los puntos centrales como agenda principal. En lo que respecta a esto último: mientras que en el caso de Nicaragua queda clarísimo que la reforma integral electoral es prioridad máxima, en el nuestro aun andamos confundidos en las prioridades y nos hemos dejado llevar por la reiterada promesa oficial de reforma judicial, cuando deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos en lograr primero una urgente reforma del sistema electoral.
Sin un sistema electoral transparente y justo que nos garantice no solo el ejercicio pleno de uno de nuestros derechos ciudadanos fundamentales (elegir a nuestras autoridades y representantes en los diferentes niveles de gobierno), sino también el respeto a cada una de las voluntades expresadas en las urnas (ya vimos lo que sucedió con el referéndum del 21 de febrero de 2016), no habrá democracia real, ni reforma posible en la Justicia. Ya nos lo ha dejado clarísimo la ex-vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista, en más de una carta pública. ¿Qué estamos esperando para darle prioridad a este tema?
Vuelvo a las diferencias entre Nicaragua y Bolivia, para remarcar la primera: la del tiempo. En el caso de Nicaragua, la intervención de la OEA y las preocupaciones expresadas en los últimos tiempos por varios gobiernos democráticos y otros organismos internacionales se han presentado a destiempo, por decirlo de alguna manera. La comunidad internacional, en su mayoría, demoró mucho para observar y censurar lo que estaba ocurriendo bajo el régimen de Ortega, pese a los antecedentes ya vistos en Venezuela. En el caso de Bolivia, donde aun estamos a tiempo de no caer en el extremo de Nicaragua, pero vamos contra reloj, ¿qué es lo que está esperando esa comunidad internacional para advertir y actuar a tiempo, antes que dejar pasar y llegar solo a los lamentos?
Lo que se ve hasta ahora es que, en su mayoría, los organismos internacionales están con una posición muy condescendiente frente a los excesos que está cometiendo el gobierno boliviano, emulando y siguiendo la guía de acción ya aplicada por su antecesor Morales. Lo mismo puede decirse de muchos sectores de la sociedad boliviana, entre estos los de los gremios sindicales, profesionales y empresariales, así como los de la clase política. Ahí están los acuerdos recientes logrados por el gobierno central con algunos gobernadores y alcaldes, así como con varias universidades públicas, para imponer su Ley 1407, calificada de re-centralizadora y violatoria a las competencias de las entidades autónomas.
Así logró avanzar Ortega en Nicaragua. Con acuerdos que luego no cumplió y, peor aun, persiguiendo y encarcelando a quienes habían aceptado transar con su régimen, como les está tocando padecer ahora no solo a opositores políticos, sino también a empresarios. Es la misma hoja de ruta que está siguiendo el gobierno boliviano, favorecido por la desidia de unos, la desintegración de las fuerzas opositoras y el oportunismo de otros. Tres males que están afectando no solo a Nicaragua o a Bolivia, sino a las democracias de la región “que están pasando muy mal momento, tal vez el peor en los últimos 30 años”, como lo ha dicho recién José Miguel Vivancos, director para las Américas de Human Rights Watch.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
