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La condena a la expresidente Janine Añez a diez años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en el marco de la narrativa bautizada como “Golpe de Estado”, pone en evidencia el debilitamiento de una de las fórmulas políticas que garantizó la gobernabilidad y el ejercicio del poder en la democracia boliviana.
Esa fórmula es la del “gobierno unificado”, entendido como aquel fenómeno en donde un partido posee la mayoría del control en el parlamento, y el titular del Ejecutivo pertenece a ese mismo partido político. En Bolivia, dicha fórmula se convirtió en un requisito sine qua non para quién quisiera gobernar el país en un marco de estabilidad política.
La toma de conciencia de la necesidad de alcanzar una relación coordinada entre el ejecutivo y el legislativo proviene de la experiencia traumática de la Unidad Democrática y Popular (1982 y 1985). En este periodo, el presidente Hernán Siles gobernó con un parlamento opositor mayoritario que le declaro una lucha sin cuartel, enfrentamiento que a final de cuentas contribuyó a su caída.
Fruto de esa experiencia, la democracia pactada (1985 – 2005) se organizó en función de construir un “gobierno unificado”. El mecanismo que permitió alcanzar tal objetivo se tradujo en la conformación de coaliciones de gobierno que asegurarán la formación de una mayoría parlamentaria con base en arreglos para la distribución de cargos públicos. Fórmula que periclitó gracias al debilitamiento de los partidos “pivotes” de este periodo (ADN, MIR, MNR).
En el nuevo milenio, el MAS tomó el poder con una mayoría parlamentaria que no le aseguró el control absoluto de ese poder del Estado. De ahí que, en su esfuerzo de alcanzar un “gobierno unificado”, transitó por negociones oscuras, compra de diputados y senadores de la oposición hasta, a fin de cuentas, alcanzar los dos tercios que le permitieran consolidar su proyecto hegemónico de poder y pasar a controlar todos los órganos del Estado.
En la nueva gestión gubernamental, fruto de los resultados electorales de 2020, Luis Arce asumió la presidencia con una mayoría simple en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta situación, prevista por los legisladores del MAS, llevó a que con anterioridad a la posesión presidencial se anulara el requisito de los dos tercios de la ALP para un conjunto de definiciones que exigían la mayoría absoluta.
Sin embargo, esta estratagema no tomó en cuenta la necesidad de contar con los dos tercios para implementar un juicio de responsabilidades a la expresidente Añez. Esta omisión llevó a que el partido de gobierno apelara a eludir la obligación constitucional de procesar a los exmandatarios y decidiera someterla a un juicio ordinario. Lamentable decisión que puso en evidencia el uso político de la justicia y el linchamiento judicial del que fue objeto la expresidente.
Este traspié gubernamental no es de poca importancia, pues pone de manifiesto los cambios que se produjeron en la correlación de fuerzas y el accionar de los partidos políticos. En primer lugar, se evidencia que el MAS dejó de ser hegemónico, más allá del agotamiento del discurso indigenista; en segundo lugar, se puso en evidencia la disciplina de los militantes de los partidos de oposición que no se doblegaron como en anteriores legislaturas.
Para finalizar, se puede señalar que la búsqueda de “gobierno unificado” en la modalidad de “pacto interpartidario” o “partido hegemónico” tiene dos condiciones: la “mayoría simple” es una condición necesaria pero no es suficiente, es suficiente cuando se logra la “mayoría absoluta”, pues solo esta última garantiza gobernar discrecionalmente y sin controles ni fiscalización. Al respecto, Víctor Paz dijo alguna vez que: “la política es el arte de lo posible”, lo que le falto complementar es que es así “cuando se tiene los dos tercios en el parlamento”.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
