Estatismo y energía en Latinoamérica
Gabriela Calderón de Burgos destaca los logros de las reformas energéticas en América Latina en la década de los noventa.
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Por Gabriela Calderón de Burgos1
Jaime Millán, quien se desempeñó como economista especializado en energía para el Banco Interamericano de Desarrollo, publicó en 2006 un libro analizando el éxito de las reformas energéticas implementadas desde los noventa en América Latina.
Por reforma, Millán se refiere en su libro a la transición desde un monopolio estatal verticalmente integrado hacia distintos modelos con participación privada en la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Si bien el pionero regional en esta reforma fue Chile, luego siguieron detrás de sus pasos Argentina, Brasil, Colombia y Perú. En cada caso, Millán destaca los aciertos y desaciertos. Luego de un compendio de expectativas de las reformas que no fueron satisfechas, Millán dijo:
“Después de leer este coro de lamentaciones un lector desprevenido podría coincidir con los críticos en que la reforma ha sido un fracaso y que sería mejor regresar al modelo estatista. Sin embargo, los defensores de esta interpretación extrema se olvidan convenientemente de analizar las razones que llevaron al fracaso del modelo estatista en muchos países”.
¿Por qué fracasó? No se recuperaban los costos de operación y los gobiernos no lograron evitar caer en la tentación de utilizar las empresas estatales para propósitos distintos a la estricta provisión de servicios. En otras palabras, hubo dificultad controlando la corrupción y politización en la administración de dichas empresas. Además, las empresas se volvieron una carga para gobiernos en apuros por deudas heredadas de los experimentos de planificación central que se implementaron en gran parte de la región desde los sesenta.
El modelo estatista colapsó cuando se acabó la bonanza de materias primas y se cerraron los mercados de capitales a la mayoría de los gobiernos en la región. Millán luego enumera los logros de las reformas de los noventa:
- Participación del sector privado: “Entre 1990 y 1999 el sector privado invirtió US$16.000 millones en nueva capacidad y al final del período las amenazas de cortes del suministro eléctrico se habían reducido en casi todos los países”.
- Mejoras en eficiencia: “La mayoría de las empresas distribuidoras privatizadas aumentaron sustancialmente su eficiencia con la eliminación de las pérdidas técnicas y no técnicas, reduciendo el exceso de personal y ofreciendo a la vez un servicio de mejor calidad…Por ejemplo, CODENSA, la distribuidora privatizada de Bogotá, disminuyó sus pérdidas a casi la mitad, del 24% al 12,5%; aumentó la cantidad de clientes por empleado, de 800 a 1.900, y redujo la frecuencia de apagones y el tiempo promedio de cortes de suministro en más del 30% en sólo dos años y medio”.
- Precios: “Los precios al por mayor también han disminuido en los países donde se ha introducido la competencia, hasta el 30% en Argentina y el 20% en Colombia”.
- Finanzas públicas: “Los gobiernos en general se beneficiaron de los ingresos que recibieron de las privatizaciones y del alivio fiscal que representó no tener que continuar financiando empresas deficitarias”.
Mientras el gobierno y la Asamblea siga pensando en las elecciones, sin comprender la gravedad de la crisis energética, no lograrán ni resolverla ni reelegirse. Las crisis suelen ser puntos de inflexión. Ojalá aprovechemos esta para acabar con el monopolio estatal.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 15 de noviembre de 2024.
1es Fellow en Estudios Latinoamericanos, editora de ElCato.org, y columnista de El Universo (Ecuador).
*Este artículo fue publicado en elcato.org el 15 de noviembre de 2024
