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Representando a mi I. Colegio de Abogados de Chuquisaca participé en las Jornadas de Descongestionamiento de causas organizadas por el Tribunal Constitucional. Contaron con la participación de sus magistrados legítimos, jueces y vocales constitucionales, colegios de abogados, docentes universitarios y otros operadores del sistema constitucional.
Se discutieron y plantearon propuestas desde diversos ámbitos y visiones para intentar liquidar lo más pronto posible las aproximadamente 19.000 causas pendientes en esos estrados –aunque me temo que así como están las cosas (4 de 9 magistrados) parece misión imposible, pero deberían morir en el intento–, en una saludable y plausible apertura del TCP, que meses atrás era una isla blindada dedicada a obscuros fines, como todos sabíamos en el foro, lo que es desde ya un acierto de sus actuales autoridades. Aparte de ese tema urgente, desde mi juicio el evento sirvió especialmente para patentizar –más allá de toda duda razonable– algunas otras cuestiones de mucho mayor calado:
El Tribunal Constitucional está en modo ave Fénix, encarando desde las cenizas que le han dejado aquellos juristas del horror que le inventaron un inexistente “derecho humano” a su amo o impunemente se autoprorrogaron (y sobrevivieron a su desfachatez) convirtiendo al guardián de la CPE en una organización criminal; una compleja y profunda reinvención institucional que no solamente pasa por resolver pronta y adecuadamente ese enorme lastre de procesos pendientes que suma día que pasa, sino principalmente por recuperar su legitimidad, confiabilidad y prestigio rifado por aquellos juristas del horror que prostituyeron su relevante rol.
Poderoso y relevante rol que no está exento de riesgos desde principalmente la clase política encaramada en la Asamblea Legislativa, que nada útil está haciendo para siquiera a modo de salida y no solución, sancionar las urgentes leyes de adecuación competencial temporal y peor, de convocatoria inmediata a elecciones judiciales para completar sus magistrados. Tampoco el Ejecutivo lo exige. ¿No será que están más interesados en que el TCP siga como está, para evitar aplicarles control normativo de sus decretos y leyes?
Una de las propuestas brevemente discutidas a partir de las reflexiones de uno de sus miembros precisamente consistió en explorar –así como están las cosas– una salida legal y constitucional para efectivizar ese control normativo, que es la principal aunque no exclusiva función de ese Tribunal fundamental para la salud constitucional de la sociedad y del Estado, a enorme diferencia de algunos desubicados que –seguramente solo a la vista del reciente desastre institucional– hasta plantearon su desaparición.
El evento me dejó –algo compartido con otros participantes– con una muy buena impresión de la actual gestión. Soplan vientos de cambio en el TCP; esa apertura es una buena prueba de ello y la voluntad que están mostrando sus escasos pero legítimos magistrados a partir de la huida de los autoprorrogados, también. Sentí que en realidad el evento fue un urgente y sonoro SOS del TCP a la sociedad civil y al foro, para ayudarles a reconstruir la justicia constitucional desde esas sus cenizas pues quienes deberían –para eso les pagamos– acompañar por lo menos política y legislativamente ese difícil proceso están en otro mambo. No existe la menor señal de liderazgo en la Vicepresidencia para construir acuerdos y legislar –se ocupa de operías, vía Tiktok–, tampoco desde las bancadas en la ALP y nada desde el Ejecutivo. Sus justificadas urgencias van por otro lado y estas otras están en el refrigerador, por mucho que existan miles de ciudadanos que claman por tutela judicial efectiva y oportuna. La publicitada cumbre judicial de noviembre 2025 solo quedó en show para las RRSS.
Habrá también que reparar, y así lo sostuve, en que la justicia constitucional no solo se administra desde el TCP, sino empieza en las salas y jueces constitucionales, que son parte del problema y la solución. Algunos parecen estar más preocupados de moverles la cola a sus empleadores –Consejo de la Magistratura, etc.– que en tutelar derechos y garantías ciudadanas siendo dique de contención contra el abuso de poder e incluso ej.: temas competenciales, algunas se prestan a la justicia a la carta o al mejor postor. Urge que ellas también den la talla, pues lo que bien o mal deciden en 1ª instancia se cumple inmediatamente mientras el TCP dé la palabra final, lo que demora. Mientras, el daño ya puede estar hecho.
Aplaudo que el evento haya probado esos buenos tiempos de cambio, saludable apertura a los operadores y especialmente, a enorme diferencia del inmediato pasado, buenas y confiables intenciones del TCP; pero especialmente, hay que llamar la atención del desesperado SOS que nos están clamando a la sociedad civil y al foro jurídico. El Constitucional es la piedra angular de todo Estado sujeto al Estado de Derecho, y el sistema democrático y urge reconstruirlo desde sus cenizas dejadas. Sin justicia constitucional oportuna, confiable y efectiva no existe Estado sujeto al imperio del derecho y genuina democracia. Ese es en realidad el calibre del desafío planteado y tenemos no solo la palabra sino la acción, pues a todos nos afecta. Es que: “La Constitución no es un instrumento de gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno” (Patrick Henry).
