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La organización World Justice Project (WJP), identificó a Bolivia como el país más corrupto de la región y el segundo en el mundo. A tiempo de buscar descalificar ese informe la ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó que se “ha avanzado en muchos temas en materia de corrupción” y que el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, “se encuentra tramitando más de 900 causas de corrupción”.
Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) se han encargado de enarbolar la lucha contra la corrupción. Evo Morales decía que el MAS era la reserva moral de la humanidad. Se propusieron como objetivo fundamental: “cero tolerancia a la corrupción” (DS 0214 de 22 de julio de 2009). La idea central era luchar contra la impunidad y promover la plena transparencia en la gestión pública y la vigencia efectiva de mecanismos de control social en el Estado.
Evo Morales el 7 de febrero de 2009 creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. La Ley Nº 004 del 31 de marzo de 2010 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), establece los “mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, Leyes, Tratados Internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción…” El objetivo era facilitar a las instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales, los instrumentos necesarios para desarrollar en Bolivia una cultura de transparencia y erradicar la corrupción.
Más tarde mediante resolución ministerial N° 002/2017 de 11 de septiembre, aprobaron el “Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2017-2022”. Sin embargo, aún cuando se haya generado la normativa y los esfuerzos del caso, el objetivo de esta política no se ha conseguido ni se conseguirá en el gobierno de Luis Arce. Los hechos ilícitos suman y siguen y la corrupción parece haberse institucionalizado. Que el presidente Luis Arce haya obsequiado (prebenda pura y dura), vehículos robados, no se había visto nunca.
La política anticorrupción no sólo que no ha tenido los avances y progresos que se habían propuestos los gobiernos del MAS, sino que ha aumentado exponencialmente y cada vez las prácticas corruptas hacen metástasis en las reparticiones del Estado y contaminan a la empresa privada. En ambos gobiernos la magnitud de la corrupción, arbitrariedad, impostura, despilfarro, delitos y abusos de poder se hacen más que evidentes.
El fracaso de esta lucha se debe, entre otras cosas, a la concentración del poder en el Órgano Ejecutivo y consiguiente debilitamiento y hasta cierta complicidad de las instituciones del Estado (Órgano Judicial, Contraloría General del Estado, Ministerio Público, Defensor del Pueblo, etc.). La concentración del poder enceguece y enferma y, con inusitada frecuencia, “corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
El gobierno también hace de juez y parte, y restringe la libertad de expresión, e información, que son imprescindibles para materializar la transparencia, y denunciar los hechos de corrupción. El extinto Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, debió transformarse en una especie de “Superintendencia Contra la Corrupción”, con autonomía funcional, administrativa y operativa. Y dotarse de personal altamente calificado, íntegro y honesto, donde al ciudadano no sólo se le garantice denunciar, sino también sancionar a los malos funcionarios públicos o privados que cometan actos ilícitos.
Llama la atención que el gobierno nacional, igualmente, no haya puesto el acento en la educación para cambiar los “patrones culturales que se encuentran en la mentalidad y en el comportamiento de las personas”. La educación siempre brinda las oportunidades para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida, basado en los valores de libertad, honestidad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.
La lucha contra la corrupción y sus efectos perversos es una lucha política, donde el éxito o fracaso dependerá de la convicción del gobernante. El nuevo gobierno tiene no solo que desmontar todas las estructuras mafiosas que han secuestrado al Estado, sino también tiene que tener el capital humano y la firme voluntad política para luchar efectivamente contra la pobreza y la criminalidad en general.
