Escucha la noticia
Las democracias de Bolivia y Colombia han sido debilitadas desde adentro, no por golpes militares ni rupturas abruptas, sino por líderes que hicieron trizas sus instituciones para sostener proyectos personales. Evo Morales y Gustavo Petro comparten esa marca: gobernar desde la resistencia, tensionar las reglas y dejar como legado la ingobernabilidad. Ambos utilizaron las instituciones como instrumentos de poder y, cuando estas no confirmaron sus aspiraciones, las deslegitimaron hasta erosionar la confianza ciudadana. El marxismo funciona como justificación ideológica: extremar la contradicción, convertir la derrota en prueba de manipulación y sostener la idea de que la democracia liberal es insuficiente frente al “mandato popular eterno”.
En Colombia, Petro ha tensionado la institucionalidad al desconocer los resultados electorales, acusar fraude algorítmico y ordenar la suspensión de la transición con el presidente electo. Con ello golpeó la credibilidad de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral y del sistema de empalme administrativo. En Bolivia, Evo Morales forzó al Tribunal Constitucional a avalar su reelección indefinida, debilitó al Órgano Electoral Plurinacional y subordinó la justicia a su partido. En ambos casos, las instituciones dejaron de ser árbitros neutrales y se convirtieron en piezas de resistencia personalista.
El populismo es el hilo conductor. Petro y Evo se presentan como intérpretes únicos del pueblo, como caudillos que encarnan la voluntad popular frente a élites corruptas o poderes externos. Esa narrativa les permite justificar la desobediencia institucional: si el pueblo es soberano y ellos son su voz, entonces cualquier límite constitucional es ilegítimo. Petro ha convertido la transición en un acto de oposición, llamando a las bases a las calles. Evo transformó los bloqueos y cercos en herramientas de presión política. La resistencia no es coyuntural, es un estilo de gobernar con o sin bastón de mando. Ideológicamente, esto es extremar la contradicción en clave marxista: todo vale a la hora de evitar ser derrotados y desechados por las urnas.
El desgaste institucional es la consecuencia inmediata. La insistencia en narrativas de fraude y la manipulación de reglas constitucionales erosionan la confianza ciudadana. En Colombia, la idea de un fraude algorítmico sin pruebas debilitó la credibilidad del sistema electoral. En Bolivia, la reelección indefinida y la captura del Tribunal Constitucional dejaron una democracia marcada por la sospecha. En ambos países, se erosionó al Estado y se vació de contenido la democracia.
El narcotráfico ha sido un factor común de debilitamiento institucional y de financiamiento político. Bolivia padece la expansión del narco en el Chapare, donde la economía cocalera se convirtió en base social y política. En Colombia, Petro ha sido acusado de tolerar dinámicas de captura territorial que erosionan la capacidad estatal y permiten que grupos armados mantengan control sobre regiones enteras. El narco financia y debilita: convierte al Estado en un actor incapaz de regular y lo expone a la corrupción y la violencia. En ambos casos, la relación entre política y narcotráfico refuerza la lógica de resistencia y erosiona aún más la institucionalidad.
La búsqueda de definir el destino de sus pueblos es otra semejanza. Evo Morales se presentó como refundador del Estado boliviano en 2006, incluso a costa de la institucionalidad. Petro insiste en proyectarse como arquitecto del destino colombiano, cuestionando la legitimidad de su sucesor y trasladando la disputa electoral al terreno social. Más cómodos en la oposición que en la gestión, se volvieron sujetos tóxicos, desbordados y criminosos. Criminosos porque manipulan las reglas y convierten al Estado en cómplice; criminosos porque vacían de contenido la democracia y dejan como herencia la ingobernabilidad. Donde la ley no les vale, donde la familia no les vale, allí instalan su poder: en la ruptura de todo límite, en la normalización del abuso como estilo de gobernar. Miren dónde están Arce y sus hijos: el expresidente procesado por corrupción, uno declarado rebelde por enriquecimiento ilícito y otro detenido por violencia y negocios turbios. La familia convertida en extensión del poder, el Estado reducido a cómplice de excesos privados. Allí donde la ley no les vale y la familia tampoco, lo que queda, además, es la impunidad como herencia.
La conclusión es clara: en Bolivia y en Colombia, la historia reciente demuestra que el populismo caudillista erosiona las reglas e instala la ingobernabilidad como destino nacional. Esta lógica no se limita a las instituciones políticas: Evo y Petro comprendieron que la verdadera batalla estaba en las aulas. En Bolivia, el MAS convirtió la educación en un terreno de disputa, con currículos que reforzaban la idea de la refundación plurinacional y la lucha contra el colonialismo. En Colombia, Petro ha buscado sembrar en universidades y escuelas la noción de fraude sistémico y resistencia permanente como parte de la conciencia política. En ambos casos, el marxismo funciona como matriz ideológica que legitima la contradicción y la desobediencia institucional, transformando la educación en un espacio de reproducción cultural de la ingobernabilidad. Así, la herencia no solo se transmite en la política, sino también en la formación de generaciones que aprenden a desconfiar de las reglas y a ver la resistencia como destino.
Por todo esto, la única salida es construir unidad en torno a mínimos democráticos. No se trata de caudillos iluminados ni de recetas individuales: urgen pactos básicos que devuelvan confianza en las instituciones, reduzcan la polarización y corten los vínculos con economías ilegales. Si en dos siglos de vida independiente no hemos aprendido, ya va siendo hora.
