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Los fuertes remezones económicos, las crecientes protestas sociales y las permanentes disputas políticas, sobre todo las internas, tienden a agudizarse en el corto plazo y pueden causar en el país un desorden mayor, el temido descontrol.
El gobierno de Luis Arce ha mostrado poca capacidad para encarar y resolver los problemas en esas facetas, aunque la primera reunión del Presidente con la cúpula de los empresarios es una señal positiva.
La estrategia gubernamental en tiempos de vacas flacas marcha en dos vías. Por un lado, se muestra diálogo con los afectados por las turbulencias económicas y sectores movilizados por reivindicaciones concretas. Por otro lado, se prepara un escenario en el que los conflictos pueden ser aplacados con el uso de la fuerza.
Fuerza policial para la represión en las calles, fuerza normativa que atenta las libertades colectivas, fuerza judicial para la persecución de quienes se oponen al Gobierno y fuerza social con la movilización de organizaciones cooptadas por el poder.
Los objetivos en este segundo escenario son por ahora los maestros urbanos en pie de lucha, jubilados y otros sectores que rechazan que el Gobierno eche mano de los recursos de las pensiones desde la Gestora Pública, periodistas, gremiales, evistas y sus recurrentes denuncias de corrupción y protección al narcotráfico, y de paso las oposiciones partidarias.
Mientras se publicita las reuniones de las autoridades del Gobierno con quienes eran despreciados y señalados de realizar acciones desestabilizadoras y conspirativas, la Policía se prepara con todo para posibles días de convulsión social.
La rotación de comandantes departamentales en el eje (de Santa Cruz a La Paz, de La Paz a Cochabamba, y de Cochabamba a Santa Cruz), la designación de Johnny Aguilera como Viceministro de Régimen Interior y la adquisición de material antidisturbios por 8.000.000 de dólares apuntan a que la represión espera a la vuelta de la esquina.
Más allá de que la compra de gases lacrimógenos fuera realizada a una empresa involucrada en sobreprecios y pago de coimas durante el gobierno transitorio, el gasto millonario no es para que las cápsulas sean guardadas en unidades policiales hasta quedar inservibles. Es para el uso contra la población movilizada.
En el ámbito normativo, se trata el proyecto de Ley 304 de arbitraria y peligrosa regulación del uso de las redes sociales y el proyecto de Ley 305 que penaliza el trabajo de los periodistas sometiéndolos a tribunales ordinarios pese a que la Ley de Imprenta está vigente y constitucionalizada, y la autorregulación y los tribunales de imprenta están funcionando.
Ambos proyectos normativos violan las libertades de expresión y de prensa, pero además proponen penas de hasta siete años de cárcel para ciudadanos y periodistas sobre la base de criterios ambiguos y subjetivos de fiscales y jueces sometidos al poder político. Pero, el paquete antidemocrático incluye otras normas.
Si bien la Asamblea Legislativa decidió congelar por el momento el proyecto de Ley 280 que criminaliza la protesta social e impone nuevas figuras penales con la excusa de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, el Ejecutivo aprobó un decreto que permite el inmediato congelamiento de cuentas y bienes de bolivianos, aunque se asegure que “sólo se aplicará a los buscados en el mundo por terrorismo”.
El tercer mecanismo para aplacar los conflictos es la utilización del sistema judicial para el procesamiento penal de dirigentes sociales, cívicos y partidarios, además de representantes ciudadanos y de gremios específicos como el de la prensa, a fin de generar miedo en el conjunto de la población.
Los primeros encausados en esta arremetida política con disfraz judicial son los líderes del paro de 36 días en Santa Cruz por el Censo nacional que han sido citados a declarar por una demanda presentada por la Central Obrera Regional de El Alto, a miles de kilómetros de donde se realizaron tres multitudinarios cabildos y un paro cívico de más de un mes.
Tras el apresamiento de Luis Fernando Camacho en diciembre de 2022, ahora Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan son investigados por una decena de delitos que anticipan un largo y tortuoso proceso judicial.
No habría que descartar que si el grupo de juristas independientes que impulsa el referéndum de reforma judicial no consigue el objetivo de reunir 1,5 millones de firmas, algunos de sus integrantes podrían comenzar a ser notificados con denuncias de distinta índole, tras haber desafiado el ignominioso sistema de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
Finalmente está la movilización de las organizaciones sociales sumisas al oficialismo, articuladas por dirigentes prebendales, que siempre están dispuestas a enfrentar a los sectores que demandan atención del Gobierno, más aún si la difícil situación económica se agrava y las reivindicaciones se multiplican.
El Gobierno ya demostró en el paro de los 36 días en Santa Cruz que sus organizaciones sociales, agrupadas en el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana, combaten sin escrúpulo alguno las protestas de sus pares y de esa manera ganan mayor influencia y presencia en el esquema gubernamental.
A no dudarlo. Están preparando el garrote en sus diversas formas. Hay que enfrentarlo en unidad y con un mínimo de coordinación entre los sectores, evitando caer en la trampa de las maniobras discursivas en sentido de que la economía está estable, las normas objetadas no están en la agenda legislativa o que el diálogo es la varita mágica para resolver los conflictos actuales y los que vendrán a corto plazo.
La preparación del uso de la fuerza es también una muestra de debilidad que puede acrecentarse si la situación económica y política se torna crítica en el país y se transforma en un callejón sin salida.
