Invadir México no resolverá el problema de los cárteles
Brandan P. Buck considera que una mayor militarización de la guerra contra las drogas, especialmente una acción militar unilateral dentro de México, pondría en peligro dos de los grandes temas de la agenda de la administración Trump: controlar la inmigración ilegal y contrarrestar el ascenso de China.
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Por Brandan P. Buck1
En una época en la que las crisis externas e internas parecen no tener fin, la administración entrante de Trump se ha mostrado abierta a una idea para abordar una cuestión que abarca ambas esferas: el uso de la acción militar contra los cárteles mexicanos de la droga. La retórica republicana sobre esta cuestión no es nueva, desde el plan poco definido de “conmoción y pavor” ofrecido por el entonces aspirante a la presidencia Vivek Ramaswamy hasta los ataques aéreos selectivos y las incursiones de operaciones especiales, utilizados “selectiva y cuidadosamente”, como propuso el senador electo por Pensilvania, David McCormick.
Tom Homan, el “zar de la frontera” de la próxima administración Trump, enturbió las aguas conceptuales y aumentó la retórica sobrecalentada. Durante una reciente aparición en Fox News, Homan declaró que el presidente entrante “utilizará [todo] el poder de las operaciones especiales de Estados Unidos para acabar con ellos”. Este tipo de retórica presenta distintos niveles de fuerza militar, a menudo sin objetivos estratégicos claros ni una explicación plausible de la participación mexicana.
En una forma aparentemente más suave, en 2023, el representante Dan Crenshaw de Texas propuso un reinicio mexicano del “Plan Colombia“, utilizando fuerzas militares estadounidenses asociadas con sus homólogos mexicanos. Sin embargo, incluso Crenshaw, que ha negado que su plan de acción militar en México constituya una invasión y ha ridiculizado tales acusaciones, se ha mostrado de acuerdo en que el gobierno estadounidense no debería descartar la fuerza militar unilateral. Crenshaw, junto con el congresista Michael Waltz (republicano de Florida), futuro asesor de seguridad nacional, redactó una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra los cárteles, de redacción vaga y abierta, que desmiente las negativas del tejano.
Aunque los argumentos económicos y jurídicos se oponen a la idea, también plantea costos políticos, consideraciones estratégicas y posibles peligros tácticos. Estos inconvenientes combinados deberían hacer reflexionar a cualquiera, incluidos los conservadores alineados con Trump.
Una mayor militarización de la guerra contra las drogas, especialmente una acción militar unilateral dentro de México, pondría en peligro dos de los grandes temas de la agenda de la administración Trump: controlar la inmigración ilegal y contrarrestar el ascenso de China. En cuanto al primero, México, al igual que Estados Unidos, está sufriendo la migración masiva de América Central y del Sur. Como ha observado la politóloga Sarah Zukerman Daly, México y Estados Unidos “se enfrentan a intereses cada vez más alineados en materia de migración”, y la opinión pública de ambos países clama por una mayor aplicación de las leyes de inmigración. Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha adoptado un tono retóricamente neutral sobre la migración y su relación con Estados Unidos, ha señalado su voluntad de trabajar con la futura administración Trump en cuestiones de migración. Una incursión militar en México pondría en peligro la relación bilateral más crucial de la administración Trump para perseguir su punto número uno de la agenda doméstica. Si la historia sirve de guía, una guerra prolongada contra el terror (narco) empeoraría la crisis migratoria.
Las incursiones militares en México correrían el mismo riesgo de socavar otro punto de la agenda de la próxima administración Trump, contrarrestar a China. En los últimos años, el gobierno mexicano, al igual que Trump y sus partidarios, ha llegado a considerar que su dependencia económica de China es netamente negativa. Una combinación de déficits comerciales y la prominencia de las empresas de propiedad china en México han hecho que los miembros de la administración Sheinbaum miren a su vecino del norte para diversificar el comercio mexicano. Las incursiones militares en México podrían cerrar de golpe esta puerta y debilitar la posición geoestratégica de Estados Unidos en su patio trasero. Una incursión de este tipo tendría probablemente un efecto dominó en toda América Latina, una región con historias similares de invasiones estadounidenses, y además proporcionaría a China una narrativa convincente que podría utilizar para lanzar sus crecientes ambiciones en el hemisferio occidental.
