Fundación pro Boric investigada por fraude tiene vínculos con Podemos

La fundación Democracia Viva, aliada del presidente chileno Gabriel Boric, que tiene encima a la Contraloría por presunto fraude al fisco, cohecho y malversación tras recibir por “trato directo” 426 millones de pesos (alrededor de 530.000 dólares) registra vínculos programáticos con el Instituto 25M, organización de la formación izquierdista española Podemos acusada de corrupción.

Según una publicación de El Líbero, Democracia Viva efectuó en conjunto con el Instituto 25M –hoy conocido como Instituto República y Democracia– una serie de encuentros electrónicos en medio de la campaña de 2021 cuando Boric competía por la Presidencia.

De acuerdo con datos recopilado por el medio, ambas fundaciones celebraron nueve “diálogos magistrales” vía online para abordar el “clima destituyente”, así como también “la emergencia del fascismo”.

Vesselina Vateva representó a la fundación de Podemos como coordinadora para la Democracia de España y, del lado austral, Daniel Andrade, entonces director de Democracia Viva, representó a Chile.

La participación de Vateva es crucial. Fungió como enlace entre las dos fundaciones. De hecho, antes de que el portal de Democracia Viva borrara a todo su directorio y relacionados, Vateva figuraba como “colaboradora” de la organización chilena. Ella tenía “una especial sensibilidad con lo que sucede en América Latina y sobre todo con fenómenos como los estallidos sociales, que son movimientos contestatarios”, se podía leer.

Dinero con circulación

¿De dónde salieron los recursos para financiar esto? Falta saber. Lo seguro es que la fundación aliada de Boric que hoy enfrenta a la justicia repite el escenario legal de la organización de Podemos, que en 2017 pagó el programa electoral del partido con recursos obtenidos de donaciones particulares y subvenciones públicas.

Pesquisas a las cuentas de contabilidad del Instituto 25M revelaron que mantenía un apartado titulado “compras de mercaderías”, donde ingresaron facturas por un total de 22.064,64 euros para la impresión de 30.000 ejemplares con la oferta electoral a los votantes para los comicios de 2016, y 3.625 banderas con el logo de Unidas Podemos como merchandising por un valor de 10.989,83 euros.

Entre interrogantes

Irene Montero, hoy titular del Ministerio de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, quien ejercía como portavoz de Podemos en el Congreso, negó el respaldo financiero de la fundación al partido en el momento del escándalo. Aunque insistió con que no tenían «nada que ver» con la campaña, el Tribunal de Cuentas español comprobó que la fundación de Podemos incumplió la ley al desviar 47.000 euros al partido.

La justicia determinó que “el concepto no resulta subvencionable al no tratarse de un gasto necesario para el funcionamiento de la fundación, y obligó a la fundación de Podemos a devolver 19.926 euros que recibió, procedentes de las arcas públicas”. La suma fue irrisoria, considerando que la organización de Podemos recibió 278.474 euros en subvenciones públicas ese año.

Visitas con sospechas 

¿Le enseñó Podemos esta forma de operar a la fundación pro Boric? La pregunta es inevitable cuando los dos altos dirigentes de la formación española, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, arribaron a Chile el año pasado para monitorear el primer proceso constituyente y apoyar el impulso de la opción “Apruebo”.

Antes de ellos, aterrizaron para el traspaso de mando, en marzo de 2022, la vicepresidente segunda del Gobierno español y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, así como también Irene Montero, quien se quedó unos días más –a diferencia de la delegación oficial de España– para liderar encuentros feministas con la ministra Camila Vallejo y con la entonces presidente de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros.

En el caso de Democracia Viva, el diputado Felipe Alessandri denuncia que la transferencia directa de fondos públicos “tenía que ver con plata para la campaña del ‘Apruebo’. Era una fórmula que tenía el Gobierno para transferir recursos a proselitismo político”.

En su historial, Podemos tiene sobre sus hombros el escándalo por la llamada “Caja de Solidaridad” o “Caja B” a través de las cuales la organización política recopilaba recursos provenientes de sus figuras en cargos públicos, que por tener limitado su sueldo a tres salarios mínimos debían donar la mitad del sobrante a proyectos sociales y la otra mitad al partido.

La práctica es similar a la implementada por Revolución Democrática, partido que manejaba a Democracia Viva, que estableció que sus legisladores debían donar parte de su salario bajo un mecanismo similar.