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La realización de la Cumbre por la Reactivación Económica y Productiva, ha llamado nuevamente la atención sobre la falta de comunicación y de coordinación entre el gobierno nacional y los sectores empresariales para impulsar la reactivación de la economía nacional. Esta lejanía entre los sectores públicos y privados, por la mentalidad estatista de la gestión gubernamental, constituye un escollo no solo para la reactivación en el corto plazo sino para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo.
La relación entre el estado y el empresariado se ha reducido a un vínculo fisco versus contribuyente, regulador versus regulado, sancionador versus “infractor”. Esta concepción que reduce la existencia del empresariado a pagar impuestos y multas para financiar las políticas del gobierno de turno, coarta la inversión privada, ya de por si limitada por la falta de seguridad jurídica que significa la carencia de una justicia independiente y los cambios arbitrarios en las reglas de juego.
La inversión privada es fundamental pues es la que crea fuentes de empleo en el sector formal, elevando el nivel de vida de los trabajadores de forma sostenible. Lo que se puede apreciar en los últimos años es una caída importante de la inversión privada nacional, que es la que se orienta a sectores competitivos en los cuales se crean la mayor cantidad de trabajos, dado que la inversión extranjera se ha concentrado en sectores extractivos, como la minería o hidrocarburos, o algunos regulados como las telecomunicaciones.
Esto es algo que quizás la autoridades, por su ceguera ideológica no entienden: pueden continuar profundizando la presión tributaria sobre el reducido numero de contribuyentes formales que aun quedan en el país; sin embargo lo que no pueden es obligarlos a invertir más, a generar nuevos emprendimientos, a desarrollar nuevos proyectos, especialmente en el área productiva, que genera mucho empleo y que requiere cada vez mayor calificación por la incorporación de mayor tecnología en la producción.
El resultado es que se pierden miles de oportunidades de nuevos emprendimientos que contribuirían al crecimiento y al desarrollo sostenible de Bolivia, y, muy especialmente, a crear nuevos empleos, que ofrezcan una combinación virtuosa entre estabilidad y sostenibilidad, no por la vía de la obligación legal, sino mediante el crecimiento económico basado en el desarrollo de nuevos mercados, tanto por el crecimiento de la clase media en el mercado interno como por las exportaciones a otros países.
El resultado de esta política que responde a ideologías estatistas fracasadas una y otra vez en nuestra propia experiencia, es que todos perdemos, comenzando por el mismo estado que podría recaudar mucho más sobre empresas más grandes, con mayores ventas y, especialmente, con un sector formal creciente en función de mejores condiciones para el desarrollo de las actividades económicas en el territorio nacional, tales como derechos de propiedad asegurados, garantías para el cumplimiento de los contratos y un estado de derecho que permita proyectar con certidumbre las condiciones hacía el futuro para poder pensar en inversiones de largo plazo.
Por supuesto, también pierden los trabajadores que ven cada vez más reducido y deteriorado el mercado laboral, pues fuera de alrededor de un millón de ciudadanos que trabajan formalmente, sumados los sectores público y privado, los demás se ven obligados a subsistir desde la informalidad, donde gana su sustento diario más del 80% de la población. También, pierden los empresarios, que se limitan a aprovechar su capacidad instalada o a un crecimiento muy inferior a su potencial, concentrándose en áreas de menor riesgo y plazos más cortos de recuperación del capital.
Si este divorcio publico/privado responde principalmente a un cálculo político o a una visión ideológica, lo sabrán los gobernantes. El resultado es el mismo, pierde el país, perdemos todos.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
