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La ley que “subordina” o “premia” a la Policía puso al descubierto la pusilanimidad de la administración de Luis Arce. Gratuitamente alineó en su contra a una institución que sabe cómo hacer tambalear gobiernos y a un influyente personaje de la cúpula masista. Cual avestruz metió la cabeza en la tierra esperando que los vientos se calmen en las próximas dos semanas y con ello hizo más evidente que carece de personalidad para defender su agenda legislativa o, más grave aún, que los ministerios se lanzan con iniciativas propias sin pasar por el tamiz de una instancia político-gubernamental.
De un lado, polícías en apronte del servicio activo y pasivo y, del otro, Juan Ramón Quintana, ex mayor del Ejército y hombre fuerte del régimen del masismo, han puesto al gobierno en una encrucijada: o elimina el anzuelo de los 20 generales para que la Policía acepte someterse a un civil que es considerado un premio para quienes “se amotinan y dan golpe de Estado” o renuncia a que la cabeza del alto mando policial sea el Ministro de Gobierno, lo que puede ser entendido como una nueva y torpe concesión a los verde olivo.
El gobierno puede optar por el camino de archivar el proyecto de Ley de Carrera de Generales y Ascensos en la Policía Boliviana, y asegurarse que después del receso en la Asamblea Legislativa previsto hasta el 11 de julio, el Senado con mayoría masista mire a un costado y siga con sus labores como si el polémico proyecto de ley no hubiera existido. Sin embargo, eso terminaría de desnudar su fragilidad para enfrentar las turbulencias internas y externas.
Pero, también quedaría más claro que el gobierno del economista Arce no tiene un verdadero gabinete político, generalmente compuesto por los ministros de Relaciones Exteriores, Presidencia, Gobierno, Defensa y Justicia, entre otras autoridades, al que suele sumarse el Vicepresidente, cuya tarea permanente es planificar y evaluar los costos o beneficios políticos de las medidas que lanza el Ejecutivo o que las pone a consideración de los otros órganos del Estado.
Hasta el momento, el Presidente, Vicepresidente y los ministros que deberían formar parte de un equipo político no han dicho nada oficial sobre el zarandeado proyecto de Ley y ese silencio colectivo puede deberse a que se trataría de una iniciativa del Ministro de Gobierno que cobró notoriedad en el último tiempo y está buscando incrementar sus bonos en el Poder Ejecutivo y ante la cúpula del masismo poniendo bajo su control político al conjunto de la Policía, ya no solamente al alto mando.
Los policías que se amotinaron en los gobiernos de Hugo Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morales pasaron del rechazo a lanzar advertencias en clave. “Pedimos a todos los camaradas del país, levantar la voz de protesta y llevar a cabo las acciones que en las próximas horas darán las directivas de Anapol a nivel nacional y las promociones 90, 91, 92. No podemos permitir que estos individuos atenten a la integridad de nuestra institución policial y su estructura”, dice un comunicado de los uniformados.
Los integrantes de esas tres promociones, que en este momento están empezando a ejercer como coroneles efectivos o que se preparan para hacerlo, podrían irse a su casa sin cumplir los cuatro años con ese alto grado policial, mientras que los genuflexos con el poder ingresarían a la carrera de generales en busca de uno de los tres tipos de estrellas doradas.
Quintana, ex militar adiestrado en la Escuela de las Américas, fue implacable al criticar la torpeza del gobierno de Arce de multiplicar los generales en la institución encargada de la seguridad interna del país porque, además de “premiar” la insubordinación en la rebelión ciudadana de 2019, se dio cuenta que se busca copiar la composición civil-militar del alto mando de las Fuerzas Armadas.
El artículo 19 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece que el Alto Mando Militar está compuesto por el Presidente, Ministro de Defensa, Comandante en Jefe, Jefe de Estado Mayor y los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval y las razones para que sea así tienen que ver con la defensa del Estado en conflagraciones bélicas y los necesarios lineamientos políticos y estratégicos. En cambio las motivaciones para que se incorpore a un civil en la cúspide el alto mando policial son el revanchismo y el escarmiento, paradójicamente a través de un premio.
En dos semanas, cuando la Asamblea Legislativa, particularmente el Senado, retome sus actividades legislativas sabremos si el gobierno modifica el contenido del proyecto de Ley de Carrera de Generales y Ascensos en la Policía haciendo concesiones en una u otra dirección o, por el contrario, dispone que el documento quede archivado en algún escritorio del Legislativo, como ya ocurrió con otras normas que provocaron rechazos. En cualquiera de esos escenarios, será más evidente para el país que la administración de Arce es como una hoja movida por el viento.
Este artículo fue publicado originalmente en Cabildeo el 27 de junio de 2021.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
