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Días atrás, la Casa Blanca emitió una instructiva al Departamento de Estado, para que en el Año Fiscal 2024 se incluya a una serie de países en la lista de los “mayores productores y mayores países de tránsito de drogas ilícitas”, entre ellos Bolivia. De igual manera, el documento califica a Bolivia, Venezuela y Birmania como “países que han fallado demostrablemente durante los últimos 12 meses en cumplir sus obligaciones, en virtud de acuerdos internacionales de lucha contra las drogas”.
Hasta aquí nada lejano de lo usual, dadas las descertificaciones prácticamente anuales que se volvieron comunes desde el acceso al poder de Evo Morales en el 2006 y su posterior ruptura con la cooperación estadounidense en materia antinarcóticos.
Sin embargo, esta vez la instructiva presidencial también incluye otros párrafos, que pueden considerarse como una rama de olivo tendida para recomponer, tal vez por vía indirecta, aquellas relaciones de cooperación rotas por el evismo.
El documento firmado por Joe Biden “anima al gobierno de Bolivia a tomar medidas adicionales para proteger los mercados lícitos de coca del país contra la explotación criminal, reducir el cultivo ilícito de coca que continúa excediendo los límites legales bajo las leyes domésticas de Bolivia para uso médico y tradicional, y continuar ampliando la cooperación con socios internacionales para desarticular redes criminales transnacionales”.
La protección de mercados lícitos contra la explotación criminal es una clara alusión a la situación de los cocaleros de Los Yungas, y a la arremetida, al parecer fallida, de Evo Morales para extender su influencia sobre esa región, potenciando liderazgos sectoriales provenientes de las “zonas rojas”.
En la parte final del segmento citado está la clave del asunto, en cuanto a “continuar ampliando la cooperación con socios internacionales”. Esto difícilmente sea una invitación al regreso de la DEA, sino más bien a seguir el camino que se inició con el mecanismo antinarcóticos UE-CELAC, que puede ser una vía para el intercambio indirecto de información.
La instructiva de la Casa Blanca fue recibida en Bolivia con las habituales réplicas “soberanistas” de voceros oficiales u oficiosos, además de alguna torpeza de Carlos Mesa, señalando que “no necesitamos una calificación extranjera para saber que el narcotráfico ha permeado al poder político”, declaración absolutamente innecesaria, proveniente además de quien inició en su gobierno la legalización de catos de coca excedentarios.
En todo caso, el olivo tendido para “ampliar la cooperación” debería ser estimado por el gobierno de Luis Arce, que puede seguir encerrado en el error de una relación “exclusiva y excluyente” con China, Rusia e Irán, o abrirse pragmáticamente a otras posibilidades.
