Opinión

El órgano electoral tomado por la ilegalidad

Eric Cícero Landívar Mosiño

Abogado y Politólogo. Magister en Derecho Constitucional y Autonomías. Experto en materia electoral

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Lamentablemente para los bolivianos, ya no resulta extraño escuchar cuestionamientos referentes al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que desde su creación ha tenido diferentes actuaciones tristemente célebres.

El fraude electoral del año 2019, por el cual tuvieron que volverse a anular unas elecciones en nuestro país luego de 41 años, será algo que quedará marcado en nuestra historia. Pero el OEP (con diferentes actores) desde mucho antes demostró su subordinación al partido oficialista y su desapego a la ley. No por nada fue necesario renovar el Tribunal Supremo Electoral, máxima instancia del OEP, luego de las elecciones 2014-2015 y previo al referendo constitucional del 2016. A pesar de estos precedentes, actualmente no existen señales alentadoras que demuestren la voluntad para reconducir el OEP y dotarlo de imparcialidad y transparencia, sino más bien todo lo contrario.

La renuncia del ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, habilitó al presidente Luis Arce para designar a un nuevo vocal, tal como lo establece la constitución. Pero de manera sorpresiva, éste decidió designar a una persona que ya había ejercido el cargo de vocal, contraviniendo directamente el artículo 206 del texto constitucional y el artículo 12 de la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional. Ambas normas señalan que ninguno de los siete vocales que hayan ejercido este cargo pueden ser reelectos o postularse nuevamente para desempeñarlo otra vez.

Por otra parte, el presidente Luis Arce designó a vocales de los Tribunales Electorales Departamentales para reemplazar a los designados por la expresidenta Jeanine Añez, sin que en todos estos casos haya existido una renuncia previa o acefalía en el cargo. Cabe señalar, que la facultad de designación que posee el presidente del Estado no significa que tenga también la capacidad de removerlos, puesto que más bien la Ley N° 018 les garantiza su inamovilidad y establece los casos en los que se puede dar la conclusión o pérdida de sus funciones.

Pese a la claridad de las citadas normas, hasta ahora no ha habido ninguna explicación del por qué se las ha pasado por alto. La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) ha manifestado su preocupación por esta situación. Pero más allá de este pronunciamiento, hasta donde tenemos conocimiento, ninguna instancia ha iniciado tampoco alguna acción para exigir el respeto a las normas.

Como señalamos al inicio del presente artículo, para los bolivianos ya no resulta extraño este tipo de accionar, pero tampoco debemos quedarnos indiferentes. Algunas personas pensaban que el presidente Luis Arce tendría una conducta distinta a la del expresidente Evo Morales, quien hizo de la desinstitucionalización y cooptación de los órganos del Estado una característica de su prolongado gobierno. Aparentemente, esta característica se extiende a todo el Movimiento Al Socialismo y sus “nuevos” actores.

Arce está demostrando que no solamente comparte la narrativa y lenguaje beligerante de Morales. Sino que con estas acciones da la señal de que tampoco estaría dispuesto a competir de manera equitativa y en igualdad de condiciones en las futuras elecciones nacionales, a pesar de haber sido electo por mayoría absoluta y en caso de que se postule a la reelección. O tal vez está acomodando el escenario para quien sabemos y conocemos está dispuesto a cualquier cosa con tal de hacerse con el poder, siendo necesario para este fin contar con el favoritismo de las autoridades electorales.

Cualquiera sea el caso, los bolivianos debemos estar atentos para no repetir lo acontecido el año 2019. Pero lo ideal sería actuar con anticipación para no llegar nuevamente a situaciones extremas. Por eso es necesario que, ante la irregular designación de vocales electorales, se exija el cumplimiento y respeto de la Ley.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo

 


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Eric Cícero Landívar Mosiño

Abogado y Politólogo. Magister en Derecho Constitucional y Autonomías. Experto en materia electoral

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