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Por Daniel Lacalle1
El aumento de deuda de España es especialmente preocupante, ya que ocurre en medio de un periodo de ingresos fiscales récord y con los compromisos de gastos extraordinarios cayendo a plomo desde hace más de un año y medio. El gobierno de España incumplirá su propio objetivo de deuda y mantiene el aumento de gasto a pesar de que han desaparecido la inmensa mayoría de los compromisos extraordinarios de 2020.
La deuda, según el protocolo de déficit excesivo se sitúa, según el Banco de España, en 1.475 mm de euros, el 116,8% del PIB nominal, en junio de 2022.
El gobierno ya incumple su propio objetivo para 2022 de alcanzar una deuda sobre PIB de 115,2% y eso que los ingresos fiscales se han disparado un 16,9% en términos homogéneos en el primer semestre, según la Agencia Tributaria.
El endeudamiento, además, es muy superior. Si consideramos los pasivos totales incluidos créditos y compromisos crediticios y deuda en manos de otras administraciones públicas, el Banco de España refleja una cifra aterradora.
La deuda total, es decir, los pasivos totales en circulación, en el primer trimestre de 2022 suman más de dos billones de euros. 2.001.435 millones de euros. Eso hace que la deuda incluyendo todos los pasivos sobre PIB vaya camino del 150%.
En 2021, con todos los vientos de cola, el PIB rebotó un misero 5% y la deuda aumentó un 6,1%. El Gobierno de Sánchez ha fiado la consolidación presupuestaria a las subidas de impuestos y solo ha conseguido aumentar la deuda. Un aumento de deuda pública de más del 23% en tres años para conseguir la peor recuperación de la Eurozona, según los propios datos de la Comisión Europea.
La deuda de las Administraciones Públicas aumenta un 3,6% interanual en los primeros seis meses de 2022 y las estimaciones más optimistas no consideran más de un 4,5% de rebote de PIB real en 2022. El gobierno de Sánchez ha aumentado en 1,4 euros la deuda por cada euro de rebote de la economía. Es decir, España no crece, se endeuda.
A pesar de contar con ingresos fiscales récord y muchos menos gastos extraordinarios, el gobierno mantiene un déficit del 5,4% del PIB, el segundo más alto de las grandes economías de la Unión Europea. Reducir el déficit no es reducir la deuda, es cavar el agujero igual pero un poco más lento.
Disparar el déficit del 3,06% del PIB al 10,27% y luego “bajarlo” al 5,4% dos años después y contando con ingresos récord no es reducir el déficit, es una locura.
En cuanto se desvanezca la ilusión tributaria que supone no deflactar los impuestos a la inflación –que infla los ingresos– y se ralentice más la economía, el déficit subirá.
El gobierno ha disparado los desequilibrios estructurales y aumentado el déficit estructural a más de 50.000 millones de euros. Eso significa mucha más deuda a futuro, mayores recortes y menor crecimiento.
Más deuda supone mayores recortes, menor crecimiento y mayores impuestos a futuro. La deuda barata no es un chollo. Y sí, la deuda se tiene que pagar.
Muchos argumentan que la elevada deuda no es un problema porque otros países también la tienen y porque el estado no es una empresa y no tiene que repagar las deudas porque puede refinanciarlas eternamente. Ese argumento parte de una falacia: refinanciar es repagar y volver a emitir. Refinanciar es caro y más difícil si nuestra solvencia y credibilidad se pone en duda con políticas equivocadas.
El déficit no es una ayuda del estado a empresas y familias ante eventos exógenos. Es la constatación de la falta de capacidad de administrar del gobierno. El sector público no regala nada al sector privado. El sector público vive de las empresas y familias y se endeuda con los ingresos futuros de esas empresas y familias.
El que dice que el estado se puede endeudar sin problema y no como una empresa o una familia lo que le está diciendo a usted es que el estado tiene el poder para subir nuestros impuestos y destruir el poder adquisitivo de la moneda creando inflación, y eso le da mayor capacidad de financiación. Sin embargo, es falso. Un estado que esquilma a impuestos a su sector productivo y destruye el poder adquisitivo de salarios y ahorros con la inflación no tiene mayor capacidad de financiación y refinanciación, sino que se lleva a la economía del país a un agujero insostenible. Que esa insostenibilidad pueda durar varios años no significa que no sea insostenible. Es peor, que dure un tiempo solo disfraza el riesgo, no lo elimina.
Es un problema que ya critiqué en 2012, 2014 y 2016 y que no se va a poder solucionar con gradualismo.
El próximo gobierno no va a poder acudir al gradualismo y esperar que el crecimiento solvente problemas estructurales de semejante calado.
El próximo gobierno va a tener que implementar un plan de choque para reducir la deuda en términos absolutos y cercenar el déficit y hacerlo sin subir los impuestos a los ciudadanos y empresas que han visto su esfuerzo fiscal aumentar con el gobierno de Sánchez. Ese plan de choque debe incluir la venta de inmuebles innecesarios y empresas que no deben permanecer como entes estatales además de un recorte serio de duplicidades y gastos innecesarios y subvenciones fantasma.
Van a tener que administrar sin expoliar a los ciudadanos y empresas que son los que han sido maltratados en esta crisis. Y no les van a valer las esperanzas de que “la confianza” va a cambiar el rumbo de las cuentas públicas o que los gastos no van a tocarse.
El próximo gobierno va a tener que hacer los deberes de cinco años en uno porque, si no lo hace, pasará lo mismo que ocurrió en la anterior administración. Le culparán del aumento de endeudamiento, de mantener el gasto inútil y de subir los impuestos. Y el próximo gobierno no va a tener el lujo de ser la única alternativa al actual. Si no se toman la deuda y el déficit en serio administrando y no subiendo impuestos, les será muy difícil revalidar la confianza.
1Daniel Lacalle es economista jefe de Tressis y profesor de IE Business School y del Instituto de Estudios Bursatiles de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de La Gran Trampa, Viaje a la Libertad Económica y otras obras, varias traducidas al inglés, chino y portugués y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino.
*Este artículo fue publicado originalmente en elcato.org el 29 de agosto de 2022
