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Recordarán qué en febrero de este año el Relator Especial de las NNUU para la Independencia de Magistrados y Abogados Dr. Diego García Sayán, realizó a invitación del gobierno boliviano, una misión para “…examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, la situación de la administración de justicia”. En su informe final presentado en mayo a la Asamblea General (disponible en https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/ahrc5036add1-visit-plurinational-state-bolivia-report-special-rapporteur) empezó señalando que: a) La carrera judicial es muy débil dada la alta proporción de jueces transitorios, así como regulaciones y prácticas que afectan principios básicos como la inamovilidad y, que había constado que los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data, aún no han sido erradicados; b) Concluyó: (70) El principio de inamovilidad debe ser garantizado por el estado, lo que no debe entenderse como sinónimo de la renuncia a elementos sólidos de evaluación permanente que puede llegar a excluir de la carrera a quienes incumplen con sus deberes de administrar justicia. Se ha constatado, sin embargo, que no existe un sistema de evaluación establecido, público, transparente y predecible; por lo que recomendó: c) (116). “Se debe (…) regularizar a todos los jueces transitorios antes del final de 2022, por medio de un esfuerzo conjunto del Consejo de la Magistratura y la Comisión de la Ley núm. 898, llevando a cabo las pruebas de evaluación e idoneidad que garanticen la solvencia profesional y apego a los estándares democráticos de quienes pasarían a ser jueces titulares”.
Inmediatamente, quienes le invitaron, es decir los agentes del estado boliviano (del ejecutivo y judicial) juraron públicamente que cumplirían esas recomendaciones de la comunidad internacional representada por el sistema de NNUU, pues estaba en juego la fe del estado. Todo “nice”, hasta ese momento!!!. Empero: ¿Qué se ha hecho de real hasta hoy? Nada. Y es más, se hizo exactamente lo contrario, repitiendo aquellos vicios establecidos por el Relator. A las pruebas me remito:
En agosto, el Ministro de Justicia anunció arropado por los Consejeros que se procedería a la institucionalización de los aproximadamente 490 jueces transitorios (casi el 48% del total), pero… sorpresa, cuando el Consejo de la Magistratura percutió el proceso, le metió no más y en vez de cumplir con aquella taxativa recomendación (116) e incluso sus Leyes No. 025 del Órgano Judicial y 898 de Conclusiones a la última Cumbre de Justicia cuando taxativamente les ordenan evaluar (no convocar) a todos los jueces en funciones, aprobó un reglamento y convocatoria exactamente en contra de aquellas leyes y compromisos internacionales. Por si acaso, aquella ley, hasta se los describe con chuis en qué consiste esa evaluación: “Proceso mediante el cual se compara el desempeño de la servidora o servidor judicial con lo planificado en términos de idoneidad y eficiencia” (sic del art. 218.II). Es más, en ese interín los Consejeros fueron notificados expresamente para cumplir con la SCP No. 704/2020 S1 y su auto explicativo -por ellos, expresamente solicitado- del 13 de julio que les ordenan evaluar en Derecho a todos los jueces en funciones, sin importar su mecanismo de ingreso; pero le metieron no más exactamente en contra de todas esas obligaciones legales, incumpliéndolas flagrantemente.
Por si los dislates anteriores no fueran suficientes, los famosos audios recién difundidos -antes ya hubo otros, hoy impunes- demuestran más allá de duda razonable por declaraciones de su ex presidente (que uñas y todo sigue aferrándose de su cargo), que como se sabe en el foro, esos procesos son también otras estrategias envolventes, pues en la realidad los cargos no se deciden por idoneidad sino por su vergonzosa sumisión al poder político partidario (que los puso y mantiene en la pega), para sólo mencionar un factor (hay otros peores). Acciones constitucionales y retiros de postulaciones de por medio, el Consejo reculó, recurriendo al eufemismo de “suspender” su (ilegal) Convocatoria, añadiendo más inseguridad jurídica al sistema.
Así las cosas, nadie confía en el Consejo para realizar ese proceso y sus actuales Consejeros han perdido toda legitimidad (si la tuvieron, por su ingreso y desempeño) para hacerlo. Al final del día, todos esos factores han hecho que hoy el estado y la sociedad -que lo tolera, pues son nuestros empleados- haya nuevamente fracasado en avanzar hacia una carrera judicial que en alguna medida podría contribuir a lograr jueces independientes. Al Relator y a la comunidad internacional que representa, le urdieron otra estrategia envolvente más y, al soberano (a usted) lo propio. Pío BAROJA, sentenció: “A UNA COLECTIVIDAD SE LE ENGAÑA SIEMPRE MEJOR QUE A UN HOMBRE”.
