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Max Mendoza Parra se escondió en un video de 11 minutos rodeado de matones disfrazados de dirigentes universitarios, intentó desviar las denuncias en su contra con aparentes irregularidades de sus detractores, se escudó en la autonomía universitaria para tratar de eludir la acción de la Fiscalía y, lo más grave, instruyó sabotear por segunda vez el congreso de universidades que debe definir su suerte.
Se muestra arrogante, pero es la manera de expresar su cobardía. Le aterran las preguntas directas y frontales sobre sus 33 años de estudiante y décadas de dirigente en las que cometió delitos, no solamente faltas universitarias. Aparecer en un video, pero sin dar la cara sobre la avalancha de denuncias conocidas después de la avalancha humana que mató a cuatro universitarias en la Tomás Frías de Potosí es una cobardía.
Resulta cómodo para el universitario de 52 años no responder por qué nunca terminó dos carreras en más de 30 años, por qué tiene cero de nota en más de 100 materias, por qué abandonó 155 asignaturas de las 232 que tomó desde 1990, por qué gana un sueldo superior al que perciben docentes y rectores, por qué se prorrogó en la Presidencia de la Confederación Universitaria Boliviana, por qué pretendía jubilarse como estudiante…
En lugar de contestar preguntas que se hace el país, ya no solamente los medios de comunicación, ocupó gran parte de los 11 minutos de la grabación en tratar de descalificar a quienes denunciaron sus relaciones políticas, sus negocios lucrativos en las universidades, sus violaciones a las normas universitarias para encaramarse en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y sus casos de acoso sexual y laboral.
Usará la lucha universitaria por la autonomía como escudo para evitar las investigaciones que ya debería estar realizando el Ministerio Público, agrupando o procesando por separado las cuatro denuncias penales presentadas por diputados, docentes y estudiantes. “Tenemos las instancias para descargar y estamos tranquilos…”, dijo con cinismo el dirigente que por casi cuatro años percibió un sueldo mensual de 21.870 bolivianos, realizó viajes al exterior con jugosos viáticos y firmó contratos sin tener ninguna competencia para hacerlo.
Pero, la mayor cobardía de Max Mendoza y su organización es sabotear por segunda vez la reinstalación del décimo tercer congreso de universidades suspendido en 2018, circunstancia que le permitió ganar un sueldazo y tener privilegios millonarios. La suspensión fue decretada por un mes y se extendió por cuatro años, desde 2018, tiempo bien aprovechado por los dinosaurios y exautoridades universitarias.
El primer acto de sabotaje le costó la vida a cuatro jóvenes universitarias con la gasificación y la estampida de personas en el coliseo de la universidad Tomás Frías de Potosí, anfitriona del congreso interrumpido hace un lustro, un atentado planificado con la compra de una granada de gas que fue activada en la asamblea estudiantil que debía aprobar las reglas para la elección de una nueva Federación Universitaria Local.
Mendoza sabe que sin la asistencia del estamento estudiantil al congreso previsto para el 23 de mayo en Potosí es casi improbable la realización del encuentro de las 11 entidades académicas públicas que conforman el sistema universitario del país y, por tanto, la instancia en la que debería rendir cuentas por sus fechorías quedará neutralizada.
Es cobarde bloquear con una resolución supuestamente aprobada por 10 Federaciones Universitarias Locales la realización del congreso en la fecha prevista, pedir su postergación inicialmente por un mes y pretender que el evento se reanude en la sede de la universidad de la que Mendoza es alumno por 33 años.
La Fiscalía debe actuar rápido. Su demora puede darle la opción al dinosaurio Mendoza y a otros dirigentes dinosaurios a huir y no responder sobre los delitos que han cometido amparados en la autonomía universitaria.
