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Hace 19 años un sistema político y económico cayó, en parte porque se quedó sin aliados. Como receta inversa, el sistema levantado a partir de 2006 se basa en cooptar aliados sociales, de modo que ya casi no caben los intereses de todos (pienso en las recientes protestas de los mineros de Colquiri y Huanuni, por ejemplo). El aparato corporativo nacional fue conectado al Estado, con la esperanza de que deje de resistirlo y más bien lo consolide. El excedente del gas permitió, además, sumar esos aliados sociales.
El sueño funcionó, aunque a veces tenga los tintes de una pesadilla. Las organizaciones sociales postulan magistrados judiciales, productores de fallos obedientes; y a veces actúan también como agencias de empleos públicos o de adjudicación de contratos estatales. De un sistema político asediado pasamos a otro pletórico de soportes, pero que económicamente se asfixia. La inversión privada es nimia y la pública cada vez más onerosa, con déficits fiscales crónicos.
Desde 2006 la reacción frente a la actividad privada fue inversa a la del sistema previo. Así, si las AFP manejaban las pensiones, la nueva Constitución dictó que la seguridad social sería administrada por el Estado y jamás concesionada o privatizada. La Constitución de 2009 instaló el clima político y social de un momento como medida del futuro, cualquiera que fuese.
Si antes los sindicatos objetaban la libre contratación laboral, ahora la estabilidad laboral es una garantía vitalicia de empleo, mientras el trabajador no diga lo contrario. La estabilidad laboral castiga, así, la creación de empleo formal.
Las empresas medianas y pequeñas están condenadas a mantenerse enanas o a contratar empleo en negro, ilegalizándose. A la vez, los pocos actores formales grandes consolidan sus ventajas: es imposible que actores medianos y pequeños les compitan. Para hacerlo, necesitarían fuerza de trabajo añadida, que viene en condiciones prohibitivas. Los sindicatos han permitido, paradójicamente, apuntalar la economía informal y, ¡eureka!, asegurar el reino de los pocos actores económicos grandes. Por ejemplo, una cervecería artesanal tiene menos opciones de competir con “la” cervecería; las exigencias de la legislación laboral funcionan como una de las vallas de su ingreso competitivo al mercado.
Y ahora el excedente del gas se encoge. El supuesto de este negocio era que a Bolivia le sobrara gas para vender a la región y más allá. Aunque desde los años 2003 en adelante los cambios tributarios fueron comunes en el mundo a favor del Estado, en Bolivia se optó por juquear el negocio. Se castigaron las nuevas exploraciones con menos réditos, para no hablar del recargo a los pozos medianos y pequeños, sujetos a la misma cuota tributaria de los grandes y condenados así a su inviabilidad.
Pero como en el caso de la creación de empleos formales, nuestra opción es hacernos los suecos de la toxicidad de una economía en aquel estado. La burocracia política y la sindical pueden inflar el pecho por sus logros “históricos”, pero los demás pagamos sus costos ocultos, también “históricos”.
De un emporio del gas, ahora somos modestos proveedores de Argentina y Brasil. Y pronto ya no venderemos gas, sino que lucraremos de alquilar nuestros ductos para la exportación de gas argentino a Brasil. Somos ya un país más supeditado a nuestros dos grandes vecinos, que se turnan en ser nuestro eje de influencia. Esa hermandad sudamericana tiene cargas, pero preferimos no verlas.
Y así, el modelo se nos muere. Pero es difícil asumirlo porque vivimos aún el trauma de 2003. Las medidas de mercado suenan reaccionarias, cuando en realidad son necesarias, con los arreglos políticos que la realidad ordene, porque no hay salidas económicas alternas para el país. Lo que en 2003 era pasado, quizá ahora es futuro, como tantas veces en la calesita boliviana entre capitalismo de Estado y liberalismo sucesivos. Pero para que el cambio no sea brutal se requiere operarlo ya, aunque sea cómoda la inercia de vivir como si la coyuntura de 2003 no fuera un tema de hace ya veinte años.
