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La contundente victoria por el rechazo a un nuevo texto constitucional en Chile, elaborado por la mayoría de la Convención Constituyente, marca un freno a la ola populista en América Latina, y un punto de inflexión que establece una barrera importante para quienes manipulan el malestar social a fin de impulsar constituciones que favorezcan la concentración autoritaria del poder, destruyen los fundamentos de la institucionalidad democrática y sientan las bases para el prorroguismo en el gobierno.
Es un mensaje claro de reivindicación de la democracia, republicana y representativa, sujeta al estado de derecho, que es la garantía frente a las tendencias que procuran la hegemonía política permanente, desconociendo los limites al poder que constituyen la esencia de una verdadera democracia y las garantías a las libertades y derechos de los ciudadanos, frente a la pretensión de construir un estado todo poderoso en el cual las personas sean unas simples piezas al servicio de quienes gobiernan.
Afortunadamente para Chile, el rechazo implica una posición categórica de la gran mayoría de los ciudadanos que le dicen al sistema político que no están dispuestos a vivir en un país en el que se establezcan distintas categorías de ciudadanos, en el que se eliminen las bases de la independencia judicial, se socaven los cimientos de la representación democrática y en el que se utilice el cambio constitucional para asegurar la permanencia del oficialismo en el gobierno.
Y es que, en todos los casos de las constituyentes realizadas en la región, en los últimos veinte años, más allá de las causas sociales con las cuales se pretende justificar la refundación constitucional, en realidad lo que buscan quienes detentan la mayoría en la constituyente es el desmantelamiento de los límites institucionales al abuso del poder, como, por ejemplo, la prohibición de la reelección presidencial establecida para asegurar la alternancia en el poder, sin la cual la tendencia al autoritarismo es inevitable en los sistemas presidencialistas.
En el caso del texto constitucional chileno, que ha sido rechazado, a diferencia de la constitución actual en la que se prohíbe la reelección presidencial inmediata, se introducía la figura de la reelección, se eliminaba el Senado, el cual constituye un importante factor de equilibrio democrático, y se alteraban las bases para la conformación del poder judicial, entre otras disposiciones que seguían el libreto ya conocido para concentrar el poder alrededor del partido que detenta la primera mayoría.
Como los bolivianos hemos aprendido en los últimos años, más allá de las banderas ideológicas y las narrativas discursivas con la que se presentan los proyectos refundacionales, en realidad a este tipo de proyectos de poder, no tienen como razón de ser causas como la reivindicación indígena o una verdadera lucha contra la pobreza, sino que son esencialmente proyectos de perpetuación en el gobierno, con democracias desinstitucionalizadas en las que desaparecen los factores de equilibrio, representación e inclusión para el conjunto de la ciudadanía.
Esto no debe negar el reconocer que el malestar ciudadano existe y que se debe entender sus causas para darles respuestas, sin que ello implique destruir las instituciones democráticas y adoptar camisas de fuerzas constitucionales que condenen a un país a la permanente confrontación social, a la corrosión institucional y al retraso económico.
Es, en estos momentos especiales de la historia, cuando el voto ciudadano le da a los dirigentes y gobernantes la oportunidad y el mandato de buscar concertar las bases fundamentales de la convivencia en común, en los que el diálogo democrático debe orientarse por la apertura al debate de las reformas legales necesarias, en el marco de la moderación y alejados de las imposiciones populistas, verdaderas fuentes de radicalismos excluyentes que apuestan a la polarización y la confrontación permanente.
Será el pueblo chileno, y sus instituciones, el que deberá procurar encontrar los caminos hacía la recuperación de su estabilidad democrática, solidez institucional y convivencia pacífica después de tres años de violencia promovidas por quienes desean imponer su visión hegemónica y a quienes con el voto por el rechazo, una mayoría ciudadana le ha dicho No.
