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“Es la economía, estúpido” es la frase que marcó la campaña en la que Bill Clinton le arrebató la presidencia H.W.Bush en las elecciones de 1992. La tomo prestada para argumentar por qué movilizarnos para recuperar una justicia independiente debería ser el norte de los bolivianos que queremos vivir en un país democrático, autonomista y que genere oportunidades para todos.
Si bien es cierto que hay otros temas en la agenda política nacional, como el censo, el pacto fiscal, la corrupción, el modelo económico o el narcotráfico que deben ser tratados de manera impostergable, estoy convencido que darle prioridad a la justicia no atrasará, por el contrario, allanará el camino de los temas subyacentes.
La principal razón es la democracia, bajo el entendido que la separación de poderes es una de las bases fundamentales en un sistema de gobierno democrático, cuya visión de pesos y contrapesos está concebida precisamente para evitar que uno de los poderes del Estado incline la balanza a su favor. No nos olvidemos que fue justamente la defensa de la democracia la razón por la cual los ciudadanos salimos a las calles reclamando que se respete nuestro voto. Sin embargo, la democracia por la que luchamos estará incompleta mientras no tengamos una verdadera separación de poderes. Ya recorrimos la mitad del camino nos falta llegar hasta el final.
En consecuencia, recuperando la separación de los poderes del Estado, es decir recuperando la independencia del Órgano Judicial, pondremos un freno a los abusos y arbitrariedades del gobierno, por ejemplo, asegurando un juicio justo que respete la presunción de inocencia de la ex presidente Añez, cuyo único pecado fue darle una salida democrática a la crisis nacional de 2019. A ella no la procesan por corrupción, no la procesan por haber sido Presidenta/Candidata, la procesan por haberle arruinado los planes a un Ex Presidente cuyo plan era generar un estado de ingobernabilidad que propicie su retorno.
Una justicia independiente también servirá para que quienes denuncian la corrupción del gobierno no terminen condenados a pena de muerte como lamentablemente le pasó al ex director del Fondo Indígena Marco Aramayo. Con una justicia independiente, son los corruptos los que van a la cárcel y no al revés.
Una justicia independiente también servirá para que los bolivianos recuperemos el tutelaje de nuestros derechos por la vía judicial. ¿De que sirve tener un censo que determine una nueva composición geográfica y con ello una recomposición en la distribución de los recursos económicos y escaños parlamentarios si luego la falta de voluntad política del gobierno aplicará la chicana burocrática para impedir que se efectivicen estas medidas? Nuevamente el antídoto será acudir ante la justicia independiente para que, mediante una acción constitucional se ordene cumplir con lo que la ley manda.
Sucede lo mismo con el Pacto Fiscal, cuyo único fin es el de distribuir de una manera más equitativa los ingresos recaudados por el Estado. Mientras más recursos tengan los departamentos, más posibilidades de desarrollo tendrán y serán menos dependientes de las políticas públicas de un nivel central del Estado encaprichado en concentrar el Poder. La autonomía, en esencia, es la descentralización del poder. Una vez más, se puede recurrir ante un Tribunal Constitucional independiente para que, a través de una Acción de Cumplimiento, se ordene la ejecución de un pacto fiscal tal cual lo establece la Ley Marco de Autonomías promulgada en 2013.
Es previsible que el gobierno no tenga una verdadera intensión de entregar el control de la justicia a manos independientes, pero el poder no se otorga, se quita.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
