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Las más recientes proyecciones de los organismos internacionales sobre la variación del PIB de Bolivia confirman la tendencia de ralentización de la economía nacional. En efecto, el FMI ha ratificado su pronóstico de 1.8 por ciento de crecimiento para este 2023. El Banco Mundial, a su turno, ha rebajado su previsión anterior de 2.7 por ciento a 1.9 por ciento. Estas tasas del PIB boliviano son menores a la tasa promedio de América Latina, estimada para este año en 2.3 por ciento. Además, tanto el FMI como el BM, proyectan para Bolivia, en 2024, un crecimiento de 1.9 por ciento, lo que implica que una trayectoria prácticamente plana.
Al respecto, quiero recordar que la Fundación Milenio, en su informe anual de junio de este año, advirtió sobre la tendencia de estancamiento de la economía boliviana, y que podría prolongarse por varios años si es que no se adoptan los correctivos necesarios y oportunos. Este ciclo de crecimiento anémico no permite crear empleo ni mejorar los ingresos y, menos aún. reducir la pobreza y la desigualdad social.
Para todo ello confluyen varios factores: la caída de las exportaciones de hidrocarburos y minerales, en un contexto menos favorable de precios y sobre todo de debilitamiento de la capacidad de producción; la disminución o interrupción de importaciones, en una economía altamente dependiente de productos extranjeros; la sequía de inversión privada, un problema crónico y al que ahora se añade la fuerte caída de la inversión pública; el menguante crédito bancario; el comportamiento cauteloso de los agentes económicos, en medio de una creciente desconfianza sobre el rumbo de la economía, y el clima de incertidumbre política a medida que se ahonda la división del partido gobernante y que arrecia la lucha entre sus facciones y caudillos.
Este escenario económico dista mucho de los años de bonanza exportadora y cuando la economía se expandía a un ritmo relativamente alto impulsada por el aumento del consumo doméstico y la inversión pública. Pero hoy en día estos motores están averiados y tienen rendimientos decrecientes. Tampoco el financiamiento externo está ya disponible para el país. El persistente aumento del riesgo país (que llegó a superar los 1.800 punto básicos) determina la imposibilidad de acceder a créditos en el mercado internacional, puesto que endeudarse más supondría tener que pagar tasas de interés por encima del 20 por ciento.
Al mismo tiempo, y esto es lo paradójico, el país desaprovecha las oportunidades en el mercado mundial para ampliar sus exportaciones y diversificar el aparato productivo. El mundo demanda alimentos, minerales, energías renovables y servicios digitales, productos que Bolivia puede producir en forma competitiva. Sin embargo, todos estos proyectos, incluido el litio, están paralizados, entrampados y no pueden desarrollarse por falta de capital, de tecnología adecuada, de emprendimientos eficientes o de acceso a los mercados externos.
Sin duda, el mayor obstáculo para superar el estancamiento actual, y para avanzar hacia un nuevo ciclo de crecimiento es el déficit de inversiones privadas nacionales y extranjeras.
Según datos de la CEPAL, Bolivia registró en 2022 una entrada de IED neta negativa de 26 millones; la desinversión neta de IED entre 2018 y 2020 llegó a -1.012 millones de dólares. La inversión privada nacional, por su parte, se mantiene por debajo de su potencial de crecimiento; un sin número de empresas operan con capacidades instaladas ociosas.
Bolivia debe mirarse en el espejo de otros países que, como Paraguay, mantienen un crecimiento sostenido y un régimen atractivo para la inversión extranjera. De hecho, el FMI considera que Paraguay será el país con mayor crecimiento en Sudamérica en el período 2020-2024. La clave del éxito paraguayo -un país muy pequeño y de solo 7.5 millones de habitantes- es su ambiente de negocios favorable y sus incentivos y garantías a la inversión. El año 2021, la IED en Paraguay alcanzó la cifra de 7.045 millones dólares, principalmente por inversiones de Brasil, Estados Unidos y Europa. También se da el caso de que Paraguay se beneficia, en los últimos años, de una corriente de inversiones bolivianas, que, aunque modestas con relación a la inversión de otros países, mantiene una tendencia de expansión.
¿Por qué no seguir los buenos ejemplos de otros países vecinos que han implementado reformas institucionales para hacer de sus economías sitios atractivos y competitivos de inversión privada?
