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En el año 2022, los gobiernos de 5 países en América Latina –Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y El Salvador– llevaron a cabo diversas prácticas de hostigamiento, restricción o persecución contra actores del arte y la cultura.
Se trata de dictaduras (los tres primeros) o de regímenes híbridos autoritarios, donde este tipo de prácticas ocurren de manera frecuente, por lo que deben medirse y registrarse exhaustivamente.
Esta semana, presenté en el XV Oslo Freedom Forum –que se desarrolla en la capital noruega– el Informe sobre Libertad de la Cultura 2022, donde se recogen hechos ocurridos el año pasado, incluyendo precedentes del 2021 y otros casos sucedidos a inicios del 2023, para resaltar la continuidad en ataques o restricciones a los mismos actores.
Las categorías estudiadas incluyen hostigamientos verbales de funcionarios, obstáculos al financiamiento, censura, discriminación ideológica en espacios estatales, agresiones físicas, detenciones breves, juicios irregulares, encarcelamientos prolongados y clausura arbitraria de ONGs, entre otras.
Como resultado de la investigación, se compilaron los casos emblemáticos que componen el informe y que ejemplifican una realidad regional que supera todo esfuerzo de síntesis.
En Cuba, los casos más relevantes están relacionados con las condenas de prisión, juicios irregulares, detenciones breves y restricciones a la movilidad de los artistas.
En Nicaragua, la clausura arbitraria de ONGs culturales y de otras áreas alcanzó niveles extremos, y se registraron casos de expulsiones del territorio nacional y prohibiciones de reingreso al mismo, incluyendo la declaratoria de “apátridas” contra escritores destacados.
En Bolivia, las trabas administrativas y el hostigamiento contra artistas y organizaciones culturales provinieron principalmente del Servicio Nacional de Impuestos y del Procurador General del Estado (casos de Abecor, Pablo Osorio, obstáculos al Festival de Música Barroca y destrucción de obras de Ejti Stih).
En El Salvador, en el marco del estado de excepción y las detenciones masivas de personas sospechosas de ser miembros del crimen organizado, destaca la lamentable muerte en prisión de un joven músico a raíz de agresiones físicas, caso que el Estado trató de encubrir como un fallecimiento por Covid-19.
En Venezuela, el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, hostigó mediáticamente a músicos extranjeros que habían hecho declaraciones críticas hacia el régimen, obligando en varios casos a la cancelación de conciertos.
Espero que este reporte anual, que tiene el respaldo institucional de Human Rights Foundation, facilite una mayor presión internacional para la protección de las organizaciones culturales y artistas perseguidos, proporcionando un insumo para defensores de los derechos humanos, medios de prensa y organismos supranacionales.
