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Resulta oportuno hablar en nuestro país de crisis energética cuando se sabe que menguan las reservas de hidrocarburos, especialmente gaseosa, pero paradójicamente, cuando se cuenta con un enorme potencial hídrico para generación de electricidad, con vastos territorios para el aprovechamiento de la energía solar, con zonas de gran potencial para la generación eólica y con las suficientes áreas fértiles para sembrar vegetales aptos para producir biocombustibles, las energías alternativas del futuro.
Y, como ya lo advertimos en el pasado, la disponibilidad de energía o la falta de la misma, condiciona severamente el desarrollo de los países por lo que el problema no es coyuntural, es estructural, de fondo. En Bolivia debemos nomás reconocer que no contamos con una verdadera “doctrina nacional” en el campo de la energía que nos sirva de marco de referencia a estrategias específicas, ya que, a cada cambio de gobierno, por definición, cambian las políticas, a veces en direcciones divergentes y contradictorias y esa falta de continuidad daña al país sin duda alguna.
Y dado que los proyectos energéticos toman mucho tiempo desde su concepción hasta su puesta en marcha, nos veremos en serias dificultades si seguimos tratando de ignorar el problema. En términos simples, lo que se haga o no se haga ahora, repercutirá en un futuro cercano. En este sentido, claramente no se ha cumplido un mandato de la Ley de Hidrocarburos, que en su art. 11, inc. D. indica claramente que se debe: “Garantizar, a corto, mediano y largo plazo, la seguridad energética, satisfaciendo adecuadamente la demanda nacional de hidrocarburos”.
La solución pasa pues no solamente por revisar, adecuar y modernizar las leyes aplicables al rubro energético en su conjunto, sino a contar con esa “Doctrina Nacional” que, al margen de apasionamientos o dogmatismos, permitan satisfacer adecuadamente las necesidades nacionales y contar con excedentes de exportación.
Si alcanzamos lo anterior, podríamos lograr que vuelvan las inversiones extranjeras, ya que podríamos contar con la imprescindible seguridad jurídica, puesto que no va a ser posible lograr convencer a ninguna empresa a realizar inversiones de alto riesgo técnico si hay un mayor riesgo legal o jurídico. Podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que “la única verdad es la realidad” y ella se impone a cualquier falacia, demagogia o embuste.
Este es un tema de trascendental importancia para la vida económica de país y que tenemos que encarar como sociedad organizada ya que, si no lo hacemos, más temprano que tarde, deberemos nomás continuar con el “lamento boliviano” de la falta de energía ya que la más cara de las energías es precisamente la que no se tiene y espectar insensatamente las cotidianas y recurrentes estadísticas que nos colocan en los últimos lugares del subdesarrollo. La decisión está en nuestras manos.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
