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El gobierno de Evo Morales debe responder por la frustrada demanda contra Chile, en busca del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. El 23 de marzo de 2011, Evo Morales anunció que había tomado la decisión de llevar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, “cansado de esperar” una solución amistosa por parte del gobierno de La Moneda. Fue una de las decisiones más temerarias porque era la primera vez que se utilizaba la vía judicial, y al parecer sin medir los riesgos que representaba esa decisión.
La presidenta Michell Bachelet propuso avanzar en una agenda, sin exclusiones, que se oficializó el 25 de noviembre de 2006 en Santiago con 13 puntos: 1) Desarrollo de la Confianza Mutua. 2) Integración Fronteriza. 3) Libre Tránsito. 4) Integración Física. 5) Complementación Económico. 6) Tema Marítimo. 7) Sílala y Recursos Hídricos. 8) Instrumentos de lucha contra la Pobreza. 9) Seguridad y Defensa. 10) Cooperación para el Control y Tráfico Ilícito de Drogas y Productos Químicos Esenciales y Precursores. 11) Educación, Ciencia y Tecnología. 12) Culturas. 13) Otros Temas. Se hizo énfasis en que “ambas delegaciones intercambiaron criterios sobre el tema marítimo y coincidieron en la importancia de continuar este dialogo de manera constructiva”.
El 24 de abril de 2013, Evo Morales sostiene que “Chile se ha comprometido… a través de acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones de sus más altos representantes, a negociar una salida soberana al mar para Bolivia”. La demanda boliviana se fundaba en la teoría de los actos unilaterales que, bajo ciertos supuestos y especificidades, podían alcanzar efectos jurídicos. Sin embargo, lo que no se conocía era que esta teoría figuraba sólo a nivel de proyecto de convención, según el Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.
La demanda no pedía que la Corte Internacional declare que Bolivia tenía un derecho de acceso soberano, sino que se negocie ese acceso soberano, que no es lo mismo. La necesidad de concretar nuestra legítima aspiración marítima, había obligado a Evo Morales a girar 180 grados, y tener que buscar a los expresidentes y ex cancilleres “vendepatrias, traidores y ladrones neoliberales”, y subirlos al carro que buscaba resolver este centenario problema nacional. Bolivia tenía todo listo para el escenario pos-La Haya, que incluía una buena cuota de ilusión, festejos, arengas, pero sobre todo el oficialismo buscaba capitalizar la acción jurídica en favor de la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera.
La Corte Internacional sostiene que ninguno de los instrumentos invocados establece una obligación de Chile de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. A tiempo de desmenuzar casi quirúrgicamente cada uno de los argumentos bolivianos, la máxima instancia jurisdiccional internacional concluyó que tales “actos unilaterales” no constituían acuerdos propiamente bilaterales, y que Chile jamás manifestó su consentimiento expreso a los propósitos bolivianos de un acceso soberano al mar.
El 1 de octubre de 2018, la Corte reconoce que Bolivia y Chile tienen una larga historia de diálogo, intercambios y negociaciones encaminadas a identificar una solución adecuada a la situación boliviana sin salida al mar después de la Guerra del Pacífico y el Tratado de Paz de 1904. Sin embargo, el Tribunal concluye que Chile no tiene “la obligación de negociar con Bolivia para llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso totalmente soberano al Océano Pacífico”.
El fallo significó un duro revés para nuestra legítima e histórica aspiración de retornar a las costas del Pacífico, e impactó en los sentimientos más profundos y constituye además una verdadera frustración para el pueblo boliviano que la historia en su momento se encargará de juzgar. Sin embargo, Evo Morales no dio ninguna explicación sobre el fallo, menos asumió su responsabilidad histórica de haber demandado a Chile ante la Corte Internacional de la Haya, con base además en una teoría que aún no ha sido reconocida jurídicamente en el Derecho Internacional, pero igual ha cerrado el caso y generado “cosa juzgada internacional” en favor de Chile.
