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Inanis Annus, un año vacío, un año de gestión en el que no hay excusa que justifique la inacción de la Gobernación de Santa Cruz. Ni siquiera se puede hablar de mala gestión, es que simplemente no la hay. Camacho ha demostrado ser incompetente, pero lo peor es que esa incapacidad para gestionar ha supuesto un retroceso para nuestra autonomía. Veamos cinco espacios de gestión que ilustran la penosa situación.
Nueve meses con un hospital de 200 camas cerrado
El cierre y la no reapertura del Hospital Oscar Urenda, es el mejor ejemplo de que vamos hacia atrás. Camacho recibió un hospital abierto, estuvo de acuerdo con el Gobierno en cerrarlo, supuestamente por 20 días, que se convirtieron en nueve meses, sin que haya señales concretas para reabrirlo. Es inexplicable que durante la cuarta ola de la pandemia, la región más golpeada por el COVID-19, haya tenido un hospital de tercer nivel cerrado, por pura deficiencia administrativa, como estableció un fallo constitucional que ordenó su reapertura inmediata.
En agosto de 2021, cuando se cumplían cien días de la nueva administración autonómica, advertí que se había comenzado con mal pie, entre otros asuntos, alerté que la carencia de un proyecto de implementación plena del Hospital de Montero, suponía un riesgo para su funcionamiento. En vez de trabajar contrarreloj —convencido que era un tabú criticar su inexistente gestión— el gobernador recurrió al insulto bravucón como método de descalificación. No inscribieron en el POA 2022 el Hospital de Montero por falta de previsión y ese es el principal motivo por el cual sigue cerrado. Las consecuencias las paga la gente, sobre todo la gente pobre, al final él va a una clínica privada.
Un año para hacer el diagnóstico sobre la inseguridad ciudadana
La inseguridad ciudadana ha aumentado considerablemente: asesinatos, atracos, ajustes de cuentas, robos, violencia machista, microtráfico de drogas, raptos, entre otros delitos, agobian a los vecinos, quienes ante la indefensión han comenzado a generar instancias de autoprotección en escuelas y barrios. El plan de gobierno de Creemos prometía que en 2021 implementarían un programa de serenazgo vecinal, sin embargo no fueron capaces ni de convocar al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana para exigir cuentas a las fuerzas del orden y de la justicia, menos presentar un plan integral de seguridad.
Ante la interpelación de los medios de comunicación atinaron a indicar que en este primer año se dedicaron a hacer el diagnóstico. Y no es broma. Imagínense cuánto les tomará buscar, preparar y ejecutar el remedio. Mientras tanto la gente no puede esperar la desfachatez, los padres de familia se han organizado en brigadas para luchar contra el microtráfico y raptos que acechan las escuelas y otros han recurrido a los bloqueos de carreteras para llamar la atención de las autoridades, pero el gobernador no se inmuta, su inutilidad es escalofriante.
Una enorme oportunidad perdida para producir más alimentos y generar empleos
La crisis pandémica ha tenido efectos devastadores, los cuales se han acrecentado por la invasión rusa en Ucrania, generando un déficit de alimentos a nivel global. Para países como el nuestro, y particularmente para nuestro departamento dada su vocación productiva, tendría que ser una oportunidad para reforzar nuestro modelo productivo e incrementar los ingresos y empleos. Paradójicamente está sucediendo lo contrario, la escasez de granos —especialmente de maíz— ha puesto en riesgo los alimentos básicos de la canasta familiar como huevos, lácteos y carnes. Los productores libran una batalla contra la insensatez ideológica del Gobierno y en los mercados la subida de precios exaspera, entretanto el silencio de Camacho es ensordecedor.
La creación de 75000 empleos y el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental resaltan entre las 10 principales promesas incumplidas el 2021. Las crisis tienen efectos múltiples: pérdida y precarización del empleo; encarecimiento de la canasta familiar, aumento del contrabando y deterioro del sistema de producción. Afrontar estos complejos temas requiere de una sólida alianza entre el sector público y el privado, cohesionar las instituciones en un propósito común y plantear una agenda integral que satisfaga los diversos intereses. Solo un liderazgo solvente que transmita certidumbre puede hacer que esto suceda, mientras tanto el Gobierno Central seguirá vapuleando a nuestros productores.
El Decreto 373 desnudó el caos y la fragilidad institucional
Parecía un inofensivo decreto de índole interno, pero terminó siendo una turbulencia que dejó ver que la autoproclamada nueva política tiene cimientos endebles y poco democráticos. Las grietas de Camacho con su vicegobernador eran un secreto a voces, por eso el gobernador —acostumbrado a traicionar a sus aliados— quiso aprovechar un viaje oficial para darle la estocada final. El cálculo salió mal.
Al margen de las desavenencias, el DD 373 mostró el caos interno de la administración, el irrespeto del Estatuto Autonómico y la desconfianza de la primera autoridad en los suyos, y sobre todo, la ausencia de formación para gobernar. Una norma es válida desde su publicación y no es posible despublicarla. La explicación a la retirada irregular del decreto fue espantosa, hubo aclaración y rectificación de la aclaración, pero nos llevó al fondo de la cuestión. La verdadera delegación se produjo mucho antes y no consta en la Gaceta, cuando sabiéndose incapaz, transfirió la facultad de conducción del departamento a asesores externos, entre ellos al ideólogo de la persecución contra líderes autonomistas en la época de Evo Morales. Y todo, porque más allá de la performance, de las gafas de sol, los vidrios oscuros de las vagonetas y los guardias de seguridad, el Rey está desnudo, y los ciudadanos empiezan a verlo.
Sin brújula autonómica
La efervescencia de los primeros días lo permitía todo. Con voz en cuello, a través de su primer decreto, el DD 338, Camacho proclamó la recuperación de la autonomía, creó una comisión de notables y posesionó a 3 de sus 5 miembros. Se trazaron tres tareas: aumentar la transferencia de competencias, elaborar una propuesta de Pacto Fiscal y apoyar el Censo. Cinco meses más tarde, ante la pérdida de protagonismo en la calle —los gremialistas habían derrotado al Gobierno—, proclamó el Federalismo, sin presentar una sola idea en qué consiste y menos una estrategia de cómo conseguirlo. Una palabra sin contenido.
Lo evidente es que la comisión no ha presentado resultados que implique una exigencia o reclamo de mayores competencias, su adanismo los llevó a desechar la propuesta de pacto fiscal que heredaron y no realizaron una nueva; y respecto al Censo, menos mal que apareció la Universidad para liderar a las instituciones ante la inercia de quienes debieron hacerlo. Sin embargo, la mayor tragedia está en la renuncia al Pacto Fiscal. El gobernador ha declarado recientemente que la lucha por la redistribución de los recursos se hará después del Censo, en una errónea interpretación de la Ley de Autonomías y en una concesión incomprensible al centralismo. Camacho se ha atado las manos por el resto de su mandato.
Hay un abismo entre las necesidades de la gente y la agenda política del gobernador. Camacho asumió su cargo hace un año, pero hasta ahora es capaz de asumir las responsabilidades que conlleva. La falta de gestión no solo es un riesgo de involución socioeconómica para Santa Cruz, es además la involución de la propia autonomía. No hay autonomía sin gestión, porque la autonomía se alimenta de hechos y no solo de palabras vacías, como este primer año de Camacho, Inanis Annus.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
