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La guerra de facciones en el oficialismo y la crisis económica en el país, no reconocida por supuesto por el Gobierno, pusieron en segundo plano que el 3 de mayo nueve gobernadores y 340 alcaldes y alcaldesas iniciaron el penúltimo año del período constitucional 2021-2026, sin pena ni gloria en la mayoría de los casos. Pronto comenzaremos a observar una diversidad de iniciativas y acciones políticas e institucionales, con demagogia incluida, para acabar auspiciosamente los cinco años en el poder regional y local.
Lo primero que me permito anotar es que se está cumpliendo aquello que advertí en un artículo de opinión, en noviembre de 2023, en sentido de que las solicitudes de revocatoria de mandato de alcaldes —no se presentó ninguna para gobernadores— no prosperarían por lo engorroso del proceso y porque no se veía predisposición en la sociedad para evaluar el desempeño de las autoridades subnacionales a través del mecanismo del revocatorio.
Salvo renuncias por situaciones imprevistas, los actuales gobernadores y alcaldes permanecerán al mando de los gobiernos departamentales y municipales hasta el final del mandato constitucional —3 de mayo de 2026—, algunos buscando repetir la dosis en el quinquenio 2026-2031, y otros pensando en que están preparados para asumir nuevos desafíos como la candidatura presidencial.
Volvamos al tiempo presente, al inicio del tramo final. Lo más llamativo ha sido ver a la alianza Creemos, liderada por el encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho, cómo perdía soga y cabra en la Gobernación cruceña. Entre enero y mayo de 2024 dejó de controlar el Órgano Ejecutivo ante Mario Aguilera y la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental.
Camacho y sus seguidores denunciaron un acuerdo entre Aguilera y el MAS. Es probable, pero la votación de los 28 asambleístas departamentales invita a realizar un balance más profundo. Creemos y el MAS iniciaron el período 2021-2026 con 11 asambleístas cada uno, cinco llegaron en representación de los pueblos indígenas y un asambleísta lo hizo de la mano de la agrupación ASIP.
En los tres años anteriores, Zvonko Matkovic, hombre de confianza de Camacho, fue respaldado para presidir la ALD por los 11 votos de su bancada, los cinco asambleístas indígenas y el representante de ASIP. El MAS siempre quedó aislado con sus 11 votos.
La última votación mostró una nueva correlación de fuerzas. 21 de los 28 asambleístas apoyaron a Antonio Talamás, expulsado de Creemos horas antes de la sesión del 3 de mayo, 6 votaron por una asambleísta indígena impulsada por Matkovic y Paola Aguirre, y una asambleísta anuló su voto con una chambonada.
Diseccionando esa votación, se puede percibir que al menos 5 asambleístas de Creemos votaron por Talamás, además del grueso de la bancada indígena y el representante de ASIP. Los 11 votos del MAS también respaldaron la plancha encabezada por Talamás, el nuevo mandamás del Legislativo Departamental.
Fue una nueva expresión de la crisis política que enfrenta Creemos por hierros y abusos cometidos por Camacho y su entorno. La fragmentación comenzó poco después de que los parlamentarios de esa alianza asumieron en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en noviembre de 2020. Correspondía asegurar el escenario regional, ganado con contundencia en los comicios de marzo de 2021, pero la división amenazó desde el principio y se consumó este año. Claro que los beneficiados son Aguilera, ahora gobernador suplente, y Talamás, ahora Presidente de la ALD, pero sería bueno que los camachistas se abran a una reflexión de fondo.
Es casi improbable que Luis Fernando Camacho recupere su libertad y vuelva a gobernar el departamento de Santa Cruz y la proyección política de sus allegados ha quedado en entredicho, mientras resurgen quienes se alejaron de Creemos al ver que dejaba de ser una opción viable. Algunos como el senador Erik Morón volvieron a levantar cabeza, mediáticamente hablando, para ver donde puede ubicarse, luego de haber pasado por el MNR, Unidad Democrática y Creemos.
En el caso de las alcaldías más grandes del país, parece que habrá de todo. La alcaldesa Eva Copa decidió marchar junto con las juntas vecinales de El Alto hasta la Casa Grande para exigir que el gobierno de su amigo Luis Arce cumpla los anuncios de financiamiento de obras. Copa sabe que su futuro político pasa por la entrega de obras visibles y significativas este y el próximo año, todas financiadas con recursos públicos provenientes del Tesoro General del Estado o de un mayor endeudamiento externo del país.
El panorama es diferente para el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien ha logrado establecer Alianzas Público Privadas para encarar obras, proyectos y servicios de alto impacto como la venidera instalación de luminarias inteligentes o la exitosa feria exposición que, en su segunda versión, ha dinamizado la economía de su municipio y ya es parte del circuito de ferias latinoamericanas con posibilidades de crecimiento.
En lo político, consiguió que todos los juicios en su contra queden en nada y en todas las encuestas de percepción electoral aparece con ventaja sobre otros precandidatos opositores. Quienes llevan enormes signos de interrogación sobre sus cabezas son los alcaldes de La Paz y Santa Cruz por los inocultables niveles de ineficiencia, demagogia y corrupción en sus respectivas gestiones.
En su primera experiencia como máxima autoridad municipal, Iván Arias ha demostrado tener uñas, pero no de guitarrero para conducir una ciudad compleja como La Paz, pese a que se reclama como municipalista. Mientras los sindicatos de trabajadores municipales bloqueaban el centro de la sede de gobierno, el mes pasado, participó en reuniones políticas en Santa Cruz para explorar sus posibilidades en el escenario de una hipotética candidatura única de las oposiciones.
Johnny Fernández no es novato en la administración municipal. Ejerció como alcalde y concejal en Santa Cruz de la Sierra. Se pensó que ese bagaje podría traducirse en una gestión de excelencia, pero las denuncias cotidianas de corrupción muestran que el interés mayor no es la transformación urbana del municipio más importante del país. Teniendo al gobierno nacional de su lado, la situación en la capital cruceña pudo haber sido prometedora, tanto que podría haber catapultado su liderazgo a escala nacional; pero, la corrupción lo empequeñeció.
El 3 de mayo de 2024 comenzó el penúltimo año para gobernadores, alcaldesas y alcaldes. Muy pocos tienen el camino asfaltado hacia el futuro. Sin embargo, se trata de política y no sería extraño verlos en espacios de mayor responsabilidad, sin haber acumulado méritos en sus roles actuales.
