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Desde Santa Cruz se trabaja en una propuesta federal. Para la ciudadanía, entonces, es fundamental conocer en qué consiste el federalismo, cuáles son sus virtudes y sus defectos, y cuáles podrían ser sus consecuencias para la sociedad boliviana.
El federalismo es un sistema de gobierno en el cual el poder se divide entre un gobierno central y diferentes entidades subnacionales, como estados, provincias o –si somos aun más modernos– municipios. Esta división del poder implica igualmente la repartición de recursos y competencias. Un sistema federal permite descentralizar el poder político y administrativo, evitando así una concentración excesiva de poder en el gobierno central, lo que podría sosegar, por ejemplo, el descontento social histórico de Santa Cruz frente al Estado boliviano.
El argumento más convincente para defender al federalismo es su capacidad de aproximar las decisiones del Estado a la ciudadanía. La idea es que los problemas se conocen y se abordan mejor y más oportunamente en las mismas localidades en que se identifican, teniendo las entidades subnacionales mayor facilidad y flexibilidad para adaptar las políticas a las necesidades y particularidades de su propia región; lo que fomenta, además, la diversidad cultural, política y económica dentro del Estado. En este marco, las minorías étnicas, culturales o políticas a menudo alcanzan un mayor grado de participación y representación en los gobiernos subnacionales. A raíz de esto, los Estados federales suelen tener una mayor sensibilidad hacia las necesidades de las minorías dentro de su territorio, ofreciéndoles una mayor protección y reconocimiento.
No obstante, el federalismo puede generar obstáculos que ralenticen la gestión pública. Las diferencias programáticas entre las distintas regiones pueden dificultar la coordinación y cooperación en la toma de decisiones e implementación de políticas públicas, especialmente cuando las posiciones políticas de los gobiernos regionales y el gobierno central son divergentes. Por tanto, es importante tomar en cuenta que, a causa de esta característica, el federalismo puede ser un arma de doble filo, porque –en vez de «emancipar» de cierta manera a las regiones del Estado central– podría generar una situación de constante bloqueo de proyectos políticos e ingobernabilidad. Para paliar estos conflictos, no obstante, es esencial delimitar correctamente las competencias y la repartición de recursos, de modo que éstas, de ser posible, nunca se superpongan.
Por otro lado, el federalismo suele tener éxito promoviendo la competencia entre las diferentes entidades subnacionales, ya que cada una tiene la posibilidad de implementar políticas que consideren más eficientes o efectivas. Esto puede generar un ambiente propicio para la experimentación e innovación en la búsqueda de soluciones a los problemas locales, generando una sociedad más dinámica y vanguardista en el ámbito de las políticas públicas. Sin embargo, el federalismo puede derivar al mismo tiempo en desigualdades económicas y sociales entre las diferentes regiones de un país, lo que puede agravar conflictos interregionales o étnicos subyacentes. Si no se implementan mecanismos ampliamente consensuados de distribución de recursos, podría fomentarse una situación de conmoción interna aun peor de aquello que precisamente se busca solucionar mediante la federalización.
Más allá de lo mencionado, hay un aspecto que ha sido escasamente considerado en los debates sobre esta temática en Santa Cruz: el federalismo suele aumentar el tamaño del Estado, la burocracia y, en sociedades como la nuestra, el clientelismo, la corrupción y la extorsión a la ciudadanía. Por tanto, en el marco de la elaboración de un proyecto federal para Bolivia, es indispensable integrar mecanismos de control del crecimiento estatal en términos de empleados, intervencionismo y deuda pública, puesto que esto, a menudo, suele contrarrestar los efectos positivos de la competencia interregional mencionada más arriba.
Por último, pero no menos importante, es el aspecto político. Usualmente, las élites regionales, que no poseen el capital político para acceder al poder central, tienen un interés muy particular por la descentralización del Estado. El federalismo les permitiría aumentar su esfera de poder sobre políticas públicas que a menudo son impuestas por otras élites nacionales con las que compiten sin éxito. Habría que preguntarse, entonces, si ese interés por parte de estas élites, abocadas a la elaboración de un proyecto federal en Santa Cruz, existiría en caso de que contaran con el capital político para desarrollar sus proyectos desde el Estado central. Aquí, la historia boliviana nos permite ser un tanto escépticos, puesto que un cambio de élites no implica necesariamente la democratización del poder político.
