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Es difícil, muy difícil, presenciar impasiblemente la canallada del régimen masista en contra de Santa Cruz y de Bolivia toda. Los verdaderamente demócratas aún no salimos del asombro ante tanta prepotencia enfermiza, constatamos la inmutable bajeza con la que actúa el gobierno de Arce: menospreciando a la cruceñidad, implementando el vandalismo oficialista y falseando sin desparpajo los hechos. Claramente están ejecutando una vendetta, un ajuste de cuentas de la mafia del Chapare, para resarcirse de la derrota que le asestó la heroica lucha del pueblo boliviano en defensa de la democracia en 2019.
Jamás hemos contemplado en nuestra joven democracia la organización desde el Estado de grupos civiles para conducirlos a la confrontación violenta; equipar a pandillas de delincuentes para cercar ciudades con la sombría intención de castigar la protesta ciudadana. Descaradamente los ministros movilizan desde sus despachos a funcionarios bajo su mando y empleando recursos públicos, emprenden marchas de supuestos campesinos o mineros, encabezados por escuderos azules —casualmente el color que identifica al MAS—. No les importa ser identificados, todo lo contrario, presumen de su bandolerismo, es el precio exigido para garantizar su permanencia en la ampulosa burocracia estatal.
Caminan a sus anchas, protegidos por la inmunidad que les otorga su actual poder —sin saber lo efímero que llega a ser—, operando con sistémica prepotencia. Manejan desvergonzadamente a la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado para proteger a los marchistas o bloqueadores contratados. Los efectivos policiales trasladados por miles desde diferentes ciudades, cuidan a los que ejecutan el acto delictivo y reprimen a los pobladores cercados. Tampoco les importa dejar sin protección a las ciudades que abandonan, despejando el camino a la delincuencia.
Manipulan la justicia para perseguir, amedrentar y anular a la oposición. Quieren imponer terror en la población y organizaciones cívicas que reclaman la realización del censo de población. Toda la maquinaria se pone en funcionamiento para edificar un verdadero Estado Terrorista.
Es difícil, muy difícil, confiar en la palabra o el compromiso gubernamental, que rompen con demasiada y preocupante facilidad. Si logran arribar a un convenio para realizar el censo de población en una fecha de consenso: ¿Quién garantiza que el presidente cumplirá? Los ministros y esporádicos voceros oficiales se contradicen y son sustituidos por otros intermediadores fungibles. ¿Para que sirvió aprobar una nueva Constitución o nuevas leyes, si estas iban a ser desechadas por táctica?
Los azulinos no están demostrando una gran habilidad para ejercer el poder, lo que buscan es normalizar el cinismo político, la mentira como herramienta del ejercicio gubernamental y la violencia como mecanismo estatal de deslegitimación y aniquilación del adversario. Hacen de la picardía y la vulgaridad un estilo de trabajo, un sello de tipificación partidario.
En este despropósito, el presidente Arce difunde el relato de un golpe de Estado, ¡otra vez el golpe de la derecha neoliberal! No se inmuta por faltar a la verdad e inventar incansablemente que la exigencia del Censo en 2023, es “para desestabilizar” al gobierno y derrocarlo. Este recurrente mensaje tiene un doble propósito, proporcionar un mandato movilizador a sus empleados y electores cautivos; y denunciar a la comunidad internacional que el autodenominado “proceso de cambio” está siendo agredido.
¿Porqué al MAS no le interesa una democracia con diálogo y acuerdos? No buscan el bienestar común del país, sólo les interesa imponerse, el único lenguaje que conocen es el de la confrontación. Por ello es muy importante que comprendamos que: ¡únicamente movilizados lograremos romper el cerco y la testarudez masista! El atropello del gobierno no nos deja otra opción. Hay que lograr un censo de población que transparente la realidad en que vivimos y desmontar las trampas y mitos hábilmente construidos por el oficialismo.
