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Uno de los temas que genera mayor polémica en la reunión 10 del Protocolo de Cartagena/Nagoya, que se discute dentro de la Conferencia de las Partes 15 sobre biodiversidad, es el tratamiento de las DSI – Digital Sequence Information o Información de secuencias digitales.
La información de secuencia digital (DSI por el original en inglés) tiene un rol importante en la investigación ambiental y biológica, permitiendo trabajar y comprender mejor la base molecular de los organismos y las formas en las que pueden modificarse para generar desde nuevas terapias y curas para enfermedades, hasta alimentos apropiados para las condiciones de sequía o heladas, sin olvidar que también se puede generar energía y productos más limpios para el uso industrial.
Su uso también es destacado para el manejo de la biodiversidad, pudiendo identificar y ayudar a formular planes de mitigación ante las distintas presiones que amenazan a distintas especies, permitiendo rastrear el comercio ilegal, identificar el origen geográfico y planificar la gestión de la conservación de manera más adecuada.
Los problemas de acceso y participación en los beneficios de las DSI son el punto crítico en las negociaciones de la COP 15. Por un lado, las decisiones relacionadas con la forma en que compartimos los recursos genéticos, como la información sobre patógenos, podrían alterar nuestra capacidad para responder rápidamente a la próxima pandemia. El 2020, luego del brote de COVID19, científicos chinos secuenciaron el virus y subieron esta información a una base de datos global compartida. Esto permitió que compañías farmacéuticas, universidades y cualquier otro instituto de investigación en cualquier país, pudieran trabajar para hallar soluciones.
Pero si el Protocolo de Nagoya se aplicara a rajatabla, esto no hubiera sido posible. Este protocolo tiene el objetivo de alentar a las naciones ricas en biodiversidad a compartir recursos útiles derivados de su flora y fauna, al tiempo que garantiza que reciban una compensación adecuada.
Un ejemplo de cómo una nación rica en biodiversidad puede tener una limitante a sus DSI es el caso de Perú. La quinua, además de tener un alto interés alimentario, tiene usos cosméticos. El Instituto Nacional de Innovación Agraria del gobierno peruano, emitió el pasado mes de febrero el permiso de aprovechamiento y distribución de beneficios adjudicado a un particular, en virtud de un contrato de uso comercial de 15 meses. Este permiso, permite al beneficiario peruano utilizar el material en una crema regeneradora de la piel. Para cualquier otro uso, este tipo de permisos busca reducir la biopiratería.
Las negociaciones sobre DSI y la distribución de los beneficios resultantes, están estancadas en todo, desde las definiciones hasta los posibles mecanismos de distribución. Los desafíos de trazabilidad del país de origen de la secuencia a través de datos digitales no se logran si cada país no tiene en orden sus bancos genéticos y un equipo de investigadores formados y que manejen esta información de manera adecuada.
Varias investigaciones logran resultados, fruto del intercambio y trabajo colaborativo entre varios países. Tal es el caso de las vacunas y pruebas rápidas para la COVID19 o proyectos para desarrollar alimentos que hagan frente a las plagas y reducir el uso de plaguicidas. Perder este acceso abierto a los DSI sería un retroceso.
A este tipo de reuniones, cada país asiste con una posición consensuada y previamente consultada con científicos entendidos en los temas. No es el caso de Bolivia, que además de llevar una posición que sólo se llega a conocer en las actas posterior a la conferencia, los biotecnólogos o biólogos moleculares del país, desconocen este tipo de discusiones.
No vaya a ser que por alguna de estas causas, cerremos la posibilidad a generar innovación biotecnológica u otros sigan aprovechando la biodiversidad de nuestro territorio mientras seguimos en discusiones románticas.
