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Ahora que dejamos atrás octubre, podemos concluir que se dio una mutación en la tradicional conflictología de ese mes en Bolivia: pasamos de la guerra territorial (carreteras) a la judicial. Y, al decir de Hiram Johnson, “en toda guerra la primera víctima es la verdad”.
El arzobispo cruceño, monseñor René Leigue, lo dijo de otra forma en su homilía del domingo pasado, cuando señaló que “en medio de este ambiente que vivimos, donde se escuchan tantas cosas, al final uno no sabe si es cierto o no”.
Todo comenzó meses antes, con la estrategia del caso Cerimedo, artillería aérea o mediática diseñada para acompañar en el plano narrativo a las movilizaciones que se organizaban de cara a octubre, con un claro propósito destituyente.
Ya sea que las acusaciones en ese caso fuesen inventadas, reales o medias verdades, lo cierto es que los desvisados emitidos por Estados Unidos cambiaron radicalmente el juego, poniendo a la defensiva a los alfiles judiciales del “factor Beller”. Esto tuvo una repercusión evidente, desactivando los aprestos evistas para la ofensiva territorial.
Con un nuevo fiscal general designado en forma exprés por el Legislativo, comenzó una purga anticorrupción en el Ministerio Público y en el Órgano Judicial, que aún no tiene visos de terminar. Y si bien el nuevo fiscal general cuenta con una trayectoria encomiable de acuerdo a sus colegas del derecho agrario, cabe remarcar que los mecanismos de la “dedocracia” imperantes en su repartición del Estado siguen sin cambios.
De ahí que en el título hagamos referencia a la importancia de pasar de la purga a la reforma del sistema judicial, tanto con enmiendas legales como constitucionales. Por ejemplo, un cambio en la Ley 260 habría permitido que las Asambleas Legislativas Departamentales participaran en la selección, meritocrática y por 2/3, de los fiscales departamentales. Esto deberá ser tenido en cuenta para un futuro cercano.
Ir de la purga a la reforma significa pasar de la mera sustitución de personas a una transformación en los mecanismos institucionales, volviendo a poner el norte en la independencia de la justicia.
Esto requiere, por supuesto, de acuerdos entre los sectores parlamentarios no ligados al “antiguo régimen”, que hacen una amplia mayoría, frente a la minoría representada por AP, el MAS y la facción “larista” del PDC.
Sin embargo, la visión de Estado no ha sido lo predominante en las relaciones entre el oficialismo y la oposición de centro-derecha, sin que se puedan cargar todas las responsabilidades en un solo grupo. Esa fragmentación debilita la gobernabilidad y debería ser resuelta, retomando el diálogo que llevó a un promisorio encuentro en Cochabamba previo a los 53 días de bloqueos, conflicto que tenía entre sus varios objetivos, precisamente, interrumpir ese proceso de concertación democrática.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo



