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Santa Cruz es una historia de éxito por su crecimiento económico y su rápida modernización. Diría, incluso, el mayor éxito en la historia republicana de Bolivia. Para innumerables familias bolivianas la región cruceña es tierra de oportunidades. En las tres décadas recientes, Santa Cruz ha afianzado su centralidad económica en Bolivia; también es el poder geopolítico emergente. De hecho, las cuestiones más importantes de la política boliviana se libran, se dirimen o permanecen irresueltas en la pugna del poder central con el poder cruceño. Durante todo el período de gobierno del MAS, Santa Cruz ha sido el contrapoder efectivo y la trinchera más vigorosa de resistencia democrática, de manera que al autoritarismo gobernante le ha sido imposible imponerse totalmente. La fuerza económica, política y electoral de la región cruceña, lo ha impedido.
Sin embargo, la encomiable trayectoria cruceña no debe llevar al triunfalismo, a la autocomplacencia o a nublar la percepción crítica de sus problemas y debilidades. Debilidades que eventualmente podrían detener su ritmo de progreso y quizá, incluso, precipitar una crisis de desarrollo con efectos perniciosos para la sociedad cruceña y para toda Bolivia.
En los últimos años, y a la par con el decaimiento general de la economía boliviana, la actividad económica cruceña da muestras de cierta fatiga -ya no irradia el vigor de un tiempo anterior-. Tratándose de una economía agroexportadora, y que se desenvuelve muy condicionada por los precios de los commodities, Santa Cruz resiente el impacto de un entorno externo muy volátil. Las instituciones cruceñas, a su vez, acusan un notorio desgaste, producto, al menos en parte, de las secuelas que ha dejado el prolongado conflicto del Censo de fines de 2022, cuando la región protagonizó un paro de más de 30 días continuos. Me refiero al descabezamiento de su gobernación, las tensiones internas en el movimiento cívico y en otras organizaciones de la sociedad civil, la frustración y escepticismo que se perciben en sectores de la ciudadanía respecto del rumbo y el papel que debe jugar la región; todo lo cual debilita la fuerza cruceña y abona a una crisis de representación regional.
Es notorio que el gobierno departamental, lo mismo que las autoridades municipales, tienen muchas dificultades para garantizar el orden, atender demandas, prevenir y resolver conflictos. Las cifras récord de bloqueos de caminos dan una medida del clima de conflictividad que se ha apoderado de la región. Como consecuencia, Santa Cruz puede estar en riesgo de perder la que ha sido por mucho tiempo una de sus fortalezas: la estabilidad social y laboral, un ambiente de negocios previsible, la seguridad y el orden político. Es innegable, por otro lado, que muchos conflictos son alentados por grupos alineados con el MAS, y hasta por el mismo gobierno nacional, en un evidente afán desestabilizador de la institucionalidad cruceña.
Es posible, también, que el “modelo cruceño” esté atravesando un momento de reflujo. El crecimiento del PIB regional se ha ralentizado, lo que implica que se genera menos riqueza y menos puestos de trabajo. En contraste, las necesidades sociales aumentan incesantemente con el crecimiento poblacional y la expansión vertiginosa de las zonas urbanas, particularmente del área metropolitana. Ya a mediados de la década anterior, un diagnóstico de Cainco (Desafío XXI SCZ, 2016) advirtió acerca de la necesidad de encarar desafíos cruciales para un nuevo ciclo de desarrollo regional. Entre estos desafíos está un menor ritmo de inversiones productivas, el retraso en proyectos de infraestructura y servicios básicos, la insuficiente dotación de capital humano (acentuado por un sistema educativo de baja calidad), el deterioro ambiental y de la biodiversidad, los escasos avances en la digitalización y en un ecosistema de innovación, así como la falta de entidades financieras capaces de democratizar el crédito; además de las falencias del sistema político regional para promover un entorno de desarrollo sostenible e inclusivo. En la actualidad es evidente la persistencia de importantes escollos para la diversificación económica y para mejoras de productividad que, además, permitan elevar el estándar de bienestar de la población. A juzgar por los resultados, se puede decir que los avances en esas áreas son relativamente modestos. La agenda de innovación y transformación productiva, para expandir la capacidad de producción con mayor valor agregado y lograr exportaciones más competitivas es una asignatura pendiente.
Naturalmente, no se puede ignorar la incidencia de factores externos. La concentración de poder y el verticalismo de la política de gobierno es una piedra en el camino del progreso cruceño. Los actores regionales deben lidiar con las restricciones a la libertad económica, la inseguridad jurídica, las ocupaciones de tierras y la acción corrosiva del partido gobernante. Sortear estos obstáculos no es una tarea fácil, y no siempre se consigue. Otro de los contratiempos es el débil acompañamiento de las otras economías departamentales que han quedado relegadas en el proceso de desarrollo. La producción cruceña depende mucho del mercado nacional y, por ello, la situación de inercia y rezago que caracteriza a las otras regiones del país es una limitante al dinamismo económico cruceño.
Pero también cuentan los adversarios internos. La situación política de Santa Cruz sugiere un resultado paradójico de la democratización regional y quizá, también, del proceso (incompleto) de autonomía territorial. La gente sufraga y elige a sus autoridades, pero los poderes constituidos son menos representativos, transparentes y eficientes. Se ha ganado en autonomía política y administrativa, pero se ha perdido en compromiso cívico, en competencias técnicas y en acuerdos y consensos alrededor de las políticas públicas. Las estructuras regionales y locales destacan más por su frágil capacidad de gestión y gobernanza. El problema más álgido es el clientelismo, como forma de ejercicio del poder, y que va de la mano con el patrimonialismo; ambos son un caldo de cultivo de la corrupción. Por supuesto, no son males exclusivos de la política cruceña, y ni siquiera de la política boliviana; aunque, bajo el MAS, esa patología se ha exacerbado a extremos desconocidos.
Santa Cruz tiene pues un espejo donde mirarse. El clientelismo y el patrimonialismo están echando raíces en la política regional. Ello es más perceptible en ausencia de organizaciones políticas fuertes y estables y cuando la política transcurre alrededor de políticos que no se diferencian del viejo estilo caudillista y populista. La consecuencia es el mal gobierno, el vacío de liderazgo y la falta de orden y estabilidad; problemas estos que advierten de un incipiente desarrollo de las instituciones políticas que deben propiciar y sostener los cambios económicos y sociales.
Por suerte, Santa Cruz tiene una tradición de cultura cívica y sociedad civil activa; muchas de sus organizaciones repelen el clientelismo y resguardan su autonomía. Son aspectos prominentes para que, rescatando esa tradición, la región ponga freno a la degradación de su institucionalidad y rescate los valores cívicos, meritocráticos y participativos que han impulsado su progreso. Ello sería consistente con la necesidad de pergeñar, desde el oriente, un sistema de gobierno democrático más eficaz que el gobierno ineficiente del autoritarismo corporativo y populista.
