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La principal preocupación en Bolivia en la actualidad ya no es la pandemia del coronavirus que infectó a 900.000 personas en dos años y mató a cerca de 21.500. Tampoco es la crisis económica que comenzó a evidenciarse después de 2015, concluido el ciclo de las vacas gordas, y menos aún la crisis política, todavía irresuelta producto del fraude electoral de 2019.
El carrusel de las crisis en el país no se detiene y lo que más preocupa ahora es la crisis de la justicia. No es que las otras hayan desaparecido, ni mucho menos. La crisis del sistema judicial se volvió en la preocupación número uno en el país por las arbitrariedades e ilegalidades que se cometen a diario, pero que quedaron absolutamente visibilizadas este año.
La primera ronda del Cuestionario Delphi encargado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, conocida como FES, recoge la opinión de 119 entrevistados, entre ellos actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos, y contiene datos que ya no pueden ser desdeñados por el Estado en torno a esta temática.
La crisis de la justicia preocupa al 57,1% de los entrevistados; el 79,5% está convencido de que no es independiente y el 97% tiene una baja y muy baja sensación de confianza en el Órgano Judicial. Además, el 96,6% considera que la reforma judicial es “muy importante” y el restante 3,4% “algo importante” dejando en cero a las opciones poco o nada importante.
El escepticismo, característico de los bolivianos, también se refleja en el estudio con un 43,6% que afirma que la Cumbre de Justicia anunciada para este mes, pero no concretada aún por el Gobierno, no ayudará en nada a la reforma judicial, mientras que el 37,6% dice que será interesante pero contribuirá poco.
Los datos del trabajo realizado entre el 4 de febrero y el 6 de marzo traen a la memoria la preocupante certeza de Diego García-Sayán, tras evaluar en el país el estado del sistema judicial boliviano, de que “la justicia está lejos de la gente” y que la única manera de revertir la situación es con un gran acuerdo nacional.
Y mientras se reflexionaba sobre a problemática desde distintas perspectivas, apareció una nueva perla de la justicia constitucional que declara inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales como candidato a primer senador del MAS en Cochabamba y ordena que se calcule una indemnización para compensar el lucro cesante.
El fallo del Tribunal Constitucional firmado por dos magistrados no podía ser más expresivo del sometimiento del sistema judicial a los intereses de políticos con poder y del abuso al disponer que Morales reciba una indemnización con recursos públicos que se generan a partir del pago de los impuestos y otros ingresos.
La primera ronda del Cuestionario Delphi patrocinado por la FES muestra a Morales como uno de los políticos más resistidos actualmente en el país. El 64% de los entrevistados cree que promueve el enfrentamiento entre bolivianos y solo el 1% piensa que impulsa el reencuentro. Además, junto con el líder de Creemos Luis Fernando Camacho, Morales acumula un 77% de imagen negativa y muy negativa entre los consultados.
Para resumir, los dos grandes datos del estudio apuntan a que la justicia (el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público) es lo que más feo huele en el país en este momento y que Morales es uno de los políticos con mayor desprestigio en la coyuntura nacional.
Puestas así las piezas, llama la atención que se hayan conectado con un fallo del alto tribunal que, violando la Constitución, avaló la reelección indefinida de Morales en 2017, burlándose de los resultados del referéndum del 21-F, y que se niega a anular esa aberración jurídica pese al pedido de instancias internacionales como el GIEI.
El fallo es de 2021 y se hizo público el mismo día en que el caudillo reunió a las seis federaciones cocaleras del Chapare para arremeter contra el Ministro de Gobierno que había denunciado el enriquecimiento de diputados y dirigentes a costa de la producción y comercialización de la hoja de coca, gran parte destinada al narcotráfico.
Fue cuestión de horas para que el repudio se generalice entre la gente, sobre todo por la acción de las redes sociales, ante una nueva afrenta de la justicia de tratar de reivindicar a Morales, de cara a las elecciones de 2025, y otorgarle un resarcimiento con recursos públicos.
La conexión entre la justicia podrida y el político desprestigiado se había materializado. Y Morales, que olfatea bien ese tipo de circunstancias, se apuró escribir en su cuenta de Twitter que no piensa cobrar la indemnización y volcó toda su presión en que se diga quiénes ordenaron y ejecutaron su inhabilitación como candidato.
El obsequio de un par de magistrados del Tribunal Constitucional terminó siendo un presente griego para Morales. La gente ve al Jefe del MAS como el político más favorecido por una justicia etiquetada de corrupta, ineficiente y sometida al poder político, y no ahorra sus críticas.
¿Fue casualidad? ¿Es parte de una estrategia política para sacar de juego a Morales? Mientras se buscan las respuestas, hay que estar atentos a nuevas escaramuzas internas en el oficialismo.
