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El tribunal supremo electoral parece que ha confundido las elecciones generales con las elecciones judiciales porque considera que debe sancionarse una ley para que puedan debatir los candidatos presidenciales. Llama la atención esta exigencia porque no hay nada más democrático que la confrontación de ideas entre los aspirantes a ocupar la presidencia del Estado boliviano. Muy por el contrario, es inconcebible un proceso eleccionario centrado en el bombardeo propagandístico, sin posibilidad de confrontar los diferentes programas y ofertas de los partidos y agrupaciones que quieren gobernar.
En los casi 20 años de gobiernos que lleva el MAS, no hubo debate político. El eterno candidato Evo Morales rechazaba toda posibilidad de confrontar las ideas con el cuento de que todo el tiempo debatía con el pueblo. En las filas azules han confundido propaganda con debate y aunque ambas figuras son imprescindibles en una contienda electoral, tienen metodologías, formas y efectos distintos. La propaganda es una forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. El debate, en cambio, supone una discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus puntos de vistas.
Los azules siempre han rechazado el debate, pese a que decían que eran los únicos que tenían programa de gobierno, y le sobraban neuronas para confrontar las ideas con miras al próximo quinquenio. El debate no sólo apuesta por la legítima competencia entre los candidatos sino también constituye un derecho del elector al voto informado. El ciudadano necesita no solo que se lo atosigue con propaganda las 24 horas del día sino información completa, oportuna y deputada. Necesita conocer cuáles son las fórmulas que tienen los candidatos para resolver los grandes problemas estructurales del Estado boliviano.
La sana confrontación de ideas debe protegerse, incluso, la que choca, irrita o inquieta a los adversarios y funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios deben rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas. Así, por ejemplo, la información detallada y documentada sobre la gestión del gobierno, y cómo salimos de la crisis económica, la falta de combustibles, las colas, la falta de divisas, la inseguridad ciudadana y jurídica, entre otros.
El debate debe orientar a la opinión pública. La función de los medios de comunicación social no sólo debe ser transmitir información y entretener, sino fundamentalmente debe orientar en debida forma a la opinión pública. Los grandes debates sobre una infinidad de temas que son de interés público, terminan formando la opinión pública. La ciudadanía debidamente informada de los grandes temas nacionales estará en mejores condiciones de poder tomar decisiones en su diario vivir.
El interés público se entiende menoscabado tanto si se impide comunicar o recibir una información veraz como si se difunde, se impone o se ampara la transmisión de noticias que no responden a la verdad. La Corte IDH aclaraba que el bien común debe entenderse, dentro del contexto de la convención, como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos (OC-5/85 de 13 de noviembre).
La sana y necesaria confrontación de ideas se encuentra protegida por la Constitución, cuando proclama precisamente que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa (art. 106). El debate garantiza además la transparencia y la fiscalización del proceso electoral, de modo que los candidatos deben debatir, salvo que se quiera cercenar uno de los derechos básicos del elector como es el derecho al voto informado e imponerse un proceso electoral totalitario.