Estas concesiones podrían excusarse si el uso de la fuerza militar estadounidense contra los cárteles tuviera una alta probabilidad de éxito. Sin embargo, un somero examen del panorama estratégico sugiere lo contrario. Los partidarios de esta idea, algunos de los cuales son veteranos de Operaciones Especiales, pasan por alto consideraciones estratégicas que harían insostenibles las operaciones militares unilaterales o conjuntas contra los cárteles. La principal de ellas es la noción de que la acción militar estadounidense contra el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS, por sus siglas en inglés) constituye un modelo operativo que el gobierno de Estados Unidos puede implementar en México. La idea olvida mencionar un hecho flagrante: las Operaciones Especiales de Estados Unidos no fueron la única entidad desplegada contra ISIS, con el (ahora desaparecido) régimen de Assad, el ejército ruso, los paramilitares iraníes y las milicias kurdas todos involucrados.
¿Qué fuerza comparable podría desempeñar esta función si el ejército estadounidense degradara con éxito y de forma suficiente las redes de los cárteles? Si el gobierno central mexicano no quiere o no puede hacerlo, no existe ningún poder compensatorio que impida la reconstrucción de dichas redes. No hay que buscar muy lejos para encontrar un ejemplo de este fenómeno en acción. De hecho, la historia reciente de México demuestra que degradar y fragmentar las redes de cárteles es fácil; eliminarlas es aparentemente imposible. En los últimos 20 años, los cárteles mexicanos se han fracturado debido a la acción militar mexicana y a las luchas internas, pero el flujo de drogas hacia el norte continúa. En todo caso, la fractura de los cárteles ha acelerado la violencia que acompaña al tráfico de drogas, un peaje de sangre que se ha derramado por la frontera. Dada esta historia reciente, las redadas “selectivas y meditadas” de McCormick serían estratégicamente insignificantes y tendrían un coste político considerable.
En segundo lugar, quienes pregonan estos planes dan por sentado que durante toda la Guerra Global contra el Terrorismo (GWOT), las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) operaron en escenarios en los que el ejército convencional era dominante o en los que los gobiernos anfitriones prestaban su apoyo. Ya fuera en Afganistán, Irak, Siria o África Occidental, a lo largo de la GWOT las unidades SOF se beneficiaron de grandes fuerzas convencionales que proporcionaban una medida de seguridad operativa y, lo que es más importante, de abundantes medios aéreos que proporcionaban una ventaja en las acciones contra unidades hostiles de tamaño comparable. Sin estos facilitadores y el apoyo del país anfitrión (los sucesivos gobiernos mexicanos han rechazado rotundamente la idea de una acción militar norteamericana dentro de sus fronteras) el uso unilateral y subrepticio de unidades SOF se convertiría en un lastre estratégico.
Las consideraciones tácticas agravan las desventajas estratégicas y han pasado desapercibidas para los partidarios de la acción militar en México. La evidente proximidad de México a Estados Unidos oculta el tamaño del país, su accidentado terreno y la extensión del problema de los cárteles. México tiene tres veces el tamaño de Afganistán, pero alberga un terreno similarmente castigado, poblado por personas que poseen una resistencia tradicional al gobierno exterior. Y, al igual que los talibanes, los cárteles gozan, ya sea por coacción o aquiescencia, de diversos niveles de apoyo local. Las dinámicas políticas locales dificultarían y harían muy improbable la generación de inteligencia procesable sin la colaboración del gobierno mexicano. Mientras que los partidarios de la acción militar pueden alardear de la facilidad con la que los operadores SOF podrían “destruir” a los cárteles, descuidan la tarea más difícil de “encontrarlos y arreglarlos”.
