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Los avasalladores armados que tomaron Las Londras, como lo hicieron anteriormente con otras propiedades en el norte del departamento cruceño, y que secuestraron y torturaron a 17 personas hace casi un mes pertenecen al municipio de San Julián y sus comunidades.
Es la primera constatación tras el operativo fiscal-policial que se ejecutó este miércoles en la madrugada en la jurisdicción de San Julián, conocido como trinchera territorial del masismo, para intentar detener a los cabecillas del grupo irregular armado.
Después de haber mantenido como rehenes a periodistas, policías, propietarios y trabajadores de Las Londras por siete horas el 28 de octubre, los encapuchados descubrieron sus rostros y se fueron a la Notaría número 4 de San Julián para hacer notariar un acta en la que las víctimas reconocen a los avasalladores como únicos dueños del predio.
Se refugiaron en el lugar donde más seguros se encontraban: en el municipio de San Julián y sus comunidades. El paro multisectorial de los nueve días les favoreció porque evitó que se ejecuten cuatro órdenes de aprehensión y abrigaban la esperanza de que el caso pueda pasar al olvido.
La segunda constatación, preocupante por cierto, es que al parecer la ley que impera en San Julián y sus alrededores es la de las armas en manos de los avasalladores y secuestradores.
Dispararon e hirieron a policías en anteriores avasallamientos, dispararon e inutilizaron vehículos y equipos de prensa en el secuestro de Las Londras y este miércoles dispararon a fiscales y efectivos del orden para intentar rescatar a Heber Sixto Canaza, supuesto cabecilla presentado en Santa Cruz, para que otros cabecillas puedan huir.
La violencia y el amedrentamiento son los principales recursos del grupo armado. Los usaron en las tomas de tierras, en el secuestro de Las Londras y este miércoles en la toma ilegal de la Estación Policial Integral de San Julián.
La tercera constatación, más alarmante, es el abierto temor del Estado para poner en su lugar a grupos armados que operan en trincheras territoriales del partido de gobierno, aunque visto desde otra perspectiva, puede ser también una línea de protección. Repasemos.
El mismo día del secuestro y torturas en Las Londras, un contingente numeroso de policías fue desplegado al lugar porque habían recibido la denuncia de quienes lograron escapar de los plagiarios. Sin embargo, una contraorden hizo que los buses y camionetas dieran marcha atrás y volvieran a Santa Cruz de la Sierra.
Al día siguiente, el sinuoso director departamental del INRA, Adalberto Rojas, apareció en Las Londras para conversar y compartir un almuerzo con los avasalladores y secuestradores, que declararon públicamente que se pretendió dar un “susto” a periodistas, policías y civiles.
El Ministro de Gobierno y el Comandante de la Policía hicieron lo suyo en el intento de relativizar el secuestro, hasta calificarlo como un “altercado”.
Este miércoles surgió otra señal de que San Julián debe ser tratado con guante blanco. Un parte policial de las 10:00, un documento oficial interno de la Policía, al que accedió El Deber, señala que el teniente coronel Ninanor Curcuy, comandante de la Estación Policial atacada en ese municipio cruceño, había sido tomado como rehén.
Lo mismo ocurrió con el Comandante de la Policía en la Chiquitania que quiso dialogar con el grupo armado en Las Londras y terminó golpeado, humillado y secuestrado, al igual que otras 16 personas.
Pese al parte policial, tanto el Comandante Departamental de la Policía en Santa Cruz como el Ministro de Gobierno aseguraron en declaraciones públicas y a través de mensajes de Twitter que el jefe policial de San Julián no fue secuestrado.
Cuesta creer en las afirmaciones de ambas autoridades porque se nota que el secuestro es un modus operandi del grupo irregular armado que opera en y desde San Julián, tanto así que parece que su principal secuestrado es el pueblo de San Julián y no se ve que el Estado tenga voluntad para liberarlo.
