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Estuvo siete días en Bolivia para evaluar la justicia escuchando y dialogando con unos y otros. Cumplió su cometido y se fue con un retrato completo de la crisis judicial. Experimentado político, exministro y excanciller, sabe cómo encarar temas sensibles manteniendo equidistancias, sobre todo en escenarios de alta polarización.
Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia judicial, recogió valiosa información cuantitativa y cualitativa, y usó el lenguaje diplomático para enviar un mensaje a unos y otros: la justicia boliviana está en un pozo oscuro y depende de todos encarar un proceso de verdadera transformación.
“… ustedes depositaron su confianza en mí durante esta visita (…). Yo ahora, deposito mi confianza en ustedes para llevar adelante la tarea”. Es la frase con la que finaliza su informe preliminar que contiene una docena de constataciones y sugerencias que, según él, pueden contribuir a la construcción de un renovado sistema de administración de justicia.
La tarea a la que se refiere el Relator, por supuesto que supone responsabilidades de distinta dimensión para las partes. El mayor peso estará sobre las espaldas del gobierno de Luis Arce, pero las oposiciones políticas, los juristas independientes, las organizaciones de derechos humanos y los colectivos ciudadanos, entre otros, también tendrán su cuota parte.
“El Relator no vino a dar lecciones ni a dar soluciones mágicas”, se lee en su documento de observaciones preliminares que pinta de cuerpo entero y con datos actualizados al 2021 la crisis terminal de la justicia boliviana. Bien podrían ser los ejes estratégicos para enfrentar el desafío de acercar la justicia a la gente.
El documento señala, por ejemplo, que entre el 2013 y 2021 se registraron 869 feminicidios y que solo el 31% de los casos obtuvo sentencias; no se aplica la justicia indígena; hay un exceso en la prisión preventiva al extremo de que 7 de cada 10 privados de libertad son detenidos preventivos; apenas existen 1.095 jueces y 54 defensores públicos para una población nacional que bordea los 12 millones de personas.
Afirma que no hay carrera judicial; el presupuesto asignado al sector de justicia es un mísero 0,5% del total nacional; no existen fiscales suficientes ni especializados y la justicia es vehículo para la persecución política y la violación de derechos humanos, por lo que acompañó la firma de un protocolo de observación de casos judiciales entre el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y el Ministerio de Justicia.
En cuanto al tema medular de la selección de candidatos y elección popular de magistrados, García-Sayán, siempre con diplomacia, sostuvo que “conviene revisar y perfeccionar algunos de estos procesos de cara a contar con un sistema judicial independiente y en el que los criterios de selección sean estrictamente meritocráticos”.
Si bien hubo reacciones de escepticismo de actores partidarios y de juristas bolivianos sobre una supuesta tibieza del informe preliminar o las condiciones para forjar un “gran acuerdo nacional por la justicia”, lo menos que se espera de quienes mostraron sus susceptibilidades es que no dejen pasar la oportunidad reformadora, por mínima que sea.
El gran déficit, en mi criterio, fue la ambigüedad expresada en torno a la situación de la expresidenta Jeanine Áñez, aunque aún queda la esperanza de que la representación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Bolivia sea punta de lanza de la presión internacional, que se ha mantenido enmudecida en este tiempo, hasta conseguir la liberación de la exmandataria.
Con la astucia política y diplomática, García-Sayán fijó tres hitos que pueden marcar la hoja de ruta de un proceso de transformación, al menos en su primera parte: la Cumbre de Justicia prevista para el próximo mes, el informe final que presentará en cuatro meses y la tercera elección de magistrados mediante voto popular, en el segundo semestre del próximo año.
No es difícil prever que el informe final del Relator, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de este año, será una suerte de termómetro. Será alentador si la Cumbre de justicia deja de ser un espacio sectario y, por el contrario, emite señales inequívocas de apertura gubernamental y de voluntad política de unos y otros.
A no olvidar la frase de cierre de su informe preliminar: “Yo ahora, deposito mi confianza en ustedes para llevar adelante la tarea”. En la década de los 80 los criticados partidos de la época neoliberal lograron ponerse de acuerdo y le dieron al país, por ejemplo, una Corte Nacional Electoral intachable después del descalabro.
Hoy los eventuales acuerdos por la transformación de la justicia deben ser hilvanados más allá de las organizaciones políticas y para ello se necesitan personas con probada capacidad para tejerlos escuchando, dialogando, incluyendo, promoviendo, pensando en que un nuevo fracaso arrastrará esta vez a todos los encargados de llevar adelante la tarea.
