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Hasta hace poco, resumía la anomia social que vive Bolivia como el No Estado. Con las últimas noticias, es posible afirmar que ese No Estado es en realidad un Estado Pluridelincuencial. Desde el territorio del circuito coca-cocaína, que ha despedazado los vestigios del Estado de Derecho y de la gobernabilidad, se alienta un caos jurídico.
Hace décadas, la delincuencia era aislada, ahora funciona en un sistema protegido por fiscales, jueces, policías y militares. La lista de temas es larga. De ellos, selecciono uno por la gravedad que supone para el futuro pues usa la amenaza, la violencia, el secuestro, las vejaciones colectivas.
La historia boliviana muestra la cantidad de errores cometidos con la bandera de justicia social y que era la ambición de grupos emergentes que deseaban apoderarse del esfuerzo de otros. Quizá por su ignorancia pensaban que haciendas o empresas florecientes eran resultado de herencias o de actos mágicos.
La documentación agraria evidencia cómo esas tomas violentas, motivadas por intereses oscuros, culminaron con la destrucción y el abandono. Ahí están oxidadas las maquinarias de Sacig en Culpina, que nunca volvió a tener la oportunidad de desarrollar la agroindustria. O el fracaso de la fábrica de quesos Collana asaltada hace 20 años. A pesar de la postura progresista de sus propietarios, dirigentes se apoderaron de Comanche que ha dejado de ser lo que fue durante casi un siglo. Los Morales Dávila fundieron Ametex, la fábrica textil más moderna de Bolivia y dejaron a cientos sin trabajo.
Nadie repuso los doce mil cipreses quemados en los Yungas porque la joven pareja de propietarios no cedió a los continuos chantajes del sindicato masista. O la toma de áreas verdes privadas o municipales a nombre de “propiedad comunal”. O las amenazas contra cultivos de plantas medicinales. En el 2022, además se agravan los avasallamientos y tomas de tierras porque están enfrentando a comunarios originarios con los forasteros que aparecen para construir barriadas hechizas.
Recorrer el país es ver tristes espectáculos. De pronto surgen carpas, ladrillos y casuchas (curiosamente todas muy similares) en terrenos privados, de particulares, de la Iglesia, de instituciones. El caso de Las Londras ilustra la complicidad de policías y de fiscales y jueces en un circuito cínico. Lo peor para las generaciones futuras es el loteamiento de los parques nacionales: minería ilegal, coca, cocaína, empresas chinescas.
Otro caso que ilustra la profundidad del Estado Pluridelincuencial incapaz de proteger a sus ciudadanos es el de Hacienda La Angostura en Cochabamba, un proyecto con más de un siglo de experiencia para criar ganado y generar productos combinando las oportunidades de la tierra valluna con tecnología limpia.
Los loteadores no están interesados en el trabajo duro de mantener pastos, trasladar insumos, cuidar el agua de las acequias, alimentar a animales sanos y fuertes. Quieren lotear para especular con terrenos que quieren hacer engordar; ganancia fácil para quienes no saben trabajar. Trasladan material de noche, consiguen servicios de luz, protegidos, taponean acequias, impiden riegos, matan ganado.
¿Qué medida asume la Gobernación? ¿Hace algo la Policía local? ¿Cómo actúan los organismos de control? ¿Pueden cumplir la Constitución los fiscales?
El valle alto cochabambino es una bomba de tiempo, con más de dos mil campesinos afectados por los avasallamientos de más de 10 mil hectáreas. Desde hace un año hay conflictos y enfrentamientos, cada vez más duros. Las víctimas no son solamente familias, sino poblaciones originarias, mujeres indefensas y ancianos que han quedado cuidando el campo ante la creciente migración de la fuerza de trabajo masculina.
¿Por qué será que ni el presidente economista Luis Arce ni el vicepresidente ligado a ONGs David Choquehuanca no dicen nada? ¿A quién o a quiénes temen tanto? ¿Quién alimenta las rivalidades: tierras bajas/ tierras altas; aimaras/chapareños; forasteros/ indígenas del bosque; norpotosinos/citadinos, qué persigue la campaña contra el rostro más productivo de Santa Cruz?
Estos asaltos no son para que los bolivianos tengan más ofertas de alimentos y el Estado más garantías de seguridad alimentaria. Son, repetimos, la forma más peligrosa de conseguir dinero fácil, que seguramente será usado para la apreciada farra o para comprar más armas, como gozan de lucir los secuestradores en Las Londras.
Viví en Colombia y en Centroamérica, sé cómo empezó la violencia y por qué nunca puede terminar, solo cambia de rostro.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