Además, incluso un somero vistazo al mapa de la actividad de los cárteles revela que su presencia no es sólo un problema transfronterizo, sino un problema nacional alimentado por el insaciable apetito americano por las drogas. Es poco probable que las redadas de precisión, aunque tengan éxito, tengan un resultado diferente al del gobierno de Felipe Calderón, que mató o capturó a 25 de los 37 principales capos de la droga del país. La propia guerra de México contra los cárteles ha demostrado que acumular victorias tácticas no siempre se traduce en una victoria estratégica.
Por último, los partidarios de la idea de enviar SOF a México ignoran que los cárteles poseen el equipamiento, el tamaño y el entrenamiento de una fuerza asimétrica competente. Aunque el ejército mexicano ha logrado éxitos operativos contra los cárteles en el pasado, esas victorias (fugaces) se produjeron con formaciones de tamaño considerable y superadas en número por miles de efectivos. Por el contrario, las unidades SOF operan en equipos tan pequeños como un escuadrón (12+) y, como mucho, un pelotón (30+). Dada una huella tan ligera, las unidades SOF podrían muy bien verse enfrentadas a elementos de cárteles comparativamente armados que poseen armas tripuladas, sistemas de armas pesadas portátiles y otros medios como drones armados y artefactos explosivos improvisados. El uso unilateral de las SOF entraña el riesgo de ponerlas sobre el terreno en condiciones que podrían dejarlas sobreexpuestas. Un incidente como el de Garra de Águila o la repetición de la batalla de Culiacán, en la que el cártel de Sinaloa reunió a 800 hombres armados contra unas fuerzas de seguridad mexicanas de 350 y forzó su rendición, resultaría políticamente desastroso. La combinación de estos probables problemas tácticos, ya sea el terreno, la escasa información de inteligencia o el riesgo de sobreexposición, plantea importantes obstáculos a la idea de que las incursiones selectivas de las SOF contra los cárteles podrían mitigar los problemas que crean.
Aunque no cabe duda de que los cárteles son organizaciones viciosas y depravadas, principales responsables de la producción del fentanilo que ha matado a miles de estadounidenses, las propuestas de utilizar la fuerza militar dentro de México entrañarían riesgos significativos y, al mismo tiempo, contribuirían muy poco a resolver el problema. Una acción militar unilateral dentro de México casi con toda seguridad destrozaría las relaciones bilaterales en un momento en el que la próxima administración Trump intenta abordar la crisis de los migrantes y el aumento de la implicación de China en el hemisferio occidental. Mientras tanto, hay pocas garantías de éxito estratégico al dirigir unidades SOF para atacar y degradar las redes de cárteles. Los defensores de este tipo de planes dan por sentado que este tipo de operaciones durante la GWOT se llevaron a cabo dentro de la huella de grandes fuerzas convencionales, facilitadores que estarían ausentes en una acción militar unilateral.
Además, los cárteles han demostrado ser muy resistentes a la degradación de la red. Los partidarios de la acción militar estadounidense no han explicado cómo prevén alcanzar el éxito estratégico allí donde el gobierno mexicano ha tenido dificultades. Por último, el envío de pequeñas unidades SOF a México presentaría un riesgo táctico significativo. Las dificultades para recabar información de inteligencia, un terreno vasto y brutal y unas fuerzas de los cárteles competentemente armadas y entrenadas suponen un riesgo considerable de sobreexposición. No hay soluciones fáciles para la crisis del fentanilo en Estados Unidos y la violencia criminal que la acompaña. Pero los responsables políticos deben sopesar las soluciones que proponen frente a sus posibles costes, no sea que resulten peores que la lacra que pretenden curar.
1Investigador de Política Exterior e historiador en el Instituto Cato y doctor en Historia por la Universidad George Mason.
*Este artículo fue publicado en elcato.org el 02 de enero de 2025
