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El Órgano Electoral tiene que garantizar la voluntad popular, el registro cívico, la justicia electoral; regula y fiscaliza a las organizaciones políticas y monopoliza la actividad electoral en todo el territorio nacional y el exterior. Tiene la responsabilidad histórica no solo de administrar y ejecutar todo el proceso electoral hasta el cambio de gobierno, sino también de realizar una reingeniería para evitar cometer los “horrores” de las últimas elecciones.
Es cierto que la mayoría de las autoridades electorales son nuevas, pero el presidente del TSE y el de Santa Cruz son antiguos y se esperaba un manejo mucho más prolijo, técnico y profesional. Que el SIREPRE (Sistema de Resultados Preliminares) haya logrado realizar el conteo rápido de votos de las elecciones generales y autonómicas ha sido un acierto que se tiene que valorar. Sin embargo, el manoseo en algunos lugares, así como el cambio de candidatos a última hora, ha terminado generando desconcierto y, en algunos casos, indignación ciudadana.
El Órgano Electoral subía y bajaba candidatos como por encargo. En las papeletas figuraban candidatos que ya no estaban en carrera, o existía (o no había) la foto correcta. En San Ignacio de Velasco aparecieron papeletas de otros municipios, y terciaron candidatos aparentemente inhabilitados. En Portachuelo el pueblo se levantó y protestó con todo el derecho. Impedir que Mario Cossio, de Tarija, y Jorge Morales, de La Guardia, participen constituye una grosera vulneración de sus derechos políticos. En cambio, Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, y Luis Revilla, de La Paz, fueron habilitados en menos de lo que canta un gallo. Estas elecciones han puesto en evidencia que no existen partidos políticos. De ahí por qué la compra-venta y alquiler de siglas políticas, configurándose un verdadero carnaval electoral y político, que debilita y torpedea el sistema democrático.
Las elecciones autonómicas se han caracterizado igualmente por la proliferación de candidaturas y la falta de verdaderos programas de gobiernos. Estos programas no solo deberían ser un compromiso voluntario sino también una obligación política sujeta a sanciones en caso de incumplimiento. Por cierto, deberían tener proyectado un cronograma de avance anual, de modo que el ciudadano pueda fiscalizar y contrastar ese avance. Y cuando no se haya cumplido lo prometido deben activarse los mecanismos democráticos y constitucionales como la fiscalización, el control (incluyendo el revocatorio del mandato, etc.).
La actualización y depuración del padrón electoral es otra asignatura pendiente. El mega fraude del 2019 desnudó las falencias y debilidades del padrón. Los expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que han sido veedores internacionales, hablan de deficiencias estructurales y la necesidad de auditar, revisar y actualizar el padrón. Estos documentos deben servir de base para hacer las reformas normativas que sean necesarias y cualificar el registro cívico. El tribunal supremo electoral y los tribunales departamentales deben tomar todas las medidas que sean necesarias, incluyendo el uso de la fuerza pública, con el objetivo de garantizar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad. También deben hacer los esfuerzos necesarios para convertir cada jornada electoral en una consolidación de los valores democráticos y el sistema constitucional.
El régimen democrático representativo se funda en el voto universal, directo e igual, individual, secreto, libre y obligatorio. La estructura electoral tiene que planificar, organizar, administrar y ejecutar el proceso electoral de forma impecable. La democracia no se reduce sólo a la legitimidad de origen, ni se agota en la afirmación solemne de la soberanía popular, y cómo se accede al poder, sino que a esa legitimidad de origen se suma la legitimación de ejercicio porque la democracia es también una respuesta a la pregunta de “cómo” se gobierna no sólo de “quien” gobierna.
Los resultados electorales provinciales en Santa Cruz confirman que la voluntad popular aún no está garantizada en su totalidad. Tampoco existe el “voto electrónico”, incluso con anticipación a las elecciones y, lógicamente, sin necesidad de hacer cola ni tener que paralizar el país todo un día (así sea domingo). La revolución tecnológica tiene que ser la aliada estratégica. El desafío mayor es generar confianza, seguridad jurídica, simplificar trámites y procedimientos, cubrir etapas claves con mayor agilidad y posibilidades de control como el manejo del padrón electoral, la transmisión de los resultados y la interacción con los ciudadanos.
