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Gracias a las lluvias parece haber pasado lo peor de la última temporada de incendios en Bolivia, en la cual se quemaron 3.5 millones de hectáreas. Aunque esto ocasiona que el tema pierda la atención de la opinión pública, no podemos dejar de discutir las causas de fondo de esta recurrente crisis ambiental para lo cual, en mi opinión, es imprescindible que recuperemos el paradigma del desarrollo sostenible a fin de que iniciemos un trabajo preventivo serio y sentemos la base de un sistema productivo que respete los equilibrios entre las necesidades de progreso de la población con las exigencias de preservación ambiental.
En la visión del desarrollo sostenible el principio clave es el equilibrio entre las necesidades de las actuales y las necesidades de las futuras generaciones; equilibrio por el cual se atiende las necesidades de aprovechar los suelos y los bosques, según la mayor vocación productiva que tenga cada espacio para generar producción y empleo, al mismo tiempo que se entiende que la preservación de las servidumbres ecológicas, como la generación de lluvias por ejemplo, son imprescindibles para asegurar que esas actividades económicas sean sustentables en el largo plazo.
Para esto es fundamental trabajar sobre los incentivos que tienen las personas y las organizaciones en sus conductas y decisiones económicas, las cuales en este caso están determinadas principalmente por los derechos de propiedad sobre la tierra. En el caso boliviano, los incentivos son perversos puesto que, al no existir derechos de propiedad consolidados y garantizados, no favorecen que las personas vean a la tierra que ocupan como un patrimonio familiar que deben cuidar por varias generaciones como la principal fuente de su sustento.
Por el contrario, las leyes que se han aprobado a partir del 2006, diluyen el derecho de propiedad, promueven la propiedad colectiva de origen sindical e impulsan mediante medidas gubernamentales la migración hacía las tierras del oriente boliviano de grupos de familias que no conocen el medio, que no reciben ningún apoyo técnico ni financiero para establecerse, que se asientan en tierras pertenecientes a territorios indígenas, parques nacionales y reservas, recibiendo además la autorización para iniciar sus labores agrícolas mediante el uso del fuego en las parcelas que les han entregado, las cuales, aunque multiplicadas por miles de unidades y agravadas por el desconocimiento de las condiciones de trabajo en los llanos orientales, provocan estos incendios que se han vuelto en una catástrofe recurrente.
Por el contrario, quienes tienen propiedad privada individual, en el caso de los productores agropecuarios, o colectiva, en el caso de los pueblos indígenas, al tener claramente delimitados sus derechos y por la tanto poder beneficiarse en el largo plazo y por varias generaciones del uso de esas tierras, tienen los incentivos correctos para preservar el aprovechamiento sostenible según la mayor vocación de uso de cada lugar.
Al mismo tiempo, los pueblos indígenas si tuvieran asegurados los derechos sobre los territorios que reciben que han recibido por ley y se les permitiera gestionarlos adecuadamente podrían aprovechar de forma sostenible los inmensos recursos forestales de biodiversidad y de ecoturismo, entre otras muchas actividades con gran potencial, los cuales elevaría sustancialmente su nivel de vida.
Para todo esto se necesita el desarrollo de una institucionalidad que opere de acuerdo a la Constitución, las leyes y el bien común, y no, como ha venido sucediendo, en función de un interés político que lo que busca es ocupar territorios con el propósito de alterar las mayorías poblacionales y así, ganar elecciones en los distintos niveles de gobierno, sacrificando de esta forma los anhelos de prosperidad de las familias que trasladan para estos fines y afectando el patrimonio natural y el medio ambiente por políticas que no buscan el mejor interés publico sino el poder partidario.
La visión del desarrollo sostenible, mediante el respeto a los derechos de propiedad y una institucionalidad que responda al interés de la sociedad y al Estado de Derecho, puede generar las condiciones de progreso que el país necesita para generar producción competitiva y empleo de calidad, en un marco de equilibrio entre la economía y la ecología que nos conduzca a otro nivel de desarrollo, que supere la dependencia del extractivismo y se asiente en el trabajo, el talento y la responsabilidad de los ciudadanos.
